El dictador Jorge Rafael Videla y otros diez represores son juzgados por treinta y cinco casos de hijos que recuperaron su identidad

 

Los querellantes esperan que se defina la condena por “plan sistemático” como una práctica organizada.

La de esta tarde no será una sentencia más. Como cada fallo de lesa humanidad, cada final de juicio instaura, con sus condenas o absoluciones, nuevos sentidos jurídicos sobre el pasado, que es presente, pero también nuevos sentidos sociales. En términos jurídicos, uno de los ejes de la sentencia de hoy es la definición del robo de niños como plan sistemático o robo organizado desde la cúpula del poder militar, y eso está condensado entre otros en la acusación sobre el dictador Jorge Rafael Videla. El Tribunal Oral Federal 6 cambiará, o no, con su fallo lo que hasta ahora se dijo judicialmente en ese campo: léase, lo que dijo la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a los Comandantes de 1984 en la que Videla quedó absuelto por cinco de los seis casos de niños apropiados que llegaron a juicio y la Cámara consideró que no había pruebas para entender que en la Argentina, la dictadura había implantado un plan para quedarse con los niños. Las querellas le pidieron al Tribunal esa definición.

La sentencia se escuchará hoy a las 18 en los Tribunales de Retiro. Los jueces Julio Luis Penala, Domingo Altieri y la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, se sentarán en la sala desde la que escuchan desde marzo de 2011 los testimonios en torno de 35 casos de niños. Frente a ellos estarán los once acusados, trasladados desde la una de la tarde por el Servicio Penitenciario Federal: Videla, Reynaldo Bignone y Rubén Omar Franco; Santiago Omar Riveros, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek, el médico Jorge Magnacco; Juan Antonio Azic, por la apropiación de Victoria Donda; Eduardo Ruffo, por el secuestro de Simón Riquelo, y Víctor Gallo y Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga. Los pedidos de penas van de 50 años, para los jefes, a los15 años, como en el caso de Colombo.

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. La única madre que sobrevivió es la uruguaya Sara Méndez, sólo por una desinteligencia entre los militares argentinos y uruguayos. El único varón es Abel Madariaga, padre de Francisco. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio. Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.

El plan

De todos los procesados, la acusación a Videla condensa la representación del plan. El dictador aparece como responsable por el lugar que ocupó como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Las querellas y fiscalía de Martín Niklison pidieron 50 años de prisión. Y en su descargo, el dictador salió él mismo a discutir ese eje. Recordó que el fallo a las Juntas lo descartó, dijo que los hechos fueron autónomos y que como los casos se circunscribieron a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires, no podían pensarse como política federal.

Fiscalía y querellas respondieron a esos puntos durante los alegatos. En el juicio hubo dos casos de niños de Córdoba con madres trasladadas a parir a la ESMA porque al parecer los médicos se resistían a atenderlas. Hubo tres casos de Mar del Plata, pero además el año pasado hubo condenas en San Juan y Paraná y hay denuncias “a montones”, dice Niklison, en Córdoba y Santa Fe. Aun así, este no es el punto más importante en el que quedó centrada la acusación. La institucionalización de la práctica del robo de niños no sólo tuvo que ver, en todo caso, con la federalización, sino cómo luego del golpe se organizó la estructura militar para mantener con vida a las mujeres hasta que dieran a luz. Y cómo se consideró la distribución de los niños. El robo no estuvo planificado antes del golpe, dijo el fiscal: lo hicieron para cuando se dieron cuenta de que en los secuestros se llevaban mujeres embarazadas o parejas con niños recién nacidos. “Fue una respuesta tomada y perfectamente organizada frente a la situación –dice Niklison–. Se encontraron con mujeres embarazadas, a muchas las mataron y a otras no; la mayor parte de los niños ya nacidos los devolvieron, pero montaron las ‘maternidades’ que son claves para entender esto: la de Campo de Mayo funcionó cuatro años; algunas llegaban desde otros centros clandestinos y muestra a tres generales de acuerdo y los tres tenían un jefe en común: Videla. No se puede pensar que tres generales se confabularon. Lo mismo sucedió en el Pozo de Banfield y ni hablemos de la Escuela de Mecánica de la Armada, adonde llevaban gente de todo el país. Si no se quiere usar la palabra plan, la idea es la de organización de los altos mandos: del Ejército, de la Marina, aunque a la ESMA llegaban además los prisioneros del Ejército. Pensar que esto fue una cosa de los mandos de abajo, es ridículo. Incluso lo dijo Acosta cuando declaró: él era el dueño y señor de la ESMA, pero estaba su-bordinado a los altos mandos y tiró la pelota para arriba.”

