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“Los crímenes del Franquismo no quedarán impunes en la querella argentina”

Ana Costoya Viqueira. Feminicidio.net, 19/02/2013 | 22 febrero 2013

_PrFeminicidio_NetEntrevista a Carlos Slepoy

 

“Manuel Fraga Iribarne no ha sido imputado porque ha muerto. Respecto a los demás que han tenido responsabilidades equiparables a las que él tuvo en el franquismo, seguramente habrá novedades en un futuro”. Con el objetivo de terminar con la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista, el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, se inicia el 14 de abril del 2010 una querella dispuesta a juzgar en Argentina los crímenes cometidos en el franquismo. Ex presas y ex presos políticos, fusilados, apropiación de niñas y niños, trabajo esclavo y familiares de quienes han sido asesinados, todas las personas que han sufrido la represión franquista están uniendo fuerzas en esta querella ya que el Estado español está archivando todos los casos o bien dejándolos en un limbo legal en que la denuncia cumple años sin llegar a investigación o juicio alguno. Aunque en esta querella la colaboración española es nula, Carlos Slepoy, abogado que trabaja desde su inicio en este proceso judicial, junto la jueza María Servini que la encabeza, hace posible este camino hacia el juicio al Franquismo.

España, Galicia –  Las acciones desde el otro lado del charco se inician cuando el juez español Baltasar Garzón es procesado por prevaricación en 2008 por su investigación sobre los crímenes del franquismo, en la que colaboraron historiadores de la talla de Ricard Vinyes. Entre los españoles emigrados a Argentina víctimas de la represión franquista surgió con fuerza la intención de emprender una acción a través del principio de Justicia Universal.

Este principio jurídico permite a los tribunales de justicia de cualquier país del mundo tener competencia para investigar crímenes contra la humanidad cometidos en otro país, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios o el interés particular del Estado. De este modo, la jueza María Servini de Cubría y su equipo de abogados, actúan en nombre y representación de la comunidad internacional al encabezar esta querella contra los crímenes franquistas. Carlos Slepoy, además de ser uno de los abogados actuales que conducen esta acción judicial, es una de las personas que vio y participó en el nacimiento de la querella.

 

– Cómo surgió esta querella?

– Personalmente, en un viaje a Argentina, comenté en una entrevista periodística que sería muy importante que desde allí se iniciara un proceso del mismo modo que se había realizado en España a través de Garzón, y la administración de justicia española, en relación con los crímenes cometidos en Argentina, Chile y otros países de América del Sur. A raíz de ello nos unimos compañeros que estábamos pensando en este tema, nos reunimos, y decidimos interponer una querella. Del mismo modo que las investigaciones llevadas a cabo desde España en su momento por el juez Garzón, constituyeron un enorme estímulo para el fin de la impunidad en estos países, confiamos en que la querella argentina cumpla igual objetivo.

– Si bien, con la prevaricación de Garzón y, como fue expresado en el sumario de 2008, las denuncias fueron derivadas a las Juzgados Territoriales y, la mayoría de ellas, han quedado en medio de un limbo judicial en el que la denuncia no se mueve. ¿Qué pueden hacer esas personas?

– Desde luego llevar a cabo todo tipo de iniciativas, que las hay y muchas, tanto dentro como fuera de España. La de participar en la querella es una de ellas y de enorme importancia. Todas las personas afectadas por los crímenes del franquismo pueden ser parte de la querella. No hay límite alguno.

La previsión es que en ésta se adopten todo tipo de medidas, entre otras el dictado de órdenes internacionales de detención, tal como hizo Garzón en su día respecto de muchos responsables de crímenes en Argentina y Chile.

– Vosotros, con esta querella, ¿estáis sufriendo represalias?

– No represalias pero sí trabas, como era de prever. Por parte de la justicia argentina se pidió la colaboración a través del envío de dos Comisiones Rogatorias a las autoridades españolas pero se han negado a prestarla.

– En la primera se solicitaba información acerca de si se estaban investigando los crímenes del franquismo y, en su caso, cuáles eran los tribunales que lo estaban haciendo. Contestó la Fiscalía General del Estado español mediante un informe en el que afirmaba que existían múltiples investigaciones.

