La no eliminación de esos símbolos de nuestro pasado totalitario retrata, año a año, a quienes los siguen manteniendo

POR ANDONI ESPARZA LEIBAR РMi̩rcoles, 4 de Abril de 2012

ASEGURAN algunos militares profesionales que el objeto mejor camuflado es aquel que todos ven, aunque sin percatarse de su verdadera naturaleza.

Estamos ahora en pleno proceso de desguace de ETA y su entorno. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Durante más de tres décadas de democracia, la organización trató de imponerse a la voluntad popular, asesinando a cientos de personas. Como consecuencia de ello, muchos de sus miembros han cumplido largas condenas y a los que aún siguen en prisión se les pide, para obtener beneficios penitenciarios, que se arrepientan de sus actos, reconozcan el daño causado e intenten resarcir a sus víctimas. Son unas exigencias lógicas, necesarias para avanzar hacia la paz y la reconciliación.

Pero nada de esto se hizo con los responsables de la dictadura.

Según las estimaciones de algunos historiadores, cerca de 100.000 personas habrían sido ejecutadas o asesinadas en la retaguardia de la zona nacional durante la guerra civil (alrededor de 50.000 sufrieron igual suerte en la republicana). Tras finalizar la contienda, el régimen mató a unas 50.000 más. Pero las simples cifras no pueden transmitir tanto horror.

Nadie ha sido juzgado por los crímenes del franquismo. Teóricamente se habría producido una reconciliación. Pero la realidad es que al estar el ejército y las fuerzas de orden público dominadas por los partidarios de la dictadura, si no les hubiesen asegurado la impunidad, la transición más o menos pacífica a la democracia hubiera sido imposible.

Desde las primeras elecciones, la democracia fue real en España y existen bastantes motivos para sentirse orgulloso de lo realizado durante estos años. Pero constantemente ha habido también un esfuerzo deliberado por camuflar, tanto la magnitud del daño producido por el franquismo, como la impunidad que gozaron los autores de los crímenes.

Recordemos que, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, comenzaron asesinando precisamente a los militares que permanecieron leales a la República. Nunca se les ha hecho justicia.

Tomando un ejemplo cercano, ¿ha habido algún reconocimiento institucional para el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, Rodríguez-Medel, al que mataron el mismo 18 de julio?, ¿o para el general Núñez de Prado, fusilado en Pamplona el día 24 de ese mes?, ¿o cuántos ayuntamientos no han honrado aún a sus concejales, democráticamente elegidos, que fueron asesinados? El responsable último de estas muertes fue el general Mola, quien ejercía aquí el mando supremo. Pese a ello, el centro deportivo militar de nuestra ciudad ha llevado su nombre nada menos que hasta el año 2010. Tampoco es casual que el conde de Rodezno, ministro de Justicia en los años 1938-1939 -en una época en que la represión se ejercía de forma sistemática- siga dando nombre a una plaza (tras una leve operación de maquillaje, eso sí).

La inmensa mayoría de los símbolos que ensalzaban al régimen en toda España han sido suprimidos. Pero el proceso está siendo lentísimo: se prolonga a lo largo de las décadas y aún no ha concluido.

El Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, continúa manteniendo en su escudo la Cruz Laureada de San Fernando otorgada por Franco en 1939, pese a la propuesta de eliminación formulada por IU y apoyada por el PSOE en una sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 2010. O a fines de octubre de 2011 se suscitó una polémica en el Ayuntamiento de Murcia, en relación con la permanencia de simbología franquista en sus calles.

Hay otro caso que resulta desconcertante: el del blasón de Juan Carlos I. Muestra el yugo y las flechas y la cruz de Borgoña que le fueron atribuidas por el decreto nº 814/71, de 22 de abril de 1971, «como símbolos del Movimiento Nacional». Aunque su compromiso con la democracia es claro, no resulta fácil de entender por qué mantiene esa simbología. Además de ilegal, supone una penosa falta de sensibilidad hacia las víctimas. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, correspondiente al Congreso de los Diputados, de 5 de junio de 2008, se publicó una pregunta formulada sobre esta cuestión por el diputado Joan Herrera. Pero la respuesta del Gobierno fue evasiva, sin entrar en el fondo del asunto.

La no eliminación de esos símbolos de nuestro pasado totalitario retrata, año a año, a quienes los siguen manteniendo. Pero la solución es fácil. Se trata simplemente de aplicar la misma lógica de respeto a la libertad y los derechos humanos que se ha esgrimido frente al otro terrorismo. Todas las actuaciones criminales deben ser juzgadas desde idénticos parámetros.

Curiosamente hay bastantes rasgos en común entre los antiguos franquistas y quienes han apoyado o disculpado a ETA durante más de tres décadas de democracia. Ese componente cruel y falto de humanidad -que intentan justificar por un patriotismo mal entendido- resulta similar en ambos casos.

No es bueno recordar continuamente el pasado. Pero para ello resulta necesario que aquellos hechos no sigan interfiriendo con el presente y, por desgracia, es eso lo que sucede con la simbología franquista que aún pervive.

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/04/04/opinion/tribuna-abierta/camuflaje-del-franquismo