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“Paseos” en Valladolid

Orosia Castán. Grupo Verdad y Justicia de Valladolid, 2-12-2012 | 10 diciembre 2012

Esta forma de eliminación fue practicada en Valladolid de forma recurrente durante los primeros meses tras el golpe

 

Se denomina así popularmente a la detención y asesinato de una o varias personas sin que exista orden de detención ni procedimiento judicial alguno. Esta forma de eliminación fue practicada en Valladolid de forma recurrente durante los primeros meses tras el golpe sobre todo, aunque no desapareció totalmente hasta el final de la guerra. Los asesinos formaban patrullas configuradas por civiles armados y uniformados de falangistas, a menudo acompañados por guardias civiles.

2 de diciembre de 2012 La provincia de Valladolid fue tomada por los alzados sin apenas resistencia, ya que se dieron una serie de circunstancias que favorecieron el éxito del golpe de estado. Pero no estaba nada claro que el golpe fuera a triunfar en todo el territorio nacional, por lo que existía la posibilidad de que los que se alzaban en armas contra el gobierno legítimo de la República acabaran ante un tribunal, pagando sus delitos.

Las primeras acciones de los sublevados en nuestra provincia se dirigieron a neutralizar una posible respuesta por parte de los republicanos; claro está que estaban en superioridad de condiciones, pues la guardia civil, la de asalto y el ejército apoyaron el golpe desde su inicio, pero aún así, seguía existiendo la posibilidad de la derrota, y por tanto, de responder de los crímenes cometidos.

Pero ¿cómo neutralizar a los miles de republicanos y defensores de la República, que sin duda la defenderían hasta el fin? La respuesta a esta pregunta ya estaba contestada con anterioridad por parte del general traidor Mola, quien a pesar de haber jurado por su honor lealtad a la República, organizaba un golpe para terminar con ella desde su destino en Pamplona. Mola remitió a los conspiradores un documento que llevaba el título de “Instrucciones Reservadas”, y que firmaba como “El Director”. Una de las instrucciones más importantes que enviaba a los conjurados era la que hacía referencia a la forma de actuar con los republicanos.

“Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros…”

Una de las maneras más seguras y eficaces de lograr este objetivo fueron las sacas. Las sacas consisten en la detención de una o varias personas, normalmente sin ningún tipo de documento legal que autorice esta acción. Los detenidos podían ser llevados directamente a un descampado y ser ejecutados, o bien ser conducidos a los lugares de detención designadas por los sublevados: cárceles de partido; cuartelillos de la guardia civil; dependencias municipales, gobierno civil o cualquier otro lugar donde eran identificados, interrogados y siempre maltratados.

A continuación se decidía su suerte. Los asesinos necesitaban eliminar a aquellas personas cuanto antes y a ser posible ocultar sus restos, es decir, necesitaban hacerlos desaparecer. De esta forma, en caso de que la rebelión hubiera sido aplastada, la ausencia de cadáver o cualquier otro indicio del crimen permitirían a los asesinos negar su existencia.

Los detenidos designados eran obligados a montar en un vehículo, normalmente un camión. Despojados de sus pertenencias y su documentación, los conducían a lugares apartados, procurando alejarse lo más que podían del lugar de origen, y los ejecutaban, abandonando los cuerpos sin documentos ni efecto alguno que pudiera servir de identificación.

Las autoridades de los pueblos donde aparecían los cuerpos daban orden de enterrarlos en el cementerio de la localidad, en fosas comunes, como “desconocidos”. Si estos enterramientos llegaban a inscribirse en los registros, el funcionario de turno decidía si añadía o no una somera descripción física al lado de la causa de la muerte.

Las personas así asesinadas se convertían por medio de este cruel procedimiento en desaparecidos. Sus familias no llegaban a conocer su paradero, ni lo que les había ocurrido; y solamente la suerte podía hacerles llegar la noticia de que su padre, su marido, su hermano o su hijo había sido asesinado en un determinado pueblo y enterrado allí.

En nuestra provincia abundan los desaparecidos; puede decirse que existen casos en la mayoría de las localidades, igual que en la ciudad. La forma más expeditiva de “eliminar” al oponente era hacerlo desaparecer sacándolo y paseándolo. Los vecinos quedaban sumidos en el terror y tendían a obedecer a los sublevados, quienes veían facilitadas sus acciones.

