Luis Naranjo: «Hay que hacer justicia por las víctimas e instaurar un relato veraz de la historia»
Entrevista al Director General de Memoria Democrática de Andalucía
DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
IRINA MARZO 05/07/2012
NOMBRE LUIS NARANJO CORDOBES.
PROFESION HISTORIADOR.
TRAYECTORIA HA SIDO VICEPRESIDENTE DEL FORO MEMORIA HISTORICA DE CORDOBA Y ACTUALMENTE DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRATICA DE LA CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES.[nombre.170]
Luis Naranjo DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA DEMOCRATICA
–El cambio de memoria histórica a memoria democrática, ¿es solo un cambio de nomenclatura?
–No, se quiere dar mayor peso político a la defensa de los derechos de las víctimas y se quiere incorporar la historia de la lucha del pueblo andaluz por las libertades en la transición.
–¿Se incorpora esa lucha por que no se ha reivindicado lo suficiente o por que este país la cerró en falso?
–Está claro, como dicen Ferrán Gallego y otros, que la transición no es el mito feliz de una llegada a la democracia sin trauma, un abrazo entre víctimas y verdugos, sino que hubo más: luchas populares, represión… No solo hay que poner el acento en las víctimas, sino que hay que normalizar la memoria y ampliarla a algo más cotidiano como fueron las huelgas, los movimientos de mujeres y asociaciones vecinales… Toda esa gran movida es la que trajo la democracia, no solo el empeño de unos cuantos próceres desgajados del tardofranquismo. El pueblo tuvo un protagonismo potente y eso forma parte de la memoria democrática. No solo hablamos de víctimas y de sangre, que las hubo; sino de resistencia popular.
–¿Comparte la impresión de que tras el caso Garzón los temas de memoria histórica han sufrido cierto retroceso?
–Lo de Garzón evidencia que la transición no se ha hecho en muchos campos. Por ejemplo en el judicial, donde hay cierto continuismo con la etapa franquista. Además hay una especie de caverna ideológica dispuesta a hacer lo que sea para que no salga a la luz lo que ocurrió en la dictadura y la guerra. Lo de Garzón también evidenció la insuficiencia de la propia Ley de memoria histórica. Si esa ley se hubiera desarrollado, su propio marco jurídico hubiera impedido lo ocurrido con Garzón.
–¿Y por qué cree no se ha desarrollado ese marco jurídico?
–Porque sigue habiendo tibieza en la memoria. La democracia en España no ha cumplido con su deber de atender los derechos de las víctimas. Esa especie de olvido está en el ADN de la democracia. Hay que acabar con esa debilidad y eso solo se hace con impulso político. Hay que hacer justicia por las víctimas e instaurar un relato veraz y científico de la historia.
–En lo historiográfico, al menos, sí se ha avanzado.
–Sí, mucho. Ahora mismo hay un cuerpo de síntesis historiográfica magnífico sobre la Guerra Civil y la II República que está cerrando el debate científico. Aunque claro hay publicistas que siguen empeñados en la teoría de la equidistancia, en que no hubo culpables. La república hay que reivindicarla como lo que fue: un régimen democrático, plenamente posible, que tuvo problemas, como todas los de su época, y que no tuvo por qué terminar en guerra civil. Ahora, hay que llevar esa idea al programa educativo.
–¿Teme que la Junta no cuente con colaboración del Gobierno central?
–Hay que ser optimista, aunque sea en contra de la lógica, pero por eso queremos sacar adelante una Ley andaluza de memoria histórica para tener muy definidas nuestras competencias. La Junta no tiene un instrumento propio que le permita controlar las exhumaciones.
–En ese terreno ha denunciado que se han hecho «chapuzas».
–La mayor parte de las exhumaciones se han hecho correctamente, pero a veces la falta de seguimiento de los poderes públicos ha propiciado que las cosas no se hayan hecho bien. Teniendo en cuenta que la responsabilidad última de aplicar el derecho de las víctimas corresponde al Estado, la Junta debe estar presente en los procesos exhumatorios y, además, incluir la presencia judicial en el protocolo para que no sea un mero acto administrativo. No se trata de sacar huesos y entregárselos a sus familias. Cada víctima que sacamos sin presencia judicial es una prueba que desaparece de un posible genocidio. Y si no se puede, al menos actas notariales. La Junta tiene el deber político y moral de estar ahí siempre.
–En Córdoba ha habido exhumaciones ejemplares (Santaella o Aguilar) y otras alternativas como la que se llevó a cabo en la capital.
–No siempre es posible exhumar, pero hay otras actuaciones como el reconocimiento nominal de las víctimas, la identificación, la dignificación del lugar o la divulgación de lo ocurrido. Eso también son hechos memorialistas. No hay que olvidar que el objetivo último es modificar la memoria colectiva, el recuerdo que van a tener los andaluces dentro de 50 años de lo que ocurrió. La intención es que el recuerdo sea veraz y ajustado. Lo demás son instrumentos para llegar al objetivo.
–Para la elaboración de la Ley andaluza de memoria democrática hay que constituir un consejo consultivo. ¿Han pensado ya en quién lo presidirá?
–No, aún no. Lo que queremos es que sea una herramienta potente y que estén bien representados los foros y las asociaciones memorialistas. Ahora no hay vínculo directo entre la Administración y ese movimiento. Este sería el marco estable para que den su opinión y para que lo que hacen se comparta en una única base de datos.
–¿Está concluido el mapa de fosas en Andalucía?
–Sí, pero hay que socializarlo. En 2013 queremos hacer el primer congreso andaluz de memoria democrática. Será buen foro para divulgar el mapa y convertir algunos de esos sitios en senderos de la memoria.
