La esperanza de cientos de personas está en la querella contra el franquismo que se impulsa desde Argentina
La jueza María Servini de Cubría llega a España el 10 de septiembre para tomar declaración a familiares y víctimas y conocer in situ los lugares del horror
ADELAIDA DEL CAMPO |
Más de cien particulares y una larga serie de asociaciones relacionadas con memoria histórica, prestarán declaración a partir del día 10 septiembre ante la jueza argentina María Servini de Cubría que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo y que llegará a Madrid en esa fecha. Son familiares e incluso, protagonistas directos. Hay casos de niños robados, de ex presos del franquismo, de quienes protagonizaron trabajos forzados para redimir pena, o de personas que no cejan en la búsqueda de sus desaparecidos que suponen yacen en fosas anónimas en cunetas, en montes o junto a las tapias de los cementerios.
La visita de la jueza tiene como objetivo tomar declaración a todas aquellas personas que deseen presentarse como querellantes, denunciantes o testigos en la causa. A este efecto recibirá testimonios en la embajada argentina en Madrid y de ser posible en otras ciudades y la magistrada visitará además sitios emblemáticos de la represión franquista.
Treinta organizaciones ligadas a la memoria histórica han creado una Red Ciudadana que permanece abierta para la incorporación de otras entidades que deseen involucrarse en la causa con el objetivo de realizar una labor unitaria en torno a las gestiones que realizará la juez Servini en España, donde asociaciones y particulares han denunciado asesinatos en masa, fusilamientos y secuestros. Esta Red Ciudadana se creó a partir del llamamiento que expresos franquistas realizaron en el pasado mes de mayo llamando a adherirse a la querella argentina.
Delitos de lesa humanidad entre 1936 y 1977
La querella criminal fue promovida en Argentina por una serie de familiares de víctimas españolas y varias ONG de derechos humanos entre las que figuran las Abuelas de Mayo o la Comisión Provincial por la Memoria presidida por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Se presentó el 14 de abril del 2010; se basa en los principios de justicia universal y se refiere a “la comisión de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
Obstáculos en España
En un primer momento, los exhortos de la jueza hacia el Gobierno español, obtuvieron como respuesta que la justicia española tenía sus propios procesos abiertos para investigar los hechos lo que hubiera dejado en suspenso la instrucción del caso en Argentina. Después se produjo la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en favor de los juzgados territoriales y su posterior archivo por parte de estas instancias. La jueza insistió en diciembre de 2011 y ha recibido la contestación de nuevo del gobierno reiterando que España ya está investigando los hechos y reclamando el expediente abierto en Argentina, implícitamente solicitando el archivo de la causa allí abierta.
Competencia para investigar
En marzo, la jueza dirigió una resolución a los abogados que representan en Argentina a las víctimas de la dictadura franquista para que facilitaran un listado de personas a las que podría tomar testimonio en Madrid. De este modo, María Servini de Cubría asumía según exponía en su escrito “la competencia para la investigación de las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista a través del principio de justicia universal”.
Exhaustiva información sobre fosas y torturadores
Según explica uno de los colectivos personados en la querella, la asociación La Comuna de presos franquistas, “la jueza argentina María Servini de Cubría, ha pedido información a las autoridades españolas sobre la existencia y ubicación de fosas comunes y datos personales completos (y confirmación de que están vivos) de aquellos que aparecen en el procedimiento como presuntos autores de los crímenes investigados: torturadores; jueces que dictaron sentencia de muerte o manifiestamente injustas; ministros responsables de haber ordenado matanzas o que se negaron al otorgamiento de indultos; miembros de los altos mandos de las fuerzas represivas y dirigentes de Falange; directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo; responsables del secuestro, apropiación y sustitución de identidad de menores de edad, etc.”
Actos de denuncia
“En Madrid se están realizando reuniones de trabajo para preparar la campaña de divulgación de la querella para que se adhieran a ella todos aquellos familiares de represaliados, presos obligados a trabajar para las empresas franquistas o torturados hasta 1977, fecha que los abogados han tomado como fin del franquismo, algo discutible.”, informan desde esta asociación, que continúa: “Se organizarán actos de denuncia de los delitos franquistas y del comportamiento del gobierno y la judicatura española. Se pretende una masiva presentación de denuncias de los ciudadanos ante la jueza argentina como reflejo del sentir social ante el desamparo de las víctimas del franquismo. La jueza quiere visitar en persona lugares significados por la barbarie franquista como la fosa de Málaga…”
Desesperanza
La jueza recibirá por tanto una documentación excepcional de nombres de víctimas y de verdugos en algunos casos aún vivos, y sabrá que hay zonas en la que los fusilamientos no terminaron hasta mediados los años 50. ¿Qué más se espera de esta visita? El grupo de memoria histórica de Valencia lo resumen así: “Se trata de dar una esperanza a un colectivo inmenso que si hasta ahora no ha salido a la luz ha sido porque no ha habido una iniciativa como la de esta querella. No es que no se haya movido este colectivo, sino que está desesperanzado. El que la justicia escuche es fundamental, porque tenemos la experiencia ya de que un juez escuchó y el desenlace fue fatal”.
