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29 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Red AQUA, | 30 agosto 2012

En España ha habido un plan sistemático generalizado y planificado para aterrorizar a los españoles por sus ideas políticas

 

29 AGO

Con motivo de la conmemoración mañana del día mundial de las desapariciones forzadas, la “Red ciudadana de apoyo a la querella argentina” en la que están integradas más de 30 organizaciones sociales del estado español, hace público el siguiente comunicado. Previamente su contenido se ha hecho llegar a Presidencia del Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios.

 

Red Ciudadana de apoyo a la querella argentina

COMUNICADO DE PRENSA

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el próximo 30 de agosto, instaurado por Naciones Unidas en Asamblea General el 21 de diciembre de 2010, la Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red AQUA), en la que están integradas más de 30 organizaciones sociales del Estado español, quiere hacer pública la siguiente declaración:

La desaparición  forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. En España ha habido un plan sistemático generalizado y      planificado para aterrorizar a los españoles por sus ideas políticas. Los      jueces españoles se niegan a investigar crímenes de lesa humanidad. Por el      contrario, los archivan con criterios contrarios al derecho internacional.      Por este motivo en Argentina, la      jueza María Servini de Cubría tramita la querella “N.N. genocidio”,      presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1,      Secretaría Nº 1, que denuncia el genocidio, o subsidiariamente los      delitos de lesa humanidad, cometidos por el régimen franquista, y sus      autores, durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el      15 de junio de 1977.

La Red AQUA quiere resaltar el carácter      permanente del delito de de desaparición forzada. El Estatuto de Roma      dice: “Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la      aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una      organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido      de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información      sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de      dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”. España,      al no investigar las desapariciones forzadas, no sólo está incumpliendo      sus obligaciones internacionales sino que está contribuyendo a  a que      perdure el crimencomo tal, y a aumentar los daños que las      desapariciones provocan.  Esto es particularmente grave: conmemoran      la lucha contra un crimen que en realidad contribuyen a agravar.

Ni el Gobierno español ni la Judicatura han      respondido a los requerimientos judiciales (a la jueza María Servini de      Cubría) de identificación de los personajes políticos, militares y      policiales del periodo que va desde el alzamiento militar-fascista hasta      las primeras elecciones de 1977.      En 76 años, en España, no ha sido juzgado ni un solo caso de los      centenares de miles de crímenes cometidos. El actual gobierno de España      –heredero del franquismo- ampara la impunidad de los responsables de      crímenes de lesa humanidad.

La       Ley      46/1977 conocida como Ley de Amnistía –que fue la reivindicación política central de las      luchas en la etapa      final del franquismo- se convirtió, en manos de los legisladores de la Transición, en una      auténtica ley de punto final para los crímenes cometidos durante cuarenta      años por el más abominable régimen que ha sufrido nuestro país. La Ley de Amnistía      es la misma ley que hoy utiliza como coartada el poder judicial español,      en su defensa cerril de la impunidad del franquismo. Porque en efecto,      la Ley      46/1977 de Amnistía, que ni siquiera tiene un prólogo explicativo y apenas      ocupa una página del BOE, en dos apartados de su artículo segundo, hace      desaparecer cualquier tipo de responsabilidad por la sangrienta represión      sufrida por millones de personas.

El      gobierno de Rajoy desoye las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008 que dice: “El      Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977;      b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el      reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad      por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de      expertos independientes encargada de restablecer la verdad      histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas      durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las      familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso,      indemnizarlas.”

Recientemente      la Oficina      de la Alta       Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos      afirmaba: “España está obligada, bajo la ley internacional, a      investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las      cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los      responsables si todavía están vivos”. La citada Oficina      recordaba  también que: “España      debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes      internacionales de derechos humanos”. Dicha recomendación,      elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base      el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el      Estado español en 1985.

En      España como regla general, tal como dice AMNISTÍA INTERNACIONAL en      su Informe Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las      víctimas de la       Guerra Civil y el franquismo en España publicado el      pasado 9 de mayo de 2012, “no se garantizan a las víctimas y a los      familiares de la       Guerra Civil y el franquismo ninguno de los derechos      humanos relativos al acceso efectivo a la justicia, que incluye      la obligación del Estado de investigar, el derecho a saber y el derecho a      una reparación. Muy al contrario, la pauta de actuación de los jueces y      fiscales ha sido la desestimación generalizada de las denuncias      presentadas”.

Las querellas y denuncias de las      víctimas han sido siempre archivadas.

El estado español oculta que las resoluciones de la ONU, adoptadas por      unanimidad en la       Asamblea General del nueve de febrero de 1946 y del doce      de diciembre del mismo año, establecieron el carácter criminal, según las      normas del derecho internacional, del régimen franquista, así como su      naturaleza ilegal e ilegitima, que debe su poder al apoyo político-militar      prestado por la Alemania      nazi y la Italia      fascista.

En      lugar de lanzar retóricos mensajes de “homenaje a las víctimas” el      Gobierno debe anunciar la aplicación plena de las recomendaciones de los      órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad      de los crímenes de derecho internacional, incluidas las del Comité de      Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre      Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.

Por último, la Red AQUA      considera que la lucha contra la impunidad es un deber que incumbe a la comunidad internacional en su conjunto y los Estados que deciden juzgar      esos crímenes en su territorio están actuando en interés del género      humano.

En consecuencia, consideramos que el Estado español incumple sistemáticamente este deber de  investigar y juzgar los crímenes y desapariciones forzadas cometidas en territorio español durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

http://redaqua.wordpress.com/2012/08/29/29-de-agosto-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/#_ftnref1