De esta manera se llenaron las cunetas, los campos y los cementerios de nuestra provincia de fosas comunes repletas de paseados. Algunas de estas fosas fueron localizadas por los familiares, señaladas para evitar su pérdida y custodiadas; otras se perdieron irremisiblemente, cumpliendo de esa manera el designio de los asesinos.

La selección de las víctimas

La identidad de las víctimas estaba escrita en las listas que cada localidad elaboró con la finalidad expresa de neutralizarlas. En ellas se incluía a todos aquellos capaces de reaccionar ante la sublevación, y si no se les encontraba en casa, se intentaba forzar su entrega mediante ataques y amenazas a su familia.

Las víctimas eran señaladas por las “fuerzas vivas” de cada localidad: autoridades golpistas, patronos, curas y elementos de derechas eran los autores de las listas que señalaban a los que debían morir. Los criterios, bien definidos en las Instrucciones de Mola, fueron corregidos y aumentados, aplicándose libremente en cada localidad.

Algunos de estos criterios fueron:

Ser o haber sido un cargo público durante el régimen republicano. Pertenecer o haber pertenecido a algún sindicato de izquierdas. Pertenecer o haber pertenecido a algún partido político republicano. Tener ideas republicanas. Haber participado en conflictos políticos o sindicales. Ser laico. Profesar una religión diferente a la católica. Ser tibio en el cumplimiento de los preceptos religiosos. Ser familiar directo de alguno de los anteriores. Ser acreedor de un verdugo. Haber mantenido disputas o diferencias con un verdugo.

En la abrumadora mayoría de los casos, las personas condenadas, ignorantes de su destino, se quedaron tranquilamente en sus casas, sin plantearse ni la resistencia ni la huída. A pesar de que muy pronto comenzó a conocerse la violencia ejercida por los golpistas, ninguna víctima creyó que podían darle muerte. En los testimonios aparece muy a menudo la frase que la víctima dijo cuando se le planteaba esconderse: “No tengo porqué esconderme o huir. Soy inocente. No he cometido nigún delito”.

Eso mismo decían cuando eran citados a su Ayuntamiento “para hacer una declaración”, o las patrullas iban a sus casas para conducirlos con el mismo motivo. La “declaración” era la fórmula utilizada mayoritariamente a la hora de la detención. No hay testimonios de resistencia. La gente acudía voluntariamente a los Ayuntamientos o cuartelillos; y desde allí, a un camión que les llevaba a la muerte y a la desaparición.

Los paseados, por tanto, son sacados desde su domicilio, lugar de trabajo o lugar de encarcelamiento; estas sacas pueden ser de una sola persona (las menos), o de muchas. Las mayores de las que tenemos conocimiento son de 40-45 personas. Así, con fecha 8 de diciembre de 1936, fueron sacados cuarenta hombres y cuatro mujeres desde Medina del Campo, asesinados y hechos desaparecer; otra saca de parecidas características se produjo en la noche del 23 de diciembre de 1936; esta vez cuarenta hombres fueron sacados desde Las Cocheras de Valladolid, asesinados y enterrados en lugar desconocido, aunque hay testimonios que señalan como posible lugar de los hechos el Monte de la Orbada, en la provincia de Salamanca.

Sin embargo, las dificultades que presentaban estas sacas para los asesinos debían de ser grandes, pues normalmente las víctimas sabían ya que iban a ser ejecutadas, por lo que se podía esperar que ofrecieran resistencia. Por este motivo las víctimas se repartían en varios grupos, con destinos diferentes. (Ejemplo de Barcial de la Loma: una saca de 26 detenidos se divide en dos grupos de 13 para asegurar su control); y de ahí que los familiares señalen como lugar del asesinato y enterramiento lugares diferentes para personas que integraban la misma saca (Medina del Campo: Torozos, Tordesillas y Casa de D. Alfredo).

Por fin, en el caso extremo de que los verdugos no dispusiesen de más camiones o de gente suficiente para dominar una posible rebelión de las víctimas, estas eran neutralizadas (saca de Mayorga: los asesinos, temerosos ante la posible reacción de los detenidos, les obligan a descalzarse, a quitarse los pantalones, y por fin, los golpean hasta romperles algunos huesos. Algunos detenidos no pudieron subir al vehículo por su propio pie).

