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Un empresario argentino declara por la desaparición de obreros en la dictadura

El País, 08-08-2012 | 10 agosto 2012

El dueño de la azucarera Ledesma no ha sido imputado tras ser interrogado


ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 8 AGO 2012
El dueño de una de las 40 empresas más grandes de Argentina, Carlos Pedro Blaquier, fue interrogado ayer por un juez en una causa por la desaparición de 27 personas, la mayoría obreros de su compañía azucarera, durante la dictadura militar (1976-1983). Se trata de un caso emblemático en las investigaciones judiciales sobre la presunta complicidad de empresarios con el régimen.

La noche del 20 de julio de 1976 se cortó la electricidad en todo el pueblo de Libertador General San Martín, en la provincia norteña de Jujuy. Gran parte de la economía de San Martín depende de la empresa de Blaquier, Ledesma, que también produce papel a partir de la caña de azúcar. Aquella fue la llamada Noche del Apagón, aunque las interrupciones del servicio se repitieron en las siguientes. En la oscuridad, los militares secuestraron a entre 200 y 400 personas (las cifras varían dependiendo de la fuente), entre ellos al exalcalde Luis Arédez, exmédico de Ledesma y enfrentado con la compañía. Arédez y más de 30 personas continúan desaparecidas. Los organismos de defensa de los derechos humanos denuncian desde hace décadas que Blaquier era responsable del suministro eléctrico del pueblo y que los uniformados habían usado furgonetas de Ledesma en sus acciones.

Un juez federal de Jujuy, Fernando Poviña, había decidido a principios de año citar a declarar indagatoria a Blaquier, pero la comparecencia se frustró dos veces. La primera, porque el empresario, de 85 años y gran influencia en la Unión Industrial Argentina, esgrimió que estaba sometiéndose a un tratamiento médico en Europa. La segunda, porque Blaquier denunció que fue atacado camino de los tribunales por militantes de una agrupación kirchnerista, Tupac Amaru, que a su vez negó las acusaciones. Después de este episodio, el empresario difundió fotografías de su coche destrozado y el juez Poviña dispuso que declarase desde Buenos Aires por videoconferencia.

El fiscal del caso, Pablo Pelazzo, esperaba que el magistrado imputase y arrestase a Blaquier tras su declaración, pero no ha sido así. Seguirá libre mientras continúa la investigación. Ledesma informó de que Blaquier negó que él o algún empleado de su compañía hubiesen prestado furgonetas a las Fuerzas Armadas, afirmó que la empresa no tenía a su cargo el servicio eléctrico de San Martín y repudió “los hechos aberrantes cometidos por la última dictadura militar”.

“La fiscalía pidió que se le pregunte todo, y el juzgado preguntó todo”, declaró Poviña a la prensa. También comentó que antes de tomar una decisión sobre la situación procesal de Blaquier contrastará sus declaraciones con las ya formuladas por el entonces gerente general de Ledesma, Alberto Lemos.

“El poder económico cómplice de la dictadura debe rendir cuentas”, aseguró Ricardo Arédez, hijo del exalcalde desaparecido. Unos 206 civiles han sido imputados por crímenes de lesa humanidad del régimen militar, de los cuales cinco son empresarios, según la estadística de Centro de Estudios Legales y Sociales. Otros han sido denunciados, pero no están procesados, como es el caso de Blaquier. La justicia del municipio bonaerense de San Martín investiga las denuncias contra exejecutivos de Ford y Mercedes-Benz por la complicidad en la desaparición de obreros de esas compañías.

Un juez de Buenos Aires indaga crímenes similares en Acindar, una siderúrgica que hace pocos años pasó a manos de ArcelorMittal y que había sido presidida por el después ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Otro magistrado de la provincia norteña de Salta investiga al dueño de la empresa de autocares La Veloz del Norte.

El colectivo obrero fue el más perseguido por el régimen militar: el 30% de los miles de desaparecidos trabajaba en fábricas, según datos oficiales. Ahora falta que la justicia determine si sus patrones los identificaron y entregaron a las fuerzas de seguridad, es decir, si fueron cómplices o no del terrorismo de Estado.
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/08/actualidad/1344451654_558242.html