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La Memoria no espera a los jueces

La Crónica de Badajoz | Sábado, 28 de abril de 2012 | 28 abril 2012

Extremadura: Investigadores, familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica tratan de seguir adelante con la apertura de fosas pese al inmovilismo de la Justicia

 

 

SITUACION DE LA RECUPERACION DE RESTOS DE VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN LA REGION
El Supremo ha delegado cuatro casos en juzgados de la región
A Alvaro López Ruiz lo ejecutaron hace 73 años, junto a cinco vecinos más de Valdecaballeros. Fue a su regreso del frente de la guerra, donde combatió del lado republicano. Ahora el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex), formado por científicos e investigadores y auspiciado por la universidad y las administraciones públicas de la región, espera acometer la excavación de la fosa donde presuntamente fueron depositados sus cuerpos, a ocho kilómetros de la localidad, en la finca La Cabezuela, ya en Castilblanco. Es una de las nueve prospecciones y exhumaciones previstas en la comunidad autónoma este año. Casi con toda seguridad en ninguna de ellas se personará un juez para investigar los hechos pese a que el Tribunal Supremo ratificó hace un mes que la competencia en esta materia es de los juzgados territoriales.

La participación de la Justicia en los procesos de apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo ha sido nula en Extremadura. Se han realizado 22 exhumaciones en la última década, según los datos oficiales del Ministerio de Presidencia. La mayoría, acometidas por Premhex. “Nosotros ya ni se lo notificamos. Lo hacíamos al principio, pero los jueces no nos hacían ningún caso argumentando que todo esto había prescrito. Escuchaban hablar de la Guerra Civil y lo desestimaban”, explica Cayetano Ibarra, coordinador del proyecto regional.

Premhex tiene previsto realizar casi una decena de excavaciones y exhumaciones. Cuenta ya con financiación, a través de las ayudas del Ministerio de Presidencia, para acometer las de Puebla de Alcócer y Fregenal de la Sierra. También la tienen las de Valencia de Alcántara y Arroyo de San Serván, pero en estos casos el problema es que los propietarios de las fincas donde están las fosas no dan permiso para sacar los restos. Por contra, dinero es precisamente lo que falta para las de Feria y Zarza la Mayor. En Valdecaballeros, donde esta semana se han realizado sondeos sin que se han localizado los restos, los recursos económicos proceden de los fondos propios de Premhex. Sus investigadores también contemplan la posibilidad de realizar otra exhumación más en Feria y otra pendiente desde el año pasado en Cuacos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) colabora para poder exhumar las fosas de Valencia de Alcántara y Arroyo de San Serván.

No ha habido jueces en las exhumaciones realizadas en Extremadura. Pero José Manuel Corbacho, abogado y portavoz de la asociación, explica que los juzgados de instrucción “deberían intervenir al menos para practicar unas mínimas diligencias, como se hace en caso de otros hallazgos de restos humanos”. Así lo estipula, según recuerda, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo el argumento de la prescripción ha servido de excusa a la mayoría de los magistrados.

Con la aprobación en 2007 de la Ley sobre Memoria Histórica y la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de declarase, en 2008, competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y la dictadura pareció abrirse un nuevo horizonte en la implicación de la Justicia en este ámbito. Pero no ha sido así. Garzón terminó inhibiéndose en favor de los juzgados territoriales en la instrucción de diligencias en la apertura de una veintena de fosas comunes. Todas procedían de denuncias de familiares ante el propio magistrado. Entre ellas estaban, según Armhex, cuatro casos que fueron remitidos a los juzgados de Trujillo, Herrera del Duque, Mérida y Don Benito. Estas causas no han avanzado en los últimos tres años, mientras Garzón ha sido procesado –y absuelto– por presunta prevaricación al querer investigar estas desapariciones. Hace un mes el Supremo ratificó que los posibles delitos han prescrito, pero ratificó que la competencia sobre la apertura de fosas es de los tribunales territoriales. Los cuatro juzgados extremeños afectados no han facilitado a este diario información sobre la situación de los casos que les corresponden.

Pese al inmovilismo de los jueces, Premhex y Armhex seguirán adelante con sus trabajos. “Venimos realizando exhumaciones sin su colaboración desde 2003 y ahora no vamos a dejar de hacerlo porque sigan sin interesarse”, explica Cayetano Ibarra. José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado del Tribunal Supremo, ha instado a presentar querellas por prevaricación contra todos los jueces territoriales que no acudan a abrir diligencias en las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/la-memoria-no-espera-a-los-jueces_86525.html