La familia propietaria del paraje ha presentado una denuncia

La exhumación de unos enterramientos clandestinos de víctimas de la represión franquista, comenzados por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) el 23 de julio en el «valle del Lagar» (Pedrotoro, ciudad Rodrigo), han quedado paralizados el martes 31 de julio, después de que la familia propietaria del paraje presentara una denuncia contra la ASMJ y cerrara el portillo de entrada con una cadena.

El mismo martes, la ASMJ presentó una demanda urgente ante los juzgados de Ciudad Rodrigo, por entender que la Asociación se encontraba en su derecho, conforme a la ley de la Memoria Histórica, para actuar en dicho valle, sobre todo después de haber llegado al acuerdo verbal con la propietaria, tomado ante testigos solventes, que la ASMJ abandonaría el lugar a más tardar el 6 de agosto, después de haber repuesto el prado en sus condiciones iniciales. También se había alcanzado con el arrendatario un acuerdo verbal para indemnizar el daño causado. Sin embargo, tras la denuncia de la propietaria parece encontrarse el hecho de que la ASMJ se negó desde un principio a abonarle determinada cantidad que ella solicitaba para dar permitir la continuación de los trabajos.

Hasta ahora nunca se había producido un caso así, desde que se empezaron a hacer este tipo de actuaciones hace unos años. Dado que la ley de la Memoria Histórica establece de manera poco clara, que en caso de discrepancia intervendrán como mediadoras «las Administraciones Públicas», la ASMJ solicitó la intervención del juzgado, por estimar que es el órgano adecuado, a la luz del auto del Tribunal Supremo de marzo de 2012, sobre la competencia de la Audiencia Nacional y de los juzgados territoriales en la exhumación de enterramientos clandestinos de la Guerra Civil.

En resolución notificada ayer jueves, 2 de agosto, el juzgado de instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo establece el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias, por considerar que la competencia sobre el asunto no es del juzgado, sino de «la autoridad administrativa».

A la vista de los impedimentos puestos por la propiedad, y que el juzgado se abstiene de actuar, la ASMJ ha decidido suspender toda actividad relacionada con la exhumación de Pedrotoro. La ASMJ interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al mismo tiempo que realiza gestiones ante la Subdelegación del Gobierno para dar una solución a este asunto, dado que la Subdelegación del Gobierno parece ser «la autoridad administrativa» señalada por el juzgado de Ciudad Rodrigo en su auto.
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