Cuatro juzgados de Extremadura tienen entre sus asuntos causas relacionadas con la exhumación de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil

Cuatro juzgados de Trujillo, Herrera, Mérida y Don Benito tienen desde hace más de tres años entre sus asuntos causas relacionadas con la exhumación de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil. En todos los casos se trata de reclamaciones de las familias para que amparen y entiendan la búsqueda y desenterramiento de sus restos. Y todos, duermen el sueño de los justos, según denuncian las asociaciones interesadas en la recuperación de la memoria histórica, como Premhex y Armhex. Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo, después del controvertido juicio a Garzón, determinara que son los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional los competentes sobre la apertura de las fosas. La actitud cuando menos indolente de los jueces para con este tipo de casos es incomprensible en un Estado de Derecho, máxime cuando este comportamiento contrasta con la natural diligencia e interés de los juzgados ante los hallazgos de restos humanos.

A la luz del Derecho no se entiende el espíritu de escasa o nula colaboración de los órganos jurisdiccionales ante las demandas de las familias de las víctimas de la contienda del 36. La excusa de la prescripción dada para no atenderlas, de ser cierta como señalan las asociaciones, es tan atrabiliaria que no resiste un mínimo análisis, pues ninguno de los familiares está buscando en la exhumación de los restos de sus antepasados otra cosa que la dignidad del enterramiento, algo tan básico y civil que, mientras no se consiga, lo que no prescribirá es el fantasma de los dos Españas. Y ya es hora de que lo haga. Que la justicia contribuya a ello y no lo entorpezca es lo mínimo exigible.

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