– Contestamos a este informe acreditando que se trataba de una falacia absoluta porque en realidad todos los procedimientos se estaban archivando bajo el insostenible argumento que los delitos estaban prescritos, que los responsables ya habían muerto o que la ley de Amnistía impedía investigarlos.

– Ante el mismo, la jueza a cargo del procedimiento envió una nueva Comisión Rogatoria, esta vez con numerosas peticiones, entre ellas que se le informara sobre los datos de filiación, fe de vida y residencia de numerosos responsables. Nuevamente fue contestada negativamente, reiterándose las mismas afirmaciones que en la contestación anterior, a la que se agregaba la insólita sugerencia de que la jueza remitiera sus actuaciones a España para ser acompañadas a supuestos y fantasmales procedimientos.

– En esta situación nos encontramos actualmente. Se siguen presentando muchas querellas, se está tomando testimonio a víctimas y se prevé que próximamente se lo haga a través del sistema de videoconferencia para quienes no puedan viajar desde España a Argentina. Por otra parte, vamos a presentar un escrito solicitando la imputación de varios responsables que están vivos.

– ¿Cuántas de las personas responsables de crímenes franquistas en España están vivas?

– Hay que tener en cuenta que la querella argentina no se refiere solo a la época de la guerra civil y la inmediata posguerra sino que abarca toda la dictadura franquista: desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio del 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Hay muchísimos responsables que están vivos: ministros, torturadores, policías, gente que participó en asesinatos, apropiadores de niños… Y hay muchas pruebas.

– El procedimiento está en marcha y nuestra vocación es que se los detenga y extradite a Argentina para ser juzgados allí donde se los encuentre, incluida España por supuesto.

– Obviamente contamos con que el gobierno español se va a negar a colaborar. Pero ello acreditará que no sólo se impide que puedan ser juzgados en España sino que también se pretende que no sean sometidos a la justicia en cualquier otro lugar. En definitiva, que se los protege. España se convertirá así en el único refugio con que cuenten los grandes criminales y quedará aún más en evidencia ante la comunidad internacional. Esta situación, además, estimulará a las víctimas en la lucha que están librando para terminar con la impunidad del franquismo.

– ¿Tenéis apoyo internacional?

– La querella y sus principios han sido bastante difundidos. Hemos participado en diversas actividades en países de Europa y América, y, en general, todo el mundo manifiesta adhesión a la misma.

– Es la única alternativa judicial planteada en el mundo en este momento, aunque confiamos que con el tiempo se sumen tribunales de otros países. Lamentablemente, y por ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto no tramitar las denuncias que se le presentaron. Por tanto, esta es la única vía judicial que está abierta y confiamos en que, a medida que vaya avanzando, tenga cada vez más apoyos.

CÓMO FUNCIONA: “Quien tenga un crimen que denunciar puede unirse a la causa”

– ¿A la querella se pueden unir tanto asociaciones como personas particulares?

– Efectivamente, pueden hacerlo tanto personas individuales como asociaciones. Hay muchas de éstas últimas que ya forman parte. Desde asociaciones de víctimas, que son la mayoría, hasta aquellas que expresan su apoyo en el entendimiento de que el plan criminal afectó al conjunto de la sociedad española como es, por poner un ejemplo, Ecologistas en Acción u otro tipo de asociaciones que denuncian el genocidio que se cometió en España.

– Con esto, ¿la suerte de cada caso será particular o irán todos en conjunto?

– Es un único procedimiento. Exactamente igual a como se elaboró desde España, con Garzón, para investigar los crímenes ocurridos en Argentina. Todo el que tenga un crimen que denunciar puede interponer una querella o una denuncia que se une a la causa.

– Qué perfiles de denuncias se incluyen en la querella?

– Las primeras fueron presentadas por familiares de víctimas españolas residentes en Argentina, organismos argentinos de derechos humanos y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de España. Poco después familiares de víctimas y asociaciones que participaron en las investigaciones del juez Baltasar Garzón, es decir de personas fusiladas o desaparecidas en la guerra civil o inmediatamente después; ex presos políticos reprimidos y torturados; familiares de niñas y niños apropiados a lo largo de toda la dictadura; víctimas de trabajo esclavo; personas cuyos familiares han sido asesinados en manifestaciones o en actos contra el franquismo, etc. Próximamente también se va a incorporar un grupo de mujeres que estuvieron en los preventorios, colonias infantiles creadas en el franquismo. La participación en la querella es muy masiva.

