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Imputan a un periodista en Alemania por acusar al Partido Nazi del Holocausto

Santiago Vega, | 13 junio 2013

Santiago-Vega-2Es algo impensable que, lamentablemente, ha sucedido en España

 

Evidentemente, es algo impensable que en una democracia consolidada puedan imputar a un periodista, denunciado por los herederos del Partido Nazi, por “ensuciar el buen nombre” de su partido al evidenciar su participación en el holocausto. Pues, lamentablemente, eso ha sucedido en España, un periodista ha sido imputado por buscar, en palabras de los denunciantes, el “menoscabo del honor de Falange con vejaciones injustas, imