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Efectos Psicosociales de la Desaparición Forzada

Valeria Moscoso Urzúa. El Universal, 27-agosto-2012 | 31 agosto 2012

Blog de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH)

 

 

 

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¿Donde están?”, “Hasta Encontrarlos”, “Los desaparecidos nos faltan a todos”… Frases como estas se han convertido a través de los años en importantes consignas de lucha para muchos y muchas a lo largo de toda Latinoamérica, no solamente en los distintos países del Cono Sur -que vivieron las conocidas dictaduras militares de los 60, 70 y 80-, sino también en aquellos, como México, que hasta hoy se han regido por sistemas políticos supuestamente democráticos.

Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (GTDFI), en 1980, y hasta la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada aprobada en 2006, Naciones Unidas registró oficialmente 51,531 casos en 79 países; en México, según las observaciones del GTDFI emitidas tras su visita al país en marzo de 2011, hasta el 2010 se tenían documentadas más de 3 mil desapariciones forzadas, sin embargo, a partir del 2011 estas cifras podrían haber ascendido hasta 10 mil e, incluso, se ha llegado a hablar de hasta 30 mil desapariciones forzadas en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

Con el fin de crear conciencia mundial sobre la persistencia de esta práctica, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) ha impulsado, desde principios de los ‘80, la conmemoración de un “Día Internacional del Detenido Desaparecido”, el que quedó establecido el día 30 de Agosto.

En nuestra región, la desaparición forzada ha sido una práctica constante por ya más de cuatro décadas, aprendida por los oficiales de los ejércitos latinoamericanos en los diversos centros de estudio de los Estado Unidos (Fort Benning, Escuela de las Américas y otros), e importada, a su vez, de la Alemania Nazi.

En esos años, y en vista que las sentencias aplicadas a los opositores al régimen exigían largos procedimientos y concluían en penas de prisión que carecían de todo efecto psicológico, Hitler concibió la idea de enviar a los prisioneros a lo que llamó “la noche y la niebla”, manteniéndolos completamente aislados del mundo exterior, negando cualquier información sobre su paradero o destino, desapareciéndolos sin dejar rastro… el efecto de estas medidas mantendría a la comunidad en la incertidumbre y tendría la ventaja de no convertir a los apresados en mártires, generando una intimidación efectiva y duradera que eliminaría toda disposición de resistencia en la población (Decreto “Noche y Niebla”, 1942).

Al contrario de lo que buscaba Hitler, no obstante, y aún con los distintos efectos que genera este crimen en los individuos y el colectivo, lo que ha sucedido en los distintos países que han conocido esta práctica es que no sólo los familiares de los desaparecidos sino que amplios grupos sociales han alzado la voz, han generado resistencia, manifestación, denuncia, buscando hacer más presente que nunca aquello y a aquellos que se ha querido desaparecer.

El concepto de desaparición forzada apunta al término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad; a su vez, forma parte de las distintas técnicas utilizadas en la “guerra psicológica” implementada por numerosos Estados latinoamericanos –con el patrocinio de los Estados Unidos- para lograr los propósitos de la “Guerra Fría”, que aún cuando hoy en día podría parecer añeja, continúa teniendo una tremenda vigencia en nuestro continente.

En el marco de esta idea de “guerra psicológica” entendemos, entonces, que la desaparición forzada no es una acción inocente ni casual sino que es una práctica premeditada, elaborada, programada y elegida en sus significados y mensajes; más allá de lo jurídico, a su vez, estos elementos nos permiten ubicar, desde el ámbito de la psicología, la desaparición forzada como una experiencia de carácter traumático que impacta gravemente y de manera integral no sólo el psiquismo individual de los familiares y cercanos al entorno de la persona desaparecida sino las múltiples áreas que componen la vida de estas personas, así como a la sociedad en general.

A partir del momento en que la persona es detenida y desaparecida se produce una ruptura brutal en la cotidianidad del entorno más cercano, su familia y amigos quienes, al no estar preparados para una situación de estas características, tampoco cuentan con los mecanismos para enfrentarlo; el proceso que se desencadena a partir de este instante conlleva una serie de sobre exigencias físicas, psíquicas y sociales para los involucrados y opera como un corte existencial que generalmente marca un antes y un después en su biografía.

