«Firmabas lo que fuera con tal de no volver a ser torturado»
Lucio de la Nava relata cómo él y sus compañeros acusados sin pruebas de tratar de volar el Valle de los CaÃdos
PATRICIA CAMPELO MADRID 09/05/2013
Lucio de la Nava, vÃctima que apoya la querella argentina contra el franquismo, relata el calvario y cárcel que vivieron él y sus compañeros acusados sin pruebas de delitos con tratar de volar el Valle de los CaÃdos
«Echaban garbanzos en el suelo, te obligaban a ponerte de rodillas y se te echaban encima para que se te clavaran aún más». Esta práctica que relata el ex preso polÃtico Lucio de la Nava, de 73 años, es conocida por quienes pasaron por los calabozos de la antigua Dirección General de Seguridad, DGS, el mismo lugar que hoy alberga la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. En los sótanos del edificio del popular reloj de la Puerta del Sol aún deben resonar los ecos de las torturas. Lucio muestra sus manos a la vez que obliga a fijar la vista en las cicatrices que le dejaron los cigarros que ahà le apagaban los policÃas de la brigada polÃtica social encargados de extraer, a golpes, confesiones a jóvenes de izquierdas. Y lo conseguÃan, calibrando los lÃmites del cuerpo humano ante el dolor.
De este modo, cuando el acusado llegaba ante el juez, firmaba lo que fuera con tal de no volver a las dependencias de la policÃa franquista. Sobre Lucio y sus once compañeros de expediente recayeron varias acusaciones en el consejo de guerra sumarÃsimo que les juzgó el 20 de octubre de 1962: asociación ilÃcita, bandidaje y terrorismo. Ninguna pudo probarse.
Sánchez Ruano visitaba el Valle de los CaÃdos con unos turistas el dÃa que explosionó la bomba Fueron detenidos entre agosto y septiembre de 1962 tras la explosión de un artefacto en el Valle de los CaÃdos que no ocasionó daños. La bomba no la puso ninguno de los doce, pero uno de ellos, Francisco Sánchez Ruano, ya fallecido, guiaba a unos turistas franceses y americanos en el recinto de Cuelgamuros ese mismo dÃa. «Él ya estaba identificado como un librepensador porque hizo la mili con un infiltrado de los servicios de información militar del franquismo», detalla Lucio. «Hablaba bien francés, y solÃa hacer intercambios culturales entre España y Francia».
El dÃa que explosionó el artefacto, sólo hizo falta que Sánchez Ruano estuviera allÃ. «Cerraron el recinto, les identificaron y a él lo acusaron de haber puesto la bomba», esclarece Lucio.
Sánchez Ruano fue condenado a 28 años –cumplió once– en el mismo consejo de guerra que dictó ocho años para Lucio –cumplió dos y medio– y otras condenas de entre 12 y 8 años para el resto de integrantes del expediente. En 2004, Sánchez Ruano trató de revisar su sentencia después de que Antonio MartÃn y Paul Denais, militantes anarquistas, se identificaran como los responsables de la bomba en el Valle de Cuelgamuros. Acudió al Supremo con los dos autores materiales de los hechos, pero el Alto Tribunal rechazó su petición en 2006.
Lucio y sus compañeros estaban vinculados a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). «La intención del régimen era demostrar que era fuerte y que no permitÃa movimientos que contradijeran sus posturas», opina. La teorÃa que este militante antifranquista mantiene hoy en dÃa para explicar cómo fueron cayendo sus compañeros es la que asegura que un infiltrado de los servicios de información les delató a todos, ya que «un dÃa desapareció [el infiltrado], y a partir de ahà comenzaron las detenciones». Con esta persona que supuestamente trabajaba para la dictadura, Lucio y otros jóvenes elaboraron el periódico Libertad, un panfleto de cuatro páginas que editaban por las noches con una multicopista. «Nos servÃa para denunciar los abusos del régimen».
En la primavera de 1962, solÃan reunirse en un bar en las cercanÃas del madrileño puente de Toledo para preparar la ayuda a los trabajadores de las cuencas mineras de Asturias que se disponÃan a ir a la huelga en abril y mayo de ese año. «RecogÃamos dinero en nuestros trabajos y donde podÃamos para mandar a las familias de los mineros, porque dos meses sin trabajar y sin cobrar les suponÃa pasar mucha hambre».
Un consejo de guerra sumarÃsimo en 1962
Tras pasar siete dÃas detenido en la DGS, «con una media de unas cinco palizas diarias», Lucio pasó a disposición judicial. TenÃa 22 años. Pensó, al verse delante del juez, que podrÃa relatarle el calvario padecido y su versión de los hechos. «Le conté que me habÃan torturado, y él cogió un flexo y me pegó en la cabeza a la vez que me decÃa que tenÃan que haberme matado». Las palabras que pronunció el juez a continuación, Lucio las recuerda con claridad: «Hizo pasar a los policÃas de la brigada polÃtico social y les dijo, ‘llévense a este elemento de nuevo a la DGS, suavÃcenlo convenientemente y cuando hayan terminado me lo traen para que firme'». «No me vi capaz de volver a soportar esas torturas, y firmé en el momento lo que me dieron», concluye.
