Depende de la cultura política de la Transición que intentó echar un manto de olvido sobre los crímenes del franquismo

 

Se espera que estos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifique que la llamada “Doctrina Parot” ha sido un abuso judicial para estirar el cumplimiento de las condenas más allá de lo previsto por la legalidad. Ello hará que varias decenas de presos salgan en libertad tras haber pasado cerca de veinte años en prisión: todos ellos condenados por delitos gravísimos (delitos sexuales y delitos de terrorismo básicamente). El aparato del Estado lleva tiempo presionando para evitar que el Tribunal de Estrasburgo ratifique su primera sentencia (unánime) y llevamos unos días de campaña en los medios controlados por el gobierno que no paran de criticar la posible salida de la cárcel de estos criminales denunciando la supuesta impunidad.

No pretendo aquí discutir si 20 años de cárcel son suficientes o no por brutal que haya sido un crimen. Lo que es indiscutible es que 20 años de cárcel no es “impunidad” sino un castigo duro por mucho que haya quien pueda pensar que tales crímenes merecieran castigos más duros aún.

Estamos conociendo, a través de un vídeo en El País, imágenes de torturas de soldados españoles a un detenido en Irak en 2004: algo sorprendente dado que siempre nos contaron que no habíamos participado en aquella guerra sino que habíamos colaborado en la reconstrucción de Irak y que por eso nuestros soldados son tan queridos en todo el mundo. El vídeo se hace público justo en el décimo aniversario del comienzo de las bombas que se decidieron ilegalmente en la cumbre de las Azores y que destrozaron Irak y mataron a 116.903 civiles según los últimos estudios. El 8 de abril se cumplirá una década desde que el ejército estadounidense preparara la toma de Bagdad generando primero terror en la prensa: bombardeando allí donde estaban los periodistas de Al Jazeera y Abu Dabi TV y finalmente disparando contra el Hotel Palestina asesinando a dos periodistas, el ucraniano Taras Protsyuk y el español José Couso.

Ninguno de estos crímenes han sido juzgados: la responsabilidad criminal de José María Aznar (presidente del gobierno y coprotagonista de la cumbre de las Azores) ni la de sus cómplices ha sido nunca depurada. Hemos conocido por los papeles de Wikileaks que en el caso del asesinato de José Couso no sólo se están poniendo las evidentes trabas a la investigación judicial sino que se puso el aparato del Estado al servicio de la embajada estadounidense para garantizar la impunidad de los asesinos. Nadie espera que los militares que vemos en el vídeo de El País torturando a un detenido sean juzgados y condenados y, en el dudoso caso de que lo sean, tenemos la certidumbre de que, como todo condenado por torturas, será inmediatamente indultado.

Esa sí es impunidad y lo peor es que no depende de un tribunal europeo sino de la cultura política de la Transición que intentó echar un manto de olvido sobre los crímenes del franquismo (¿alguien los considera menos graves que los de cualquier terrorista que pueda salir de la cárcel ahora que se anula la doctrina Parot?). A partir de ahí la impunidad para los crímenes de Estado ha sido continua: cada pocos meses tenemos nuevos informes de la ONU y Amnistía Internacional que denuncian la impunidad de la tortura en España o nos levantamos con un indulto del gobierno a mossos torturadores.

Los crímenes cometidos por el poder político y económico quedan siempre  impunes: ni las guerras ni el saqueo ni la violencia de Estado es nunca castigada y si lo es se activa pronto la maquinaria para que el castigo sea leve. Está en la genética de nuestro régimen de la Transición y será así hasta el fin del mismo.

Mientras escuchamos que 20 años de cárcel equivale a la impunidad, muchos nos veríamos colmados si los responsables de crímenes masivos, prolongados en el tiempo y que también han causado terrible sufrimiento tuvieran algún castigo, no ya los 30 o 40 años que piden quienes hablan de “impunidad” sino con 3 o 4. Nos sentiríamos al menos un poco más tranquilos si los criminales no hubieran mantenido puestos de gran honor en nuestro Estado, si los responsables de crímenes no estuvieran haciendo caja por todo el mundo y dando lecciones de estadismo, si, qué menos, no viéramos a nuestro Estado volcado en amparar a los criminales.

Busquen la impunidad donde la hay: en los cimientos de un aparato estatal podrido.

http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2013/03/17/la-marca-espana-es-la-impunidad/