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Memoria Democrática y subvenciones: una doble injusticia

Carlos Jiménez Villarejo. El Plural, 16-11-2012 | 18 noviembre 2012

Se van a cumplir cinco años de la vigencia de la llamada Ley de la Memoria Histórica

 

CARLOS JIMENEZ VILLAREJO

16/noviembre/2012

Se van a cumplir cinco años de la vigencia de la llamada Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007). El Gobierno del Partido Popular se dispone a darle un último y definitivo varapalo. Esta Ley, como es sabido, padece muchas insuficiencias para una efectiva recuperación de la memoria democrática y, sobre todo, para una auténtica y eficaz satisfacción de los derechos de las víctimas directas y actuales de la represión de la dictadura franquista.

Pero, pese a todo, ante la indiscutible vigencia de dicha Ley, el Gobierno del PP ha decidido eliminarla de su proyecto político, desobedeciendo de forma flagrante no solo una Ley democrática sino los deberes institucionales para el Estado que se derivan de ella. Ya había suprimido la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que, pese a las críticas recibidas, constituía una referencia institucional que mantenía el compromiso del Estado con dichas víctimas, por más que su actuación no fuera plenamente satisfactoria.

En cuanto al desarrollo de la Ley, es una constatación evidente que ya el Gobierno anterior no la acometió, pese a los muchos compromisos que se derivaban de la misma; como la creación del “marco institucional que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática”.

Asimismo, el anterior Gobierno no se decidió a reformar la Ley para la anulación de todas las sentencias dictadas por los pseudotribunales franquistas ni reformuló el tratamiento de los desaparecidos y las fosas con el fin de que fuera asumido por los jueces y tribunales y subsidiariamente por los poderes públicos. Pero, aún otorgaba -sin que ello le exonerase de sus responsabilidades políticas- subvenciones “destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y el franquismo”. Y, en particular, para “la indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”.

 

El PP ha arrinconado completamente la Ley y, por tanto, cualquier forma de compromiso con su cumplimiento. Así resulta del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el que, por vez primera, se ha suprimido cualquier asignación económica que tenga relación con la aplicación de dicha Ley en cualquiera de sus ámbitos. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de IU-ICV ha formulado varias enmiendas para exigir, al menos, el mantenimiento de los compromisos anteriores. Lo ha hecho con el siguiente fundamento:

“El pasado 11 de mayo de 2010 se aprobó una Moción consecuencia de una interpelación urgente en el pleno del Congreso en la que se instaba a la Cámara a:

1. Transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con sede en el Ministerio de Justicia, para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley 52/2007, tanto en el seno de la Administración General del Estado, como en las relaciones con las demás Administraciones Públicas competentes.

2. Seguir facilitando el asesoramiento sobre los derechos, las condiciones y los procedimientos para el ejercicio de los derechos de las víctimas que contempla dicha Ley 52/2007, a través de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

3. Garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas de la guerra civil y dictadura, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario”.

Como era de suponer, las enmiendas de IU-ICV han sido rechazadas. Pero la decisión que presenta una especial gravedad, por su carácter especialmente ofensivo para las víctimas, además de incumplir Tratados internacionales suscritos por España, ha sido rechazar la solicitud de asignar una moderada suma “al apoyo de las familias que soliciten la exhumación de fosas”. Esta es la verdadera faz, vengativa y próxima a una concepción totalitaria del Estado, que hoy ostenta el Partido Popular.

Pero el carácter radicalmente injusto de esta decisión se acrecienta si se examina la Orden del Ministro Wert de 28/9/2012 (BOE 10/10/12). Se convocan “subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales”.La subvención es de 2.500.000 euros y tiene como objeto “el fomento de actividades de estudio y desarrollo de pensamiento político, social y cultural”. Es el complemento de otra medida idéntica anterior del ministro de Asuntos Exteriores por un importe de 900.000 euros.

En la situación económica, social y cultural que sufren los españoles desde hace tanto tiempo de rebajas salariales, despidos injustificados, cierre de empresas, desahucios y un largo etc. de privaciones de toda clase de derechos sociales, resulta no solo intolerable sino indecente y ultrajante para la ciudadanía, que se acuerden pactos espurios entre el poder y los partidos para repartirse fondos públicos que deberían ser destinados a mejorar o suavizar las condiciones de vida de los españoles.

Reclamamos saber qué partidos van a beneficiarse de esas subvenciones para exigirles públicamente que los destinen única y exclusivamente a fines sociales por razón de su fidelidad a la “voluntad popular” que les exige la Constitución. Para el estudio del pensamiento político (¿de qué pensamiento estarán hablando?) ya están las Universidades y otras instituciones públicas.

Los dos comportamientos expuestos revelan la misma ausencia de dignidad política y de ética que domina la política del PP.

Carlos Jiménez Villarejo es jurista y ex fiscal Anticorrupción

http://www.elplural.com/2012/11/16/memoria-democratica-y-subvenciones-una-doble-injusticia/