Luego del shock inicial, los familiares comienzan a desarrollar una actividad intensa con el fin de encontrar a la persona desaparecida o alguna información que dé cuenta de su paradero y destino, predominan la perplejidad y el asombro, así como los sentimientos de intensa angustia y ansiedad por no saber qué pasó. Al enfrentarse a la negación sistemática de lo sucedido surgen también una serie de sentimientos de frustración e impotencia y se comienza a afectar el sentido de realidad: lo que se ha vivido y sufrido es permanentemente negado por los autores de los delitos, fijando a los familiares en una situación de profunda incertidumbre y vulnerabilidad frente a las autoridades estatales, que en lugar de cumplir con su rol protector se convierten en organismos amenazantes.

Entre los principales efectos psicosociales que se han podido observar en este contexto, por un lado y visto desde lo individual a lo colectivo, se pueden encontrar vivencias de confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino, una serie de síntomas clínicos que pueden interferir en la actividad y funcionamiento, así como manifestaciones somáticas de diverso tipo.

A medida que pasa el tiempo, además, en muchos familiares se va produciendo el volcamiento a una conducta única: la búsqueda del desaparecido, como eje dinamizador de todos los proyectos de vida, de los afectos predominantes y de las relaciones sociales; tanto en estos familiares como, incluso, en aquellos miembros que no se vuelcan a esta actividad los proyectos vitales que se tenía hasta antes de la desaparición se alteran profundamente.

A la traumática pérdida del desaparecido se suman otras pérdidas no menos dolorosas: trabajo, escuela, casa, amigos, situación socioeconómica, etc., restringiendo las redes de apoyo de los familiares; las vivencias emocionales de separación y dolor aportan a la generación de una dependencia afectiva y un repliegue dentro de la familia que altera los procesos de diferenciación, individuación y autonomía debido a la angustia y la culpa de reeditar las pérdidas ya vividas.

Desde el entorno social, a su vez, ya sea por el temor o la manipulación de las instituciones, lo que viven los familiares de los desaparecidos es una importante estigmatización social que, sumado a las distintas condiciones de riesgo que experimentan, profundiza aún más su aislamiento, rompiendo los vínculos sociales y privatizando el daño, empujando a los miembros del sistema a vivir en silencio y de forma individual una experiencia que es fundamentalmente social.

El núcleo central del conflicto es la incertidumbre, la pérdida nunca termina de pasar y el duelo queda suspendido en el tiempo, transformándose en una herida que no cicatriza; la única forma de combatir el daño queda supeditada a elementos externos a las familias las que quedan, sin embargo, inmersas en una dinámica extremadamente perversa e imposible de resolver y procesar: si definen y asumen que su familiar está muerto, aún cuando no sea reconocido oficialmente, significa responsabilizarse de esta muerte y es “como si ellos lo mataran”; si esperan encontrarlo vivo deben confrontar y renegar de toda su experiencia cotidiana, del fracaso de la búsqueda, especialmente si han transcurrido años desde la desaparición, lo que implica una serie de exigencias físicas, psíquicas y sociales extraordinarias y profundamente desgastantes.

En todo este proceso de duelo suspendido, además, el principal factor coadyuvante es la impunidad, que implica no sólo el desconocimiento del destino y paradero del desaparecido, la ausencia de restos y la imposibilidad de darles sepultura sino también la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos; esta impunidad va contribuyendo a la prevalencia y cronificación de las afectaciones, no sólo en los individuos y las familias sino a través de las generaciones y en la comunidad en general, comprometiendo en forma crónica todas las instancias psíquicas, la conciencia, el lenguaje, la memoria, la percepción, la afectividad, los pensamientos, la orientación témporo-espacial, etc.

Ahora bien, mientras que todo el sistema de la desaparición forzada impide al aparato psíquico la percepción y, por tanto, el acceso a la representación, generando un vacío difícil de resolver que tiende a rellenarse con una serie de fenómenos “clínicos”, han sido las mismas personas afectadas, los familiares, los colectivos, no obstante, los que han tomado la labor de comenzar las tareas de reestructuración. Es aquí donde las organizaciones de derechos humanos, los grupos de sostén y las mismas agrupaciones de víctimas adquieren un papel fundamental, creando espacios de contención, validación y resignificación que permiten la reestructuración del diálogo, así como la eliminación de miradas parciales y revictimizantes centradas solamente en el malestar y la carencia.

La búsqueda de justicia y la lucha por la verdad en este contexto se transforman, entonces, en tareas simbólicas fundamentales que fortalecen no sólo a los familiares sino a la sociedad en su conjunto, permitiendo dar sentido a lo vivido y aportando a la reconstrucción del tejido social.

 

Valeria Moscoso Urzúa, Coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH

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