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El investigador Policarpo Sánchez denunciará la salida de documentos del CDMH y pedirá su devolución

Qué, 23-10-2012 | 24 octubre 2012

Pretende que la Generalitat de Cataluña devuelva los archivos que “recibió ilegalmente” del CDMH, con sede en Salamanca

 

SALAMANCA, 23 (EUROPA PRESS)

El investigador Policarpo Sánchez ha anunciado que tiene previsto en próximas fechas presentar una denuncia en los juzgados para que la Generalitat de Cataluña devuelva los archivos que “recibió ilegalmente” del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede en Salamanca.

El investigador Policarpo Sánchez ha anunciado que tiene previsto en próximas fechas presentar una denuncia en los juzgados para que la Generalitat de Cataluña devuelva los archivos que “recibió ilegalmente” del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con sede en Salamanca.

Por el momento, ha explicado que el tema está en manos de dos abogados salmantinos y que serán ellos los que decidan el momento en el que se presente la denuncia y ante qué juzgado se lleva a cabo.

“No me mueve a tomar esta decisión ningún tipo de sentimiento anticatalanista, que no tengo. Ni tampoco ningún interés político: no estoy afiliado a ningún partido. Me guío, exclusivamente, por el conocimiento del Archivo de Salamanca y por criterios técnicos y científicos”, ha señalado.

El motivo que le ha animado a tomar esta decisión, ha dicho que en las últimas semanas he mantenido contactos con archiveros de “larga trayectoria profesional y reconocido prestigio a nivel nacional” que han calificado de “indubitables” las pruebas de las que dispone “acerca de la ilegalidad de los envíos de documentos a Cataluña”.

“También he hablado con herederos de esa documentación y me han manifestado todo su apoyo a las acciones que emprenda e indignación por el traslado de sus archivos a Cataluña”, ha aseverado.

Sobre la “ilegalidad”, ha insistido en que radica en que algunos documentos de particulares que fueron entregados a Cataluña vulnerando la Ley, pues “se incautaron fuera de esa Comunidad Autónoma.

Y otra documentación fue incautada en Cataluña, pero también fue “ilegal” su envío porque “pertenecía a particulares que no tenían allí su residencia”. Ha puesto como ejemplo que era gente destinada en Barcelona como militar, eran refugiados o que pasaron por Barcelona hacia Francia.

OTRAS DENUNCIAS

“Un solo documento que sea devuelto al Archivo de Salamanca fruto de estas acciones judiciales supondrá un éxito sin precedentes, y confío que esto tenga un efecto ejemplarizante, obligando a revisar la totalidad de la documentación enviada a Cataluña para localizar muchos más casos, que sin duda, los hay”, ha apuntado.

Por otra parte, ha destacado que su denuncia no será la primera acción judicial contra la Generalitat de Cataluña por el envío de documentos del archivo de Salamanca, ya que “falsificó la identidad de los propietarios de muchos documentos del Archivo de Salamanca, al objeto de apropiárselos”.

Según sus palabras, la maniobra consistía en que los titulares aceptasen que sus documentos permaneciesen en el Archivo Nacional de Cataluña, “mediante contratos de comodato”.

Entonces, “cuando existían dudas en la Generalidad de lograr ese objetivo, elegían un falso titular que aceptaba la trampa” y la organización “más perjudicada” por este ‘modus operandi’ ha sido la CNT, que “ha perdido 150.000 documentos de alto valor histórico y económico, castigada porque había pedido por escrito que sus documentos no saliesen del Archivo de Salamanca”.

Por este motivo, ha sido CNT quien ha presentado el primer recurso, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona, para que la Generalitat devuelva lo que les ha quitado.

NUEVOS ENVÍOS A CATALUÑA

Por otra parte, ha criticado que “a la vez que el presidente Artur Mas pedía ayuda al Estado acuciado por las deudas, su Departamento de Cultura adjudicaba dos contratos por más de 250.000 euros para preparar un nuevo envío de documentos”.

Según sus datos, la cantidad total gastada en expoliar el Archivo de Salamanca supera ya el 1.000.000 de euros durante los últimos tres años y el total de documentos en los seis envíos desde enero de 2006 ya alcanza entre 1,5 y dos millones de legajos.

Estos documentos se suman a las cerca de 300 cajas con 73.000 documentos, miles de libros, banderas, insignias y medallas que ya quedaron preparados en diciembre pasado, así como a la documentación sobre la que se trabajó en la pasada primavera y que puedn enviarse próximamente.

La nueva documentación se conserva en “gran cantidad” de cajas de la Sección Político-Social de Madrid, Sección Político-Social de Castellón, Sección Político-Social de Vinaroz, Sección Político-Social de Aragón, en la Serie Militar y en la Secretaría del Archivo.

En este sentido, ha lamentado que Cataluña tenga “prioridad” ya que a los investigadores se les “impide consultar las cajas que están preparando”. En concreto, en las dos últimas semanas, han mantenido “retenidas” nueve cajas de Castellón, cinco cajas de Vinaroz del total de nueve que quieren apropiarse, 74 cajas de Madrid, ocho cajas de Aragón, más de 50 cajas de la Serie Militar, tres de las cuatro cajas que pretenden de la Secretaría del Archivo y una caja con expedientes sueltos de Lleida.

Según ha matizado, “una pequeña parte de esta documentación cumple con los requisitos legales para su envío a Cataluña, pues procede de la Generalitat de Cataluña”. Por el contrario, “gran parte de la documentación pertenece a particulares y no se puede acreditar fehacientemente que fuese incautada en Cataluña, por lo que sería ilegal su traslado”.

Incluso, ha apuntado que tiene “pruebas” de que algunos documentos fueron incautados en localidades como Vinaroz, Madrid o Castellón. También hay gran cantidad de documentación militar que, aunque referente a milicias catalanas, fue incautada al Ejército de la República y, por tanto, “no procede su restitución a Cataluña”.

Por último, Cataluña “ha preparado para su envío” documentos de ayuntamientos de Cataluña, un hecho que “tampoco procede su restitución al no estar contemplada en la legislación vigente la documentación pública de ámbito municipal”.

POSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León “se mantienen firmes en la defensa del archivo” y contrarios a la salida de nuevos documentos. Una posición que, tal y como ha apuntado, no corresponde con la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto que en un documento oficial al que ha tenido acceso, “da por bueno todo lo hecho hasta ahora, y anuncia que se continuará con el procedimiento”.

La nueva salida de documentos englobaría la documentación paralizada en diciembre de 2011, la preparada esta primavera y sobre la que en este momento trabaja la Generalitat. “Entiende el Ministerio que sufre un menor coste político si se liquida el Archivo de una sola vez”, ha manifestado.

Por este motivo, ha pedido al Ayuntamiento de Salamanca y a la Junta de Castilla y León que den “pasos decididos” para “impedir una nueva salida de documentos”. En cuanto al ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha solicitado que “paralice nuevos envíos”, que “exija a Cataluña la devolución de lo ilegalmente recibido” y que “investigue y depure las responsabilidades que correspondan por las irregularidades detectadas”.

El valor de los documentos entregados a Cataluña solo en los dos últimos envíos (ha habido seis en total) ascendió a 2.403.000 euros. “Los gastos del traslado y seguro corrieron a cargo del Ministerio ¿estamos dispuestos a seguir pagando para que nos desfalquen?”, ha concluido en su intervención.

http://www.que.es/valladolid/201210231354-investigador-policarpo-sanchez-denunciara-salida-epi.html