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Casas Viejas, ochenta años después

Julián Casanova. El País, 10/01/2013 | 13 enero 2013

Lo que sucedió en enero de 1933 tuvo consecuencias políticas de largo alcance

 

Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931, la CNT apenas tenía veinte años de historia. Era el único sindicalismo revolucionario y anarquista, de acción directa, independiente de los partidos políticos, que quedaba ya en Europa. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni más sorprendente de su corta historia. El mito y la realidad de la CNT se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores.

La CNT mantuvo relaciones muy difíciles con la República. Aprovechó las libertades y esperanzas de los primeros momentos para fortalecer la organización. Pero la luna de miel con la República duró poco. La República llegó a España en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico final, sí que complicaron el gobierno y la puesta en marcha de las reformas. La lucha por el control del trabajo disponible, por el reparto del espacio sindical, y la confrontación en torno a los jurados mixtos, el entramado corporativo propuesto por Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, constituyeron los hilos conductores básicos de la agitación anarquista, de las huelgas planteadas y de los duros enfrentamientos entre los dos sindicalismos, el de la UGT y el de la CNT, ya arraigados entre las clases trabajadoras.

Las movilizaciones anarquistas, y los conflictos en el campo y en las ciudades, ofrecieron muy pronto la oportunidad de comprobar que las fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil, actuaban con la misma brutalidad que con la Monarquía. En el primer año de la República hubo decenas de conflictos que se extendieron por áreas de latifundio, como Badajoz, o por zonas de pequeña propiedad y de aparente calma, como en Arnedo (La Rioja) y Épila (Zaragoza), que provocaron abundantes muertos, resultado casi siempre de choques con la Guardia Civil, que disparaba a concentraciones y manifestaciones de trabajadores ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas.

El sector más puro del anarquismo encontró en los muertos y la represión un resorte para la movilización contra la República. Y fue a partir de enero de 1932, tras los sucesos de Arnedo, que dejaron once muertos, cuando esa retórica sobre el derramamiento de “sangre proletaria” se incorporó a los medios de difusión anarquista. De la protesta se pasó a la insurrección. Tres tentativas de rebeldía armada en apenas dos años, incitadas por militantes anarquistas y que contaron con algún apoyo obrero y campesino.

Lo que sucedió en enero de 1933 tuvo consecuencias políticas de largo alcance. El día 8 de ese mes, el Comité Regional de Defensa de Cataluña provocó una insurrección que se extendió, con poco éxito, por algunos pueblos del País Valenciano y Aragón. Cuando ya estaba sofocada, comenzaron a llegar las noticias de disturbios en la provincia de Cádiz. El 10 de enero, el capitán Manuel Rojas recibió la orden de trasladarse desde Madrid a Jerez con su compañía de asalto para poner fin a la rebeldía anarquista. Pasaron la noche en el tren. Cuando llegaron a Jerez, la línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, una población de apenas dos mil habitantes a diecinueve kilómetros de Medina Sidonia. Grupos de campesinos afiliados a la CNT tomaron posiciones en el pueblo la madrugada del 11 de enero, siguiendo las instrucciones de los preparativos que se habían hecho por anarquistas de la comarca de Jerez, y cercaron con algunas pistolas y escopetas el cuartel de la guardia civil. Tres guardias y un sargento estaban dentro. Tras un intercambio de disparos, el sargento y otro guardia resultaron gravemente heridos. El primero murió al día siguiente; el segundo, unos días después.

A las dos de la tarde de ese 11 de enero, doce guardias al mando del sargento Anarte llegaron a Casas Viejas. Liberaron a los dos compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Muchos campesinos, temerosos de las represalias, huyeron. El resto se había encerrado en sus casas. Unas horas después, cuatro guardias civiles más y doce de asalto, mandados por el teniente Fernández Artal, se unieron a los que ya habían controlado la situación. Con la ayuda de los dos guardias que conocían a los vecinos del pueblo, el teniente comenzó la búsqueda de los rebeldes. Cogieron a dos y los golpearon hasta que señalaron a la familia de Francisco Cruz Gutiérrez, Seisdedos, un carbonero de setenta y dos años que acudía de vez en cuando al sindicato de la CNT pero que no había participado en la insurrección. Sí que lo habían hecho dos de sus hijos y su yerno que se refugiaron, tras el cerco del cuartel, en su casa, una choza de barro y piedra muy delgada.

