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La larga y abnegada batalla por la memoria histórica

Enric Llopis. Rebelión, | 15 marzo 2012

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica cifra en 1.275 las víctimas por la represión franquista en la provincia de Castellón

 

 

Pocas batallas hay tan duras y abnegadas como las de las asociaciones que trabajan en la reparación de la memoria histórica. A golpe de esfuerzo altruista y sin apenas apoyo institucional, cada pequeña victoria requiere fajarse durante años. Es la lucha, en total desequilibrio de fuerzas, contra los elementos de una superestructura institucional heredera del franquismo. Sin ir más lejos, el gobierno de Rajoy acaba de suprimir, en el Consejo de Ministros del 2 de marzo, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Un mazazo más del que pronto habrá que sobreponerse para continuar reivindicando la memoria de las víctimas.

Una de las numerosas asociaciones empeñadas en que la represión franquista no quede en el olvido es el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. Nacida de manera casi espontánea en2004, apartir de una charla en la Biblioteca Rafalafena de la capital de la Plana, la asociación exhibe como seña de identidad la mezcla generacional (cuenta con socios cuyas edades oscilan entre los 30 y los 80 años). Con apenas 20 miembros activos en el grupo, llevan ocho años desarrollando una intensa tarea investigadora, divulgativa y política sobre la memoria de los vencidos.

No lo tienen nada fácil. Centralizan su actividad y celebran las reuniones en el Casal Popular de Castelló. En esta ciudad, donde el PP ocupa la alcaldía desde hace 20 años, el Ayuntamiento no hace la menor concesión a las iniciativas que pretenden honrar a las víctimas. Por ejemplo, retirar la medalla de oro de la ciudad asignadas en su día a Franco, Herrero Tejedor (secretario general del Movimiento), Pilar Primo de Rivera y al general franquista Miguel Abriat. Serrano Súñer –cuñado de Franco y seis veces ministro durante la dictadura- cuenta todavía con los títulos de hijo adoptivo y alcalde perpetuo de Castellón.

Lo mismo sucede con las calles, plazas y avenidas dedicadas a prohombres de la dictadura franquista. Además, el Ayuntamiento de Castellón -donde el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, desempeñó el cargo de alcalde entre 2005 y julio de 2011- se negó a prestar un local al Grup per la Recerca de la Memòria Històrica para que pudiera exponer la colección fotográfica “Castelló sota les bombes”. “Se trata de una permanente lucha contracorriente, una carrera llena de obstáculos institucionales”, resume Maribel Peris, miembro de la asociación. La charla que dio origen al grupo en 2004 fue, realmente, la primera vez que de manera pública y abierta se hablaba de la represión franquista en Castellón.

Un trabajo concienzudo y sobre el terreno de años ha permitido localizar 300 expedientes penitenciarios, 500 de responsabilidades políticas y otros 600 de consejos sumarísimos. Han sido horas y horas de investigación exhaustiva en el Archivo Histórico Provincial de Castelló (donde se hallan los expedientes de responsabilidades políticas); en el archivo de la Subdelegación de Defensa (que alberga los expedientes de los consejos de guerra, aunque ahora pueden ya consultarse en la Universitat Jaume I); los de la prisión de Castellón y el del Hospital Provincial. También se ha trabajado, fuera de la provincia, en los archivos de Salamanca y Guadalajara.

Pero la investigación se enfrenta con “grandes dificultades”, admite Maribel Peris, “aunque es cierto que la cosa ha mejorado en comparación con hace una década”. “En muchos casos no hay el menor rastro sobre las víctimas; no es posible encontrar documentación; por ejemplo, buscamos un expediente de defunción y no está; la cosa es más sencilla si la víctima ha estado en prisión, si se le ha incoado un expediente de responsabilidades políticas o se le ha sometido a consejo de guerra; hace una década también nos topábamos con una gran hostilidad por parte del funcionariado, aunque esto también ha ido cambiando”, explica esta miembro de la asociación.

