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La querella contra los crímenes del franquismo continúa

El Plural, 11/septiembre/2012 | 13 septiembre 2012

Pero la jueza Servini cancela el viaje a España porque le niegan medios

 

A.del Campo

Ante las limitaciones de tiempo y ayudantes impuestos por la Corte Suprema argentina, los testimonios se tomarán por videoconferencia

La jueza argentina María Servini de Cubría no vendrá a España este mes como estaba previsto para entrevistar a familiares de víctimas y ciudadanos que vivieron la represión del franquismo y que se han incorporado a la querella que la magistrada está instruyendo sobre asesinatos, desapariciones y torturas. La limitación de la Corte Suprema argentina de que su estancia en nuestro país tuviera un máximo de diez días y la negativa a disponer de un secretario más para tomar declaración a los querellantes han inducido a María Servini a cancelar el viaje. La querella sigue su curso y probablemente los testimonios se presten mediante videoconferencia.

Las razones de esta cancelación de su visita a España son, según comentó a ELPLURAL.COM la abogada Ana Messuti, letrada que en España representa a los querellantes junto a otros colegas , son que la Corte Suprema argentina se ha negado a ampliar la estancia de María Servini de Cubría en España por más de diez días y ha limitado a solo un secretario el número de funcionarios judiciales que podían acompañarla. Estas condiciones no parecieron adecuadas a la jueza para la cantidad de trabajo que le espera en Madrid donde debe tomar testimonio a al menos un centenar de víctimas y represaliados. El anuncio de esta cancelación no ha desanimado en parte a los querellantes que si oficialmente sumaban 91 acciones, llegan ya a las 300 adhesiones según informan fuentes de las organizaciones de memoria histórica. “Pero la querella sigue adelante y eso es lo fundamental”, explicó a ELPLURAL.COM.

Medios limitados

La jueza había solicitado permanecer en España durante veinte días y que la acompañaran al menos dos secretarios judiciales, condiciones que veía básicas para el desempeño de su tarea. El de septiembre el máximo tribunal de su país le notificó las condiciones en que acudiría a Madrid. La resolución indicaba: “Dadas las características particulares del caso y, teniendo en cuenta que no precisa el auxilio internacional de tribunales extranjeros, no resultan de estricta aplicación los requisitos formales exigidos”.

Videoconferencias para acelerar la causa

Ana Messuti declaró a ELPLURAL.COM que “lo fundamental es que la causa sigue adelante, la cancelación del viaje no afecta al procedimiento. Esta visita era importante por lo que representaba para las víctimas, para conocer los lugares en que ocurrieron los hechos, como acudir a Paterna a conocer el sitio en que sucedieron esos hechos impresionantes, pero cuando se superen estos obstáculos es muy probable que se pueda hacer. Dado que no ha podido venir ahora se tomarán medidas equivalentes, solicitaremos que los testimonios se puedan realizar por videocoferencia. Es muy probable que sobre esta base la causa se acelere”.

Jurisdicción universal

Legalmente, la Corte Suprema argentina debe avalar los traslados de los magistrados federales a otros países para tomar declaraciones a testigos o imputados en una investigación. Argentina puede ejercitar su competencia para investigar los hechos sucedido en España en base a que la jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal y todos los Estados pueden llevar adelante estas causas independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local. María Servini de Cubría encabeza desde 2010 esta causa a partir de las denuncias interpuestas en Buenos Aires por sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones humanitarias españolas y argentinas. Asesinatos, desapariciones, represaliados y torturados, esclavos del trabajo del franquismo o familiares de niños robados, componen el glosario de las víctimas que se han adherido a esta querella. Además de sus testimonios se aportan listas de nombres de personas aún vivas entre jueces, fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones denunciadas como presuntos torturadores o responsables de los crímenes de lesa humanidad que se exponen, así como de empresas que en su día utilizaron a presos del franquismo como mano de obra. Los casos denunciados cuya investigación se solicita, comprenden el período que va desde el 17 de julio de 1936 y el 15 de julio de 1977.

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