El PSOE pisa el acelerador de la memoria histórica y ya se cuestiona la Ley de AmnistÃa de 1977
Los socialistas andaluces estudian promover una moción parlamentaria de adhesión a la querella argentina
Los socialistas andaluces estudian promover una moción parlamentaria de adhesión a la querella argentina por los crÃmenes del franquismo, igual que acaba de hacer el Parlamento vasco, y comienza a extenderse la idea de que habrá que derogar la ‘ley de punto final’ española que impide enjuiciarlos
RAFAEL GUERRERO Sevilla 21/06/2013
Al final habrá que derogar la Ley de AmnistÃa». Asà se ha expresado públicamente Carlos Perales, coordinador de los grupos de memoria histórica del PSOE de AndalucÃa. Una afirmación inédita en un dirigente socialista que confirma que algo sustancial está cambiando en la polÃtica memorialista de este partido que, hasta la presente, no se habÃa atrevido a cuestionar la ley de punto final española de 1977 que impide enjuiciar el genocidio franquista.
Distintas evidencias confluyen para abonar la idea de que el PSOE ha decidido pisar el acelerador de la memoria histórica tras haber constatado el fracaso de la Ley de Memoria Histórica impulsada por Zapatero y aprobada a finales de 2007, con la oposición de un PP que tras ganar las elecciones de 2011 la ha terminado de vaciar de contenido. El hecho más llamativo y novedoso a nivel institucional proviene del Parlamento vasco que, con una mayorÃa de votos nacionalista y socialista, acaba de aprobar esta semana una moción de adhesión a la querella argentina para investigar los crÃmenes del franquismo. El resto de los indicios del giro de la polÃtica memorialista del PSOE surge de AndalucÃa, la comunidad más poblada de España que con el Gobierno de coalición PSOE-IU ha visto acentuada su tradicional gestión polÃtica de izquierdas.
«Con el PSOE en el Gobierno se tomaban medidas memorialistas y el partido quedaba al margen de la polÃtica global de la memoria»
Con el debate parlamentario del proyecto de Ley de Memoria Democrática previsto tras el verano, los socialistas andaluces cambian el chip para replantearse sus objetivos y sus lÃmites. Desde primero de año se han reactivado los grupos de memoria histórica creados hace 5 años y que permanecieron después aletargados sin reunirse. «Con el PSOE gobernando en España y en AndalucÃa, se tomaban medidas memorialistas y el partido quedaba al margen de la polÃtica global de la memoria», confiesa Rafael López, médico, nieto de fusilado en Almonte y presidente desde hace 10 años de una importante asociación andaluza de memoria histórica, la AMHYJA. López, que también es coordinador provincial en Huelva del grupo memorialista, reconoce que ahora se celebran con frecuencia reuniones en las agrupaciones socialistas locales y provinciales que reflejan un creciente interés de la militancia por el tema. «Incluso se han dado instrucciones para que los militantes memorialistas entren en las ejecutivas. Está claro que hay un cambio y que un partido donde hay corrientes internas recelosas que no quieren remover el pasado está dando por fin un paso adelante para recuperar el discurso de la memoria como discurso de izquierdas que es», asegura Rafael López.
Además de estos movimiento en la estructura orgánica de base, la dirección regional del PSOE-A también apuesta por el cambio. De hecho, a través de la Fundación Alfonso Perales se ha constituido en junio un grupo de expertos -fundamentalmente catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas- que persigue la elaboración de un documento que sirva de base argumental para el posicionamiento oficial socialista en el próximo debate parlamentario sobre la nueva ley memorialista. Tanto la ex ministra Carmen Calvo como el vicesecretario general del PSOE andaluz Mario Jiménez animaron a los expertos en su primera reunión en Antequera a no poner lÃmites a sus reflexiones. «En el marco de este análisis no descartamos la necesidad de crear una Comisión de la Verdad sobre el genocidio franquista como las que se constituyeron en paÃses latinoamericanos que sufrieron sangrientas dictaduras», precisa Fernando MartÃnez, catedrático y ex alcalde socialista de AlmerÃa que coordina este grupo de expertos y que, al igual que Carlos Perales, se muestra convencido de que «antes o después la Ley de AmnistÃa caerá en España».
Desde primero de año se han reactivado los grupos de memoria histórica creados hace 5 años y que permanecieron aletargados Los socialistas son ahora más permeables a la creciente internacionalización de la cuestión, que surge como consecuencia al portazo dado por el Tribunal Supremo a la investigación judicial en España tras el fallido intento en 2008 del ya exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Desde el PSOE ahora se critica la pasividad en la última etapa de Zapatero en el desarrollo normativo de la Ley de la Memoria Histórica, la lentitud de Ramón Jáuregui con el informe de la comisión de expertos sobre el Valle de los CaÃdos y, por supuesto, los obstáculos puestos por la FiscalÃa a la labor investigadora de la jueza argentina MarÃa Servini desde que asumió la causa en 2010 en aplicación del principio de justicia universal.
Ante el actual bloqueo gubernamental y judicial a la memoria histórica en España, los socialistas se van sumando a las iniciativas impulsados por los movimientos sociales más activos. Destacados lÃderes como Soraya RodrÃguez mostraron su solidaridad con Garzón en Madrid, activistas del ámbito memorialista como el onubense Rafael López se sumaron a finales de mayo en Madrid a la constitución de la Plataforma por la Comisión de la Verdad para poner fin a la impunidad del franquismo y, a buen seguro, que más dirigentes del PSOE-A darán su apoyo a la querella argentina que el próximo 13 de julio hará su presentación oficial en Sevilla. «Es más, voy a pedir a la dirección regional de mi partido que el grupo parlamentario socialista promueva una moción en la Cámara andaluza de adhesión a la querella argentina, como han hecho los socialistas vascos», asegura Carlos Perales, consciente de que «las futuras generaciones no merecen heredar esta discriminación entre las vÃctimas de Franco, que son de segunda categorÃa si las comparamos a las vÃctimas del terrorismo de ETA».