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Justicia hará un mapa del creciente escándalo de los bebés robados

El Periódico de Extremadura, 04/03/2012 | 6 marzo 2012

Dice que censará los casos y que creará un grupo de trabajo interministerial

 

Los afectados exigen al Ejecutivo que demuestre su interés “en la práctica”. Dice que censará los casos y que creará un grupo de trabajo interministerial

PATRICIA MARTIN

El ansia de miles de familias por conocer el paradero de sus hijos, presuntamente fallecidos entre 1940 y 1990, crece cada día. Un año después de que las supuestas tramas de robo de bebés saltaran a la luz, las denuncias, lejos de enfriarse, siguen aumentado. Se han interpuesto unos 2.000 pleitos y la exhumación de varias tumbas vacías demuestra que las sospechas eran ciertas y diversas organizaciones sin escrúpulos se dedicaban al robo de recién nacidos para entregárselos a otras familias a cambio de dinero. Sin embargo, todavía no hay imputados y se cuentan con los dedos de las manos los médicos o monjas llamados a declarar. El nuevo secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, en una entrevista con EL PERIODICO –la primera que concede a un medio de comunicación nacional sobre este asunto–, reconoce que el “problema es importante y creciente”. Para conocer sus dimensiones, ya ha encargado una relación del número exacto de denuncias.

Román ha mantenido ya el primer encuentro con las asociaciones de afectados y pretende formar un grupo de trabajo en el que participen los damnificados, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria general de Sanidad, aparte de él y su equipo, con el fin de mejorar la respuesta que desde las diferentes administraciones se ha ofrecido a las familias, que denuncian un trato desigual y frustrante tanto en los juzgados como en los archivos.

Román ha mantenido además un encuentro con el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, quien el viernes anunció que nombrará un fiscal que coordine las causas “para que pueda haber una cabeza visible que dé respuesta”, manifestó. Sin embargo, el secretario de Estado de Justicia se muestra muy franco sobre las escasas posibilidades que tiene la vía penal. “Se lo he trasladado ya a las familias porque no vamos a engañar a nadie –explica–. En la vía penal es muy difícil encontrar una respuesta”. El portavoz de Justicia argumenta que aplicar al robo de niños el delito de detención ilegal, para evitar que el supuesto haya prescrito, es “forzado”. Al mismo tiempo, para que el juez proceda a investigar, es necesario, opina, que los hijos “denuncien” a sus padres adoptivos, lo que provoca un “choque violento con consecuencias penales en el ámbito familiar”.

El secretario de Estado ha encargado, no obstante, una relación del número exacto de denuncias, para saber, si es posible, contra qué hospitales, médicos o personal eclesiástico se querellan fundamentalmente, y así tener un mapa con la dimensión del problema, que sirva también a policía y jueces en sus investigaciones. Asimismo ha encargado a la Agencia de Protección de Datos un informe para conocer las limitaciones legales, dado que los documentos que normalmente solicitan los afectados –informes médicos, partidas de nacimiento y defunción– están protegidos. Por último, va a estudiar las posibilidades de incorporar a la base de datos de ADN perfiles procedentes de los damnificados, si bien primero hay que analizar si los laboratorios privados cumplen los mismos estándares de calidad que el Instituto Toxicológico. “En lugar de correr, queremos avanzar de forma segura para garantizar los derechos de todos”, sostiene. Durante la entrevista recuerda varias veces que los recursos son limitados. Por eso apuesta por formar convenientemente sobre el caso al personal de las oficinas de atención a las víctimas existentes.

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