De aquella estancia en la DGS, Lucio conserva los problemas de audición provocados por un golpe en los oÃdos propinado por el jefe de la brigada. «Me destrozó los tÃmpanos y desde entonces no oigo bien; me han tenido que operar varias veces», lamenta.
Los supervivientes de aquel consejo de guerra siguen viéndose cada semana El consejo de guerra que les condenó comenzó con escasas garantÃas. Su abogado defensor –un militar de baja graduación que escogieron de entre un listado– les aseguró que estaba en contra de defender a los rojos. En su alegato de defensa, se quejó del artÃculo que se les habÃan aplicado para determinar las penas, alegando que existÃa otro por el que se les podÃan dictar más años de cárcel. «Nos preguntó que por qué le habÃamos elegido a él, que le habÃamos hundido la carrera». Lucio y sus compañeros pensaron que al tratarse de un militar de baja graduación, harÃa una defensa menos dura contra ellos.
La sentencia no concretó el delito y dejó dudas sobre la autorÃa del mismo: «El párrafo final del testimonio de condena dice que ‘no ha podido probarse que hayan sido autores materiales o intelectuales del hecho que se les acusa, pero por si acaso hubiesen sido, debemos condenar y condenados'».
En los juicios militares del franquismo, probar los hechos no era la cuestión más relevante. En el proceso que condenó a muerte a Granado y Delgado en 1963 por un artefacto que estalló en la DGS sin heridos graves, tampoco se corroboró la autorÃa.
La sentencia dejó dudas sobre la autorÃa de los hechos Según reconoció el propio jefe de los servicios de información de la policÃa franquista en aquel momento, el general Eduardo Blanco, cabÃa la posibilidad «de que no hubiesen sido ellos y que hubiera sido cualquier otro grupillo que desapareció o cruzó la frontera», dijo a cámara en un documental de Gomà y Montanyà en 1995. «De lo que yo tengo seguridad es que el consejo de guerra que los juzgó lo hizo en plena conciencia pensando que eran ellos; además, el resto de la policÃa estaba convencida de que eran ellos porque ligó el explosivo con la captura de unos señores de esta mentalidad que tenÃan además en su poder unos explosivos. Este razonamiento fue suficiente para la policÃa, no ahondó más, lo dejó todo para el consejo de guerra y para los militares que tuvieran que juzgarlos», añadió.
Entre los condenados en el mismo expediente de Lucio habÃa una mujer, Francisca Román, para quien dictaron 16 años y cumplió cinco en el penal de Burgos. «Hoy sufre Alzheimer y apenas tiene ráfagas cortas de memoria». En el 50 aniversario de su consejo de guerra, el pasado 20 de octubre, se reunieron los supervivientes y fueron a visitar a Francisca. «Aún mantenemos la amistad», apunta Lucio.
La represión laboral
Tras cumplir condena, se sucedieron unos episodios en la vida de Lucio que aún hoy rememora con los ojos hundidos en lágrimas. Las torturas y los dos años y medio de condena injusta dieron paso a los problemas para acceder a un puesto de trabajo. «Estudié maestrÃa industrial, y cuando salà de prisión aprobé unas oposiciones de Telefónica para cambiar las antiguas centrales de telefonÃa».
Tras un curso de adaptación de tres meses, se incorporó a la central del paso de Extremadura, en Madrid. Duró dos horas en su puesto de trabajo. «A eso de las 10 de la mañana, el jefe me dijo que fuera a la central de Gran VÃa para aclarar algo». Allà le enseñaron una carta de la DGS en la que se decÃa que Lucio era un peligroso terrorista y que podÃa ocasionar daños en las telecomunicaciones. «Me pagaron un mes y se disculparon por no poder mantenerme en mi puesto de trabajo. Ahà empezó mi calvario».
Lució conserva problemas de audición de las palizas que recibió en la DGS Con el tiempo, se presentó a otra oposición para la petroquÃmica de Tarragona. De los nueve puestos convocados, Lucio quedó en el segundo mejor. «Tres dÃas antes de irme, un telegrama urgente me decÃa que me pasase por las oficinas centrales, en Bilbao». Allà le sacaron una misiva parecida de la DGS en la que hacÃan responsable a la petroquÃmica de los actos que Lucio pudiera cometer.
Con rabia contenida se presentó ante el jefe de la Dirección General de Seguridad de entonces. «Tengo que ganarme la vida», le espetó. El policÃa franquista le contestó que se olvidara de trabajar en ningún puesto técnico, y que le querÃa ver «picando piedras en las carreteras», según recuerda Lucio. Pero no se cumplió ese augurio, ya que tras realizar un curso de marketing, terminó llevando la dirección regional de ventas de una gran empresa.
Lucio nunca abandonó la militancia antifranquista, y ahora se ha sumando con otros compañeros de su consejo de guerra a la querella argentina contra el franquismo, un proceso judicial que se ha visto interrumpido ante la negativa del ministerio de Exteriores a que la jueza Servini tome declaración por videoconferencia desde Buenos Aires a doce testigos.
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