Brasil: La Comisión de la Verdad, papel mojado después de su aprobación
TodavÃa no se ha nombrado a la comisión que investigará la dictadura militar
Germán Aranda | Rio de Janeiro Cinco meses después de ser promulgada
Cinco meses después de su aprobación, la Comisión de la Verdad, equivalente a la ley la memoria histórica aprobada en noviembre en Brasil, no ha surtido efecto ninguno. El Ejecutivo debe nombrar todavÃa a los encargados de investigar y esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura militar que tuvo lugar en el paÃs entre los años 1964 y 1985, pese a que sigue vigente la ley de amnistÃa aprobada en 1979 y dichas investigaciones no tendrÃan repercusiones judiciales. Cuando la ley fue aprobada, la ONU pidió expresamente a Brasil que derogara la ley de amnistÃa.
Pese a que la amnistÃa condiciona el alcance de la Comisión, ni asà han salido a la luz nombres de culpables de tortura desde que fue aprobada la ley. Ni siquiera los miembros que van a integrar esa comisión están todavÃa decididos. «El gobierno de Dilma no consigue indicar esos nombres por culpa de la presión y el poder que heredan del pasado los militares», asevera en un encuentro con prensa internacional el diputado federal en el congreso Chico Alencar (del opositor PSOL), miembro de la subcomisión de Memoria, Verdad y Justicia de la cámara baja, que complementa de manera independiente y fiscaliza el trabajo de la Comisión de la Verdad en el Ejecutivo.
Preguntado por si cree que el gobierno podrÃa haber señalado ya algunos de los culpables de crÃmenes de estado durante la dictadura militar, Alencar lo afirma enérgicamente, «tienen esos nombres pero no los publican por presión», y hace incluso ademán de pronunciarlos, dando a entender que es vox pópuli quiénes fueron los torturadores y criminales. «Lo bueno de todo esto es que los jóvenes que no vivieron el golpe se están empezando a interesar por lo que sucedio», se conforma Alencar.
Las quejas de Alencar son más o menos las mismas que expresó Human Rights Watch en su informe de 2011, publicado a inicios de este año: «Ha habido pocos progresos en el enjuiciamento de los responsables de atrocidades y ningún funcionario ha sido acusado formalmente», denunciaba la influyente ONG, que recordaba que «los gobernantes tienen la obligación de proveer de justicia, verdad y reparaciones a quienes fueron vÃctimas de abusos», asà como recordaba que el poder militar de los años 64 al 85 fue responsable de «violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tales como asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura o detenciones arbitrarias o atentados contra la libertad de expresión». «La ley de amnistÃa de 1979 es incompatible con las obligaciones de Brasil», advierte el informe.
La misma ONG, eso sÃ, calificó en marzo como «hecho histórico» la decisión de procesar al coronel Sebastião Curió, primer militar denunciado por su presunta implicación en cinco desapariciones durante la dictadura militar. Esa acción, sin embargo, fue llevada a cabo por el Ministerio Público Federal, que consideró que el delito sigue vigente puesto que los cuerpos no han sido todavÃa encontrados, y no ha pasado todavÃa por una Comisión de la Verdad que no ha salido del papel y ni siquiera tiene nombrados sus miembros.
