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La apertura de fosas del franquismo resiste a la crisis y al desdén judicial

El Periódico, 04-08-2012 | 10 agosto 2012

Los jueces continúan sin hacerse cargo de las exhumaciones pese al mandato del Supremo

Las víctimas de la dictadura temen que el proceso se ralentice en el 2013 por culpa de los recortes
Sábado, 4 de agosto del 2012
PATRICIA MARTÍN
MADRID
Gracias a las asociaciones memorialistas, el empeño de los damnificados y la ayuda de un buen número de forenses, la recuperación de los restos de represaliados durante la guerra civil y el franquismo enterrados en fosas comunes sigue abriéndose paso. La crisis no ha conseguido, de momento, ralentizar los trabajos. Sin embargo, los colectivos de afectados temen que, dada la delicada situación económica que atraviesa España, el Gobierno no convoque las ayudas presupuestadas, y la dignificación de los asesinados durante la dictadura se ralentice, por tanto, a partir del próximo año.
Desde el año 2000 se han exhumado 348 fosas y se han recuperado 6.420 víctimas (2.840 en el cementerio de San Rafael, en Málaga), según los datos de Francisco Etxeberria, profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco y uno de los mayores expertos en la apertura de fosas. Aunque la cifra parece abultada, aún faltan muchos restos por recuperar. El cómputo facilitado por los familiares de las víctimas al juez Baltasar Garzón, cuando el extogado de la Audiencia Nacional inició su investigación de los crímenes del franquismo, cifraba en 113.000 el número de represaliados.

LA INICIATIVA / En estos años, la recuperación de restos de las cunetas se ha realizado a iniciativa de los damnificados y los colectivos memorialistas. «Y mucho me temo que así seguirá siendo», lamenta Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien subraya que su asociación seguirá adelante con las exhumaciones aunque el Gobierno elimine las subvenciones que instauró José Luis Rodríguez Zapatero.

Los presupuestos para este año recortaron un 60% la partida destinada a memoria histórica, que pasó de 6,2 millones de euros en el 2011 a 2,5 millones. Sin embargo, el PP sacó pecho durante la tramitación parlamentaria y rechazó las enmiendas que exigían más dinero para investigar el franquismo con el argumento de que el dinero presupuestado se destinará íntegramente a exhumaciones, lo que supone 300.000 euros más para estos trabajos. De momento, las convocatoria de ayudas aún no se ha convocado y la ARMH teme que, debido a los recortes, la partida se destine a otros usos.

Etxeberria advierte de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de marzo, que puso fin a un largo proceso judicial concluyendo que son los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional los encargados de ordenar y supervisar las exhumaciones, obliga al Estado a facilitar la recuperación de restos. «Sin embargo -afirma con resignación este profesor-, con la que está cayendo a nadie le extrañaría que no se convoquen las ayudas, lo que ralentizará los trabajos».

Los damnificados se quejan, además, de la escasa colaboración judicial. El número de jueces que han colaborado en exhumaciones no supera la veintena, aparte de la conocida investigación abierta por Garzón que le llevó hasta el banquillo del Supremo, aunque finalmente fue absuelto por esta causa. «Siempre que aparecen restos -explica el presidente de la ARMH- ponemos la correspondiente denuncia. Pero el 99% de los jueces no hacen nada. Ni antes ni ahora tras la sentencia del Supremo», afirma indignado. Silva carga también contra los gobiernos de uno y otro color: «Si un puñado de asociaciones nos hemos buscado la vida, el Estado podría, de un plumazo, dar a la mayoría de desaparecidos correcta sepultura. Es lo que hacen otros países con democracias infinitamente más jóvenes».

LA PECULIARIDAD CATALANA / Capítulo aparte merece la situación en Catalunya, la única comunidad con una ley de fosas que, sin embargo, solo ha facilitado la investigación de 21 enterramientos comunes. Se han recuperado un total de 67 víctimas, la mayoría de las cuales gracias a que yacían prácticamente en la superficie. La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya no ha querido actuar de oficio, como sus compañeros del resto de España, porque considera que la justicia o las administraciones públicas son las que deben asumir las exhumaciones. Además, la norma catalana, aprobada en abril del 2008, exige que los trabajos sean coordinados por Govern.

«El problema es que para la Generalitat, dados los aprietos presupuestarios, no es una prioridad», denuncia el presidente del colectivo catalán, Manel Perona. Este se felicita, no obstante, de que el Govern haya nombrado «por fin» al presidente del comité técnico que debe supervisar las exhumaciones y confía que este paso sirva para dar un impulso a la apertura de fosas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/apertura-fosas-del-franquismo-resiste-crisis-desden-judicial-2178889