Posiblemente por este motivo, las sacas más frecuentes son las de 4-12 personas, de la misma localidad o de localidades próximas entre sí, siendo las sacas individuales las más escasas.

Este proceder obedece a la lógica de la “limpieza” que los golpistas querían hacer: había que eliminar a los que figuraban en las listas lo más rápida y eficazmente posible, con el fin de anular la capacidad de reacción y de desatar el terror que paralizaría a los supervivientes de las matanzas.

Actuación de las patrullas

Existen tres niveles de actuación en los asesinatos, teniendo todos ellos el mismo grado de responsabilidad:

Los inductores: son las personas que, en cada localidad elaboran las listas y señalan a los que deben morir. Normalmente no toman parte personalmente en los crímenes, siendo, sin embargo, los que incitan y premian a los ejecutores. En esta categoría suelen aparecer los caciques de cada pueblo; los propietarios de las tierras, los curas y los enemigos políticos de la República

Los verdugos: son los autores materiales de los crímenes. Una gran mayoría eran jóvenes (a menudo muy jóvenes) sin formación política ni ideológica, a los que los golpistas uniforman, arman y dotan de poder sobre la vida y la muerte de sus convecinos. Los dirigentes de estas pandillas son personajes de mayor edad y conocimiento de lo que hacen: derechistas radicalizados, propietarios fanáticos y guardias civiles allí donde no hay un civil de confianza. En cada localidad son reclutados para estas tareas de sangre los más ignorantes, el lumpen; armados, con la rienda suelta y a menudo borrachos, se encargarán de cumplir con los designios de otros, que son quienes les dan las listas y la garantía de impunidad, acompañada de las promesas de recompensas futuras. Así, terminada la guerra, encontramos a muchos de estos desgraciados, que han destrozado la vida a familias enteras, de regreso en su pueblo, rechazados por sus propios cómplices; muchos, suicidándose; otros, disfrutando de su recompensa: puestos públicos de diferentes categorías: (cobrador del agua o procurador en Rioseco); acceso a propiedades de los asesinados (Olmos de Peñafiel), o en otros muchos casos, el vagabundeo, la huída, el alcoholismo y la indigencia (Urueña).

Los consentidores: son personas que, por su posición económica, social o moral, tenían en ese momento fuerza para oponerse a las barbaridades que estaban presenciando, pero no lo hicieron. En esta categoría se incluyen muchos curas, que si bien no señalaron a las víctimas, presenciaron su calvario sin intervenir, bien por cobardía, bien por estar de acuerdo con los golpistas y sus procedimientos. Es determinante observar que en aquellas localidades en que el cura se opuso a los asesinatos, éstos no se produjeron. Los curas tenían, pues, fuerza moral para detener aquella sangría, y esa fuerza moral era determinante, de tal forma que puede decirse que allí donde ocurrió, los curas fueron necesariamente cómplices.

Otro aspecto a destacar es el de la movilidad de estas patrullas, que normalmente actúan en localidades que no son las suyas. Hay un intercambio por el que los de un pueblo matan en otro y conducen a las víctimas a lugares distantes de su localidad de origen, en un intento de hacer desaparecer las pruebas de su delito de manera fehaciente: así, en Aguilar de Campos actúan las patrullas de Rioseco; en Castrejón, las de Alaejos; en Tordehumos, las de Villagarcía; en Mayorga, las de Villalón….

En la selección de las víctimas, los interrogatorios (siempre brutales) y el propio paseo, aparecen casi siempre números de la guardia civil, que actúan como dirigentes de estos procesos. Está claro que estos hechos, con su carácter sistemático y organizado, no hubieran sido posibles sin el respaldo y el consentimiento de los puestos de la guardia civil de cada zona.

Lo mismo se puede decir de los párrocos de cada localidad. Es cierto que en las localidades en que los curas se opusieron a los asesinatos, estos no se produjeron, como podemos comprobar en el pueblo de La Cistérniga; estos pueblos sin víctimas son la excepción. Los curas, triste es decirlo, alentaron y colaboraron, cada uno en su medida, a los asesinos, y muchos de ellos siguieron alimentando la violencia contra los vencidos después de la guerra, como podemos comprobar por los informes parroquiales emitidos en algunas localidades de nuestra provincia.