La definición del plan también es importante por los efectos en la definición de lo que fue la dictadura. “De las dictaduras del Cono Sur lo que pasó acá respecto de la apropiación de niños no tiene antecedentes”, dice en este caso Alan Iud, del equipo jurídico de Abuelas. “Mas allá de lo que se conoce del Salvador y Guatemala con otras características, fue una de las notas de la dictadura argentina: un fallo que reconozca esa excepcionalidad es relevante en términos históricos.”

Los números

Cinco de los once acusados tienen pedidos de condena a 50 años, son los autores mediatos, jefes y subjefes: Videla, Bignone, Acosta, Franco y Vañek. Varios están acusados por niños que aún siguen sin aparecer. Esta es otra de las claves de lectura que puede tener la sentencia. Si el Tribunal los condena estaría revirtiendo una lectura que hizo en 1984 la Cámara Federal en la que al entender que no había delitos, sin decirlo los estaba considerando muertos. “Para nosotros, quienes faltan restituir continúan apropiados: al ser desaparecidos el delito continúa cometiéndose”, dice Iud. “El hecho de que no se los haya localizado dificulta la posibilidad de que la Justicia encuadre la situación de ellos en un delito. La defensa usó esos argumentos: dijo que no se sabe si están vivos y tampoco está probado que estén apropiados, por eso una definición sobre eso a nivel jurídico y simbólico es muy importante.”

Entre el resto de los acusados están los apropiadores de Francisco Madariaga y Victoria Donda y Ruffo por el caso de Sara Méndez. Gallo intentó defenderse cuando pronunció sus últimas palabras y les dijo a las fiscales ad hoc que eran “acólitos” que recibían órdenes de su “comisario político”. Colombo buscó situarse en la lógica de la violencia de género para conseguir una reducción o absolución de la pena. Ruffo llegó a juicio acusado de participar en la patota que secuestró a Sara Méndez y a su hijo. Ruffo dijo que esa noche él estuvo en otros operativos, un dato para el cual tomó como base la sentencia de Orletti. Como fue quien aportó los datos para localizar al niño, la fiscalía pidió una morigeración de la pena.

De la lectura de la sentencia se desprenderán otros datos. Uno es la inclusión, o no, del caso de Macarena Gelman entre los cargos a Videla. Ella nació en Uruguay. Lo que allí se discute es si puede ser responsable en una jurisdicción que no era la suya, sobre todo porque las defensas dijeron que todavía no hay sentencias del Plan Cóndor. Para sostenerlo, las fiscalía recordó en cambio el fallo de Orletti y de Arancibia Clavel.

Otro punto de los más importantes es la acusación a Bignone y Franco. La base son dos documentos. Como integrantes de la última Junta, firmaron uno en el que dan por “muertos” a los desaparecidos, definición que incluía a niños que seguían con vida, y dispusieron la ley de autoanmistía. Un esfuerzo del juicio fue consolidar el documento como prueba penal: “El asunto es que no era un mero papel”, explica el fiscal. “Era un acta de la junta, una resolución que es un acto jurídico, legislativo y ejecutivo, estuvieron 45 minutos leyéndola por cadena nacional y estaban diciendo: ‘Si ustedes quieren la democracia, no molesten con este tema’. Por eso ese acto lo hizo toda la Junta y no uno solo.” Un aporte del juicio, sin embargo, a esa acusación fue la declaración de Elliot Abrams, el ex subsecretario de Estado norteamericano.

El juicio dejó muchas otras cosas. La voz de Cecilia Viñas sonando en medio de la sala, en los llamados que hizo en la democracia de 1984 desde algún centro clandestino. Las declaraciones de cada uno de los hijos. La risa explosiva de María Victoria Montenegro y la búsqueda desesperada del pañuelo cuando le estallaron las lágrimas. Los que siguen buscando. Hoy habrá, al menos, un final.

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