GALICIA: Sin frente de guerra pero con crímenes genocidas bajo el Franquismo

– Galicia: más de 5.000 casos en la querella y se cuentan alrededor de 25.000 los asesinados. No había frente de guerra aquí mas eso no impidió que hubiese un fuerte genocidio. ¿Ocurrió lo mismo en otros territorios del Estado?

– Como en Galicia son muchas las poblaciones en las que no hubo guerra pero que también sufrieron masacres a manos de los sublevados franquistas. Así ocurrió en partes de Aragón, el País Vasco, Andalucía, la actual Castilla-León, la provincia de Cáceres, las islas Baleares y Canarias, entre otros.

– Feminicidio.net está investigando la memoria histórica de las mujeres en Galicia. ¿ Cuántos casos de los que llevan son mujeres?

– Muchas. Hay mucha gente preparando sus denuncias, tanto hombres como mujeres. La mayoría de las mujeres que se están uniendo son familiares de desaparecidos o asesinados, víctimas de la trama de niñas y niños robados y ex presas políticas. No se están denunciando tanto los hechos de violencia específica contra las mujeres, como violaciones por ejemplo.

– Extraña porque, según la documentación, la violencia contra las mujeres fue brutal.

– Sin duda. Pero por diversos factores a las mujeres les cuesta manifestar públicamente que han sido objeto de agresiones sexuales, en especial cuando sienten que su denuncia no tendrá efectos positivos. Pero esto es cuestión de tiempo. En Argentina sólo desde hace pocos años, y al calor de los procesos que se han iniciado y las sentencias que se están dictando, las mujeres comienzan a hablar de las vejaciones sexuales de que fueron objeto, a punto tal que ya hay tribunales que emitido condenas al respecto considerándolas como un crimen contra la humanidad específico.

– Además, hubo 77 mujeres asesinadas, y en torno a 351 víctimas si le sumamos las represaliadas. ¿Cómo pueden unirse a la querella las familias que quieran denunciar este hecho y qué documentos o pruebas necesitan?

– Para ser querellantes tienen que otorgar un poder ante notario a favor de los abogados que están allá, o interponer una denuncia, a redactar un testimonio de lo que les ha ocurrido y acompañarlos con toda la documentación que tengan. Nosotros, los abogados que estamos en España y que estamos en contacto cotidiano con las asociaciones de personas implicadas, lo canalizamos.

– De un modo conjunto, investigamos el robo de niñas y niños en Galicia, tanto en el franquismo, como en el postfranquismo. ¿Considera esta práctica un producto o consecuencia de un sistema de represión genocida que después, además, se transformó en lucro?

– Sí. Imagínate en Argentina fueron aproximadamente 500, en el Estado español son decenas de miles. Se trata de una conducta típica genocida. Se priva a las niñas y niños de su identidad y se sustituye por la que imprime el apropiador. Se enmarca en una política deliberada que tiene la intención de erradicar de la sociedad a determinados grupos humanos – que el represor estima nocivos -, con el afán de crear un nuevo Estado o nación. La apropiación de niños y niñas por parte del Régimen es una conducta típica del accionar genocida del franquismo.

– ¿Cuántos casos de apropiación de niñas y niños se están añadiendo a la querella?

– Se han presentado varias organizaciones. Garzón señaló en sus resoluciones que desde el comienzo de la guerra civil, y más específicamente una vez terminada ésta, y hasta 1.950 hubo más de 30.000 niños apropiados a través de un plan legalizado. Pero esta apropiación legalizada de apropiación de hijos e hijas de mujeres republicanas presas se transformó luego en práctica sistemática hasta comienzos de los años 90. En esta segunda etapa con ánimo de lucro y aprovechando las instituciones y funcionarios del Estado que fueron autores, cómplices o encubridores de estos crímenes. Su número es incalculable. Hay quienes cifran en más 150.000 los niños y las niñas robadas y con su identidad sustituida. No se sabe con certeza porque hay un ocultamiento absolutamente consciente y premeditado para que los hechos no sean investigados como la acción de una trama delictiva.