También hay localidades en las que los asesinos son los propios vecinos, unas veces a escondidas y otras exhibiendo todo su poder, como es el caso de Laguna de Duero y de Tudela.

Las sacas y paseos durarán, más o menos, hasta la primavera del 37, en que se van haciendo más esporádicas a favor de las detenciones, juicios y fusilamientos. Para esas fechas ya se había llevado a cabo la “limpieza” de los ciudadanos de izquierdas; los pueblos estaban sometidos y la gran mayoría de los republicanos, neutralizados en cunetas, fosas y presidios.

Este tipo de asesinato, unido normalmente a torturas y robos a las víctimas, son los más difíciles de investigar, pues estaban pensados para no dejar huellas, quedando así impunes.

Todo el conocimiento sobre estos crímenes se basa en las declaraciones de familiares y testigos, quienes relatan lo sucedido con un nivel de detalle y una concordancia tales, que los hacen fiables por completo. A veces, sin embargo, se consignan las desapariciones en documentos oficiales, pero esto es una excepción, ya que las “nuevas autoridades” se mostraban sumamente cautas: todavía no estaba claro quién ganaría la guerra, y en caso de haberla perdido, hubieran tenido que responder de sus crímenes ante los Tribunales…

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el fallecimiento de los desaparecidos no está inscrito en debida forma en el Registro Civil, por lo que lo que aparece es el Acta de nacimiento de todos ellos pero no su defunción, por lo que sería deseable el proceder a la declaración y sucesiva inscripción del fallecimiento de cada desaparecido, con el fin de elaborar un censo.

En los años 80 se concedieron unas indemnizaciones a los familiares de estas víctimas, por lo que algunos de ellos procedieron a inscribir el fallecimiento de sus deudos fuera de plazo; esto se hacía presentando a dos testigos, quienes firmaban haber visto o conocer ciertamente la muerte y circunstancias de la persona en cuestión.

¿Cuántas personas fueron asesinadas mediante sacas y paseos? A tenor de lo expuesto anteriormente, va a ser muy difícil saberlo con exactitud. Algunas víctimas, sobre todo aquellas que no tenían hijos, han pasado al olvido a medida que sus familiares han ido desapareciendo. Aquellos que tenían hijos perviven en el recuerdo, pero hay que afrontar el hecho de que posiblemente no dispongamos de un censo completo jamás.

La negativa institucional a inscribir a los desaparecidos en los registros civiles ha sido un factor determinante para que el desconocimiento se mantenga. Los registros están llenos de personas cuyo fallecimiento no consta. Serían miles de personas más ancianas que Matusalén circulando por el mundo, situación ésta a más de absurda y ridícula, injusta e indignante.

Es nuestro deber fomentar campañas y adherirnos a las existentes que reclaman las inscripciones de las víctimas en los Registros Civiles como medio de reconocimiento de los asesinados extrajudicialmente. Las desapariciones forzadas son un delito contra la Humanidad, y después de los años transcurridos, la situación es inaceptable de todo punto.

 

Una saca desde Valladolid a Santovenia de Pisuerga

Fecha: 3 de agosto de 1936

Víctimas: grupo de hombres y mujeres de Valladolid y de Zaratán

Julián Baza Hernando, 21 años, soltero, pintor.

Florencio Fernández Caño, 38 años, casado, empleado.

Luis Zalama Llorente, 19 años, soltero, pintor.

Jesús González Sanz, 17 años, soltero, ebanista.

Gonzalo Perdiguero Lagunilla, 23 años, soltero, mecánico.

Eusebio Poncela González, de Zaratán. Hay descripción

Hombre desconocido, de unos 18 años. Hay descripción.

Mujer desconocida de unos 55 años. Hay descripción.

Mujer desconocida, de unos 40 años. Hay descripción.

Hombre desconocido, de unos 21 años. Hay descripción.

Hombre desconocido, de unos 35 años. Hay descripción.