El Grup per la Recerca cifra en 1.275 las víctimas de la represión franquista en la provincia de Castellón entre 1936 y 1954: fusilados, ejecutados extrajudicialmente, muertos en prisiones, centros de detención u hospitales, o por la represión contra los maquis y sus colaboradores. Pocos días después de la sublevación militar, en 1936, ya se inicia la ejecución de militares fieles a la República, milicianos y afiliados a sindicatos y partidos de izquierda. La represión se cebó con la clase trabajadora: más de la mitad de las víctimas se dedicaban al sector primario de la economía, sobre todo labradores y jornaleros.

Juan Luis Porcar, historiador y miembro del Grup per la Recerca, detalla que en los municipios de Castellón donde las colectivizaciones agrarias fueron más intensas, en parte por la fuerza de la CNT, la represión destacó por su violencia. Esto puede constatarse en pueblos como Almassora o L’Alcora, de dimensiones notables para la época (entre 8.000 y 10.000 habitantes). También en 1947-1948, con la coartada de reprimir a los maquis que resistían en la montaña, el franquismo se cebó con campesinos que nada tenían que ver con la cuestión. Pero la crueldad y la barbarie no pararon en este punto, explica Juan Luis Porcar. “A la isla de San Simón, en Pontevedra, se llevaban a personas mayores o con salud precaria, para que las condiciones meteorológicas acabaran de socavarlas; muchas no sobrevivían; era esta otra forma de represión”.

Junto a esta paciente labor de investigación y trabajo de archivo, con el fin de que aflore la verdad de los hechos, la asociación de apoyo a la memoria realiza otros trabajos eminentemente prácticos, como el asesoramiento y atención a familiares de las víctimas. Esta tarea incluye facilitar copias de expedientes, asesoramiento jurídico, información sobre ayudas económicas y posibilidades de reparación moral previstas en la Ley de Memoria Histórica, orientación para abrir una investigación, consultas en el banco de datos de la asociación o apoyo para localizar a un familiar, entre otras.

Al final, “se trata de investigar y reparar la verdad sobre el bando de los perdedores, que quedó sepultada durante los pactos de la transición; ha tenido que pasar el tiempo para que, en un manto de silencio y miedo, se empiece a asumir que no se hizo justicia; no se depuró a los implicados en asesinatos durante el franquismo ni a los cargos políticos ni de la judicatura; todos se han mantenido en sus puestos de responsabilidad, y esto supone una humillación y una segunda condena para las víctimas, tras los años de exilio, cárcel y silencio”, resalta Maribel Peris.

¿Ha supuesto algún avance la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el mandato del PSOE? “Se queda muy corta”, responde Maribel Peris. “De entrada porque no anula los actos jurídicos de la dictadura, por ejemplo, los consejos sumarísimos”, que sólo considera ilegítimos”; en la ley figura, asimismo, una “reparación moral” pero esto no supone “entrar en el fondo de la cuestión, como sí se hizo en Argentina o Alemania”. “Lo deseable habría sido una Comisión de la Verdad que, impulsada por el estado y con recursos públicos, investigara qué pasó (verdad), quién fue el responsable (justicia) y dónde están las víctimas (represión)”.

Pero ello no obsta para que los miembros de la asociación continúen en el empeño. Con la publicación de libros y material sobre la represión franquista en la provincia de Castellón: “Castelló sota les bombes”; “La memoria de las víctimas”, de Juan Luis Porcar; “La Batalla de Viver” (obra de Ramón Juan, otro miembro de la asociación); “Històries de Vida al Castelló de la guerra i la Posguerra” (de Maribel Peris, a partir de entrevistas e historia oral) y la edición del libro del congreso sobre “Cultura y Exilio”, editado por la Universitat Jaume I (UJI) con la colaboración del Grup per la Recerca.

Y también mediante la celebración de conferencias, homenajes, y dos exposiciones itinerantes (una fotográfica: “Castelló sota les bombes”; y otra sobre la represión en Castellón y los pueblos de la provincia, a partir de casos personales de las víctimas); actos en institutos de enseñanza en los que se aportan testimonios directos de la represión; proyectos de restauración del patrimonio (refugios o trincheras, entre otros) e iniciativas para la retirada de la simbología franquista, para las que a menudo se contacta con partidos políticos. Y, sobre todo, con mucho esfuerzo, convicción y militancia, virtudes que también albergaban muchas de las personas represaliadas por la dictadura franquista.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146406