– Para ejemplarizarlo con un caso que tratamos: el de la madre de Mari Carmen Portas ocurrido en 1963. Declararon a su hijo muerto a las 5 y media de la mañana y, cuando lo pidió ver, le comunicaron que ya se lo habían llevado. No le dieron nada. Ahora se dan cuenta de que el niño no figura ni en defunciones, abortos ni nacimientos. Ni siquiera la madre está registrada ese día como ingreso en el hospital. Esta mujer presentó una denuncia en la Fiscalía de Pontevedra. La aprobaron y está en Diligencias de Investigación. De ahí no se ha movido. Ella, en su investigación personal, cree haber encontrado al hermano pero se niega a hacer las pruebas del ADN. Va a cumplir un año de esta situación. ¿Qué pueden hacer?

– Casos como este se están presentando y uniendo a la querella. Sus propias madres, padres o hermanos, acuden a denunciarlo. Lo que acabas de describir tiene los rasgos de un caso generalizado de apropiación de niños. Son casos que envuelven a determinados médicos, monjas, parteras, funcionarios y de un modo tan generalizado que resulta evidente que no pudieron actuar sin el concurso de instituciones del Estado. Ha sido un sistema estructurado, no se trata de casos individuales y asilados. Esto también forma parte de la querella y los afectados están incorporándose a la causa.

– ¿Ella podría incluir su caso a la querella para denunciar esta situación?

– Desde luego que podría hacerlo.

EL FUTURO DE LA QUERELLA: “Echar luz sobre los beneficiarios que hoy mantienen importantes cuotas de poder”

– ¿Cuál es el futuro próximo de esta querella?

– Por una parte se prevé la realización de videoconferencias para recabar testimonios en los primeros meses de este año. Por otro, estamos redactando un escrito para pedir la imputación de determinados responsables. Estos procedimientos, a medida que se va profundizando en la investigación, van abriendo nuevas posibilidades. De momento, esto es todo lo que puedo decir.

– ¿Cuál es el método a seguir con los responsables que ya han fallecido?

– Obviamente no puede haber una acción penal contra una persona que está muerta, más las personas afectadas tienen derecho a saber la verdad. Que la querella ponga en evidencia los crímenes que se han cometido contra determinadas personas y quienes los han cometido es muy positivo para las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional.

– Por otra parte la extinción de la responsabilidad penal no implica la de la civil. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a ser indemnizados por los daños sufridos. De otro lado los crímenes también venían acompañados en muchos casos de otras consecuencias como la sustracción de bienes. Los herederos de los responsables deberían responder en este caso.

– ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española esta querella?

– Como ocurre de modo individual, con cada persona, para una sociedad es fundamental que se conozca la verdad. De lo contrario las consecuencias del genocidio permanecen. Por consiguiente lo que se propone también el proceso judicial es desarrollar el mecanismo de la memoria y del conocimiento de la verdad, así como echar luz sobre muchos de los responsables y/o beneficiarios que actualmente mantienen importantes cuotas de poder.

– Es muy importante que la sociedad conozca lo que ha pasado y pueda elaborarlo colectivamente. Fortalece la democracia. La verdadera democracia no niega la justicia, antes bien la promueve, cuanto más cuando hablamos de un genocidio. La justicia es una parodia si se niega a investigar crímenes de esta naturaleza.

LA QUERELLA EN EL DERECHO INTERNACIONAL: “El descrédito de la justicia española es mayúsculo”

– ¿Cómo se ve desde el derecho internacional que Fraga Iribarne, ministro y vicepresidente en el franquismo, gobernase en la llamada democracia Galicia durante 16 años? Y qué Martín Villa, durante el franquismo ocupó diferentes cargos, entre otros, Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (1962-1964), Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Barcelona (1974), Ministro de Relaciones Sindicales (1975) y procurador en Cortes, ahora es proclamado nuevo consejero del Banco Malo (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, el banco malo)?

– Es la demostración de la continuidad. Esto ha sido posible porque se ha desarrollado una política deliberada, no para escuchar a las víctimas del franquismo y castigar a los criminales, sino para garantizar su impunidad. Fraga no ha sido imputado porque ha muerto. Respecto de los demás que han tenido responsabilidades equiparables a las que él tuvo, seguramente habrá novedades en un futuro.

– Además, bajo su responsabilidad se han cometido asesinatos. Imputarlos desde la querella es una forma de acabar con esa impunidad. ¿Podrían denunciarse a través de la querella?

– Es que de eso se trata. Y de procesarlos si hay indicios sólidos de su responsabilidad criminal.

