Guatemala: Sobre el acuerdo insostenible y el derecho a la memoria
Al haber sido un país violador de derechos humanos en forma de políticas de contrainsurgencia, es un país donde el derecho a la memoria resulta fundamental
MARCELA GEREDA
Aunque reconozca el garrafal error, ya el Gobierno dejó claramente expuesta su mirada ante la Historia.
Dar marcha atrás sobre el Acuerdo 370-2012 era no solo sensato sino imprescindible. Una semana le tomó al Ejecutivo admitir la insensatez de querer limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los hechos ocurridos antes de 1987.
Aunque se retroceda, la sola posibilidad de echarse un acuerdo gubernativo tan insostenible y disparatador lanza un cuadro sombrío de una forma específica de concebir la realidad y la historia desde el propio gobierno actual. Revela también la voluntad de opacar y turbar el derecho y el deber a la memoria que tenemos como sociedad.
Aunque se reconozca el garrafal error, ya el Gobierno dejó claramente expuesta su mirada ante la historia. Manifiesta la capacidad de instaurar e institucionalizar la lógica militar, su desatino, su irracionalidad. Ya lo vimos con el cierre de los Archivos de la Paz, el Estado de Sitio en Barillas, la bárbara masacre en la Cumbre de Alaska, la injusta criminalización de la protesta, la captura y represión contra dirigentes comunitarios que se oponen a megaproyectos que ponen en venta manos y recursos. Su constante protección al sector empresarial y su incapacidad de respuesta ante las demandas y necesidades campesinas e indígenas.
Las cartas están echadas y cayó el telón. El tablero no nos da buenos resultados. El termómetro indica una temperatura peligrosa casi envenenada, la cual viene dada por representaciones equívocas y errores monumentales. Una definitiva negación de la memoria y de la justicia.
“Reparación” y “resarcimiento” parecen ser solo palabras frente a las vidas expulsadas para siempre del tiempo. ¿Cuánto dinero se gasta en armas y en balas y cuánto en restablecer material y simbólicamente los daños cometidos en el pasado?, ¿cuánto les cuesta entender a los militares que la paz con el pasado es un derecho de los seres humanos?
Guatemala, al haber sido un país violador de derechos humanos en forma de políticas de contrainsurgencia, es un país donde el derecho a la memoria resulta fundamental. Es un derecho a entender, comprender y elaborar los sucesos. Hacer justicia para configurar una posibilidad real de reconocimiento de temporalidades humanas. La memoria constituye el ámbito donde podemos rescatar el pasado como eje referencial de la vida personal como familiar. Al Gobierno de turno se le escapa que las vidas de hoy están repletas de pasados indecibles y de infiernos no sanados.
El derecho a la justicia es una forma de tratar con el pasado que da sentido a una experiencia colectiva. Que restablece lo que fue destruido. Todos los seres humanos somos relaciones sociales, productos históricos, hijos de un lugar y de un tiempo específico, productos de acontecimiento. Esto parecen olvidarlo quienes pretenden borrar la historia y la memoria y lavarle las manos a criminales y sacar del banquillo de los acusados –entre otros– a Ríos Montt.
Nuestra manera de estar en el mundo está condicionada por la historia, entendiéndola no solo como el pasado, sino como la relación entre pasado, presente y futuro. La memoria de los pueblos y de las personas se construye a partir del recuerdo de sucesos que marcan etapas de sus historias. La memoria sitúa a la persona en un contexto cultural, social e histórico. El peso del significado y simbolismo que se le da a la memoria determina la forma como las personas entienden el presente y también los horizontes de futuro.
El derecho a la memoria es imprescindible para el perdón y la reconciliación de cualquier sociedad. La memoria histórica posibilita recorrer caminos de justicia y comprender más y mejor el pasado. La memoria es clave para construir nuestra propia identidad y como un registro de los procesos vividos para no repetirlos, para que no vuelva a suceder.
Como sociedad tenemos derecho a la memoria y a la verdad. Tenemos derecho de ver a los grandes perpetradores de la impunidad y el genocidio tras las rejas. El derecho a la memoria supone compromiso y voluntad política. Se sugieren conmemoraciones, rituales, monumentos, difusión del REMHI, pues es en el derecho a la memoria donde reside la esperanza de convertir la memoria en discurso y desde ahí poder construir otro país. Es al conocer y comprender el pasado que se puede imaginar rutas para el futuro.