El teniente ordenó que forzaran la puerta de la choza. Respondieron con disparos desde dentro y un guardia de asalto cayó muerto. A las diez de la noche llegaron refuerzos con granadas, rifles y una ametralladora. Empezaron el asalto con poco éxito. Unas horas después, se les unió el capitán Rojas, con cuarenta guardias de asalto, a quien Arturo Menéndez, director general de Seguridad, había ordenado se trasladara desde Jerez a Casas Viejas para acabar con la insurrección y “abrir fuego sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas”.

Rojas mandó incendiar la choza. En ese momento, algunos de sus ocupantes ya estaban muertos por las balas de los rifles y las ametralladoras. Dos fueron acribillados cuando salían huyendo del fuego. María Silva Cruz, La Libertaria, nieta de Seisdedos, salvó la vida al llevar un niño en brazos. Ocho muertos fue el saldo; seis de ellos quedaron calcinados dentro de la choza, entre quienes se encontraban Seisdedos, dos de sus hijos, su yerno y su nuera. Amanecía un nuevo día, 12 de enero de 1933.

Rojas envió un telegrama al director general de Seguridad: “Dos muertos. El resto de los revolucionarios atrapados en las llamas”. Le informaba también que continuaría con la búsqueda de los dirigentes del movimiento. Envió a tres patrullas a registrar las casas, acompañados por los dos guardias del cuartel de Casas Viejas. Nada más empezar, mataron a un viejo de setenta y cinco años que gritaba “¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!”. Apresaron a otros doce, de los cuales sólo uno había tomado parte en el levantamiento. Esposados, los arrastraron hasta la choza de Seisdedos. El capitán Rojas, que había estado bebiendo coñac en la taberna, empezó el tiroteo, seguido por otros guardias. Asesinaron a los doce. Poco después, abandonaron el pueblo. La masacre había concluido. Diecinueve hombre, dos mujeres y un niño murieron. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en el asalto a la choza de Seisdedos, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.

Decenas de campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió responsabilidades. “No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno”, declaró su presidente, Manuel Azaña, en el discurso a las Cortes del 2 de febrero de ese año. “En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir”. Frente a “un conflicto de rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado”, él no tenía otra receta, les repitió varias veces a los diputados, aunque se corriera el riesgo de que algún agente del orden pudiera excederse “en el cometido de sus funciones”. En cualquier caso, dijo ante el mismo escenario el 2 de marzo, en la política social del gobierno no estaban los orígenes de esas rebeliones contra el Estado, contra la República y contra el orden social: “Nosotros, este Gobierno, cualquier Gobierno, ¿hemos sembrado en España el anarquismo? (…) ¿Hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?”.

Pese a que algunos periódicos como ABC aplaudieron inicialmente el castigo dado a los revolucionarios, la animadversión desde las fuerzas de la derecha al Gobierno creció a palmos a partir de ese momento. La CNT, que lo único que sacó de aquellos hechos fueron más mártires para la causa, quedó muy dividida y debilitada, pero el gobierno republicano-socialista acabó desprestigiado y herido de muerte.

La oposición de la CNT privó a la República de un apoyo social fundamental. El radicalismo anarquista, no obstante, aunque contribuyó a extender la cultura del enfrentamiento, no fue el único movimiento, ni el más potente, que obstaculizó la consolidación de la República y de su proyecto reformista. Los grupos dominantes desplazados de las instituciones políticas con la llegada de la República reaccionaron muy pronto. En Casas Viejas, la brutalidad de los mecanismos de represión del Estado quedó al desnudo. Los gobiernos republicanos no supieron, o no pudieron, adaptar la administración de las fuerzas de orden público a un régimen democrático. Y vista así la historia, no es casualidad que el golpe de muerte a la República se lo dieran, en julio de 1936, desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2013/01/casas-viejas-ochenta-a%C3%B1os-despu%C3%A9s.html