– Acabar con la impunidad de este tipo de crímenes no es tarea sencilla. Los Estados suelen proteger a quienes han cometido delitos desde el propio Estado. Aunque cambien los gobiernos, sea por complicidad o por cobardía, la historia acredita que los gobiernos democráticos que suceden a dictaduras procuran dejar impunes este tipo de crímenes. Pero también demuestra que cuando hay una sociedad que no se resigna y lucha porque se haga justicia, ésta finalmente se consigue. La querella argentina es reflejo de esta lucha y, a su vez, la potencia. No es desde luego, y felizmente, su única expresión. Pero sí una importante y puede colaborar eficazmente para poner fin a la impunidad de los crímenes del franquismo.

– El Estado español está necesitando que sea un país externo el que acuda a juzgar los crímenes franquistas. ¿Qué crédito tiene la justicia española a nivel internacional?

– Es una vergüenza lo que está ocurriendo con la justicia española. Pocos casos se registran en los que, por parte de una institución tan fundamental como es el Tribunal Supremo, se sancione la impunidad de este tipo de crímenes. Además, y como caso único en la historia moderna, ha llegado al colmo de procesar a un juez por defender los derechos humanos.

– La justicia española y el Tribunal Supremo habían ganado mucho prestigio con el procesamiento y persecución internacional de militares chilenos y argentinos, la condena al marino argentino Scilingo o la detención de Pinochet. Pero ha sufrido una enorme involución. Su descrédito es mayúsculo.

– La “transición española” ha dado cosas como la “Ley de Amnistía de 1977”, denunciada hasta 3 veces por organismos de poder internacional como es, por ejemplo, la ONU. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para la sociedad española de hoy en día?

– Con esta ley la sociedad no pretendía de ninguna manera – y aunque lo hubiera querido sería irrelevante desde el derecho -, que fuera utilizada para no juzgar a los criminales franquistas.

– El Tribunal Supremo resolvió que estos crímenes no pueden ser investigados en España, esta es su conclusión, entre otras causas, por la ley de Amnistía. Pero sin perjuicio de que sería positiva su anulación, y en efecto ello ha sido reclamado desde varias instancias internacionales, nada impide juzgar a los responsables aun subsistiendo dicha ley.

– ¿Cómo se ha interpretado desde fuera que el gobierno español haya reducido los fondos para la Memoria Histórica a 0 euros?

– Hay una identificación de muchos sectores del actual gobierno con el franquismo. Ya con el PSOE se tomaron medidas insuficientes, pero ahora, con el PP, es evidente que no hay ningún interés en que se sepa la verdad y que las víctimas tengan reparación.

– ¿Es la Memoria Histórica una herida en el Estado español que continua sangrando?

– Efectivamente, no hay ninguna duda. Y va a seguir existiendo en la medida en que no haya justicia. Estoy convencido de que esto no lo van a poder parar. Hay un reclamo profundo en la sociedad española que se expresa a través de algunas personas y asociaciones, pero que representan a millones. En la medida en que mantenga la presión social y se avance se oirán más y más voces reclamando más y más justicia.

– Desde su punto de vista como abogado, experto en derecho internacional, conocedor de los crímenes franquistas, y perteneciente a un país que sufrió unas características similares, ¿qué recomienda a la sociedad española hacer ante la impunidad de los crímenes que se han cometido a lo largo de décadas bajo el gobierno del dictador Francisco Franco?

– No me siento autorizado para recomendar, sino para compartir. Lo importante es que en España ha surgido con fuerza el reclamo de justicia y todo hace suponer que, lejos de atenuarse, se incrementará. Durante mucho tiempo permaneció larvado, pero ha salido a la superficie y se ha convertido en acción. Hay que redoblar los esfuerzos para que cada vez más personas y organizaciones se incorporen a esta lucha por la dignidad y la plena vigencia de los derechos humanos.

– No va a haber reparación y tampoco va a haber justicia si esto no lo consigue la sociedad española. Cada sociedad tiene su tiempo, tiene sus momentos, y no se pueden comparar una y otra. En Argentina, en este momento, hay 370 condenados y más de mil procesados, sin embargo hace unos años parecía absolutamente imposible algo así. Y esto ha sido producto, fundamentalmente, de la lucha social. O sea, a no cejar en el empeño y ¡ánimo!

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