 

Autores

Un grupo de falangistas uniformados, armados, con vehículos; dirigidos por un camisa vieja, un practicante, conocido por la zona de Cicular y Pilarica, detiene en sus domicilios de la ciudad a varios vecinos, entre los que se encontraba Julián Baza Hernando, a quien estuvieron esperando en su domicilio familiar, ya que estaba trabajando. Esta patrulla, formada por personas conocidas por la familia Baza, manejaba muchos medios materiales: camionetas, coches particulares, armas. Practicaron registros exhaustivos y destructores en los domicilios de los detenidos.

Recorrido

Condujeron a algunas de las víctimas al Gobierno Civil, donde fueron muy maltratadas. Al día siguiente los hicieron subir a un camión junto con un grupo de hombres y mujeres de Zaratán, detenidos en el Gobierno civil de Valladolid desde el día 2, y los llevaron hacia Santovenia de Pisuerga, asesinándolos en una cuneta de las afueras del pueblo. Los cadáveres fueron abandonados allí. Recogidos por los vecinos, fueron llevados hacia el cementerio, excepto una mujer, llamada Elena Mena que estaba viva y fue conducida al Hospital de Valladolid, donde moriría días después a consecuencia de las heridas, tras relatar lo sucedido.

Destino

A todos los cuerpos se les practicó la autopsia, se les despojó de todas sus ropas y objetos personales y se les enterró en una fosa común situada en la parte trasera del cementerio de Santovenia. Algunos familiares llegaron a tiempo de ver los cuerpos e identificar a los suyos; Pedro Baza identificó a su hijo Julián, solicitó el traslado del cuerpo de su hijo y le denegaron el permiso, porque “ya estaba dada la orden de enterramiento”. Las víctimas de Zaratán no llevaban encima documentos que pudieran facilitar su identificación, excepto uno de ellos, Eusebio Poncela González, quien quizá por un descuido llevaba su cédula personal, con lo que se le pudo identificar. Unido esto a los testimonios de Pedro Baza, padre de una de las victimas, se considera probable que los cuerpos de los desconocidos correspondan al grupo de Zaratán, cuyos cuerpos jamás fueron encontrados, aunque los familiares llegaron a saber, por confidencias de unos guardianes del Gobierno Civil, a quienes habrían pagado a cambio de la información, que los habían asesinado en Santovenia de Pisuerga.

Fosa en Santovenia

El día 4 de agosto de 1936 aparecen “en el campo”, en una zona cercana a Santovenia, los cuerpos de un grupo de hombres y mujeres, que habían sido conducidos hasta allí y asesinados. Los cuerpos fueron llevados hasta el cementerio de la localidad e inscritos en el registro civil. Algunos de ellos fueron identificados por sus familiares, como es el caso de Julián Baza, Jesús González o Luis Zalama; pero otros fueron inscritos como “desconocidos”, y en la inscripción aparecen descritas sus ropas, sus objetos personales y sus características físicas: edad aproximada, estatura, complexión, color de pelo… Entre ellos, aparece el cadáver de Eusebio Poncela, que llevaba encima su cartera con una cédula personal expedida en Zaratán. Es muy probable, por tanto, que los desconocidos sean los componentes del grupo de detenidos del día 2 de agosto en Zaratán; coincide la presencia de dos mujeres, una de ellas de cabello blanco y el número: 7 personas en total. Las familias de los asesinados de Valladolid declaran que la saca se produjo desde el Gobierno Civil de Valladolid, donde los asesinados estaban detenidos desde el día 2; y que fueron muy maltratados. Todos ellos fueron enterrados en una fosa común tras la iglesia de Santovenia, donde se puso un recordatorio con los nombres de los identificados y la referencia a los desconocidos.

 

Paseados de Zaratán el 2 de Agosto de 1.936

Bernardo Morejón

Gabriel Gallego de la Villa

Marcelina Alonso

Eusebio Poncela

José Fernández

Pedro Espejo

Señora Silviana (con el pelo blanco)

Fuentes y documentos:

Declaración de familiares y testigos. Certificados de Defunción del Registro Civil de Santovenia de Pisuerga. Fotografías de la sepultura.

 

Orosia Castán

http://represionfranquistavalladolid.org/spip.php?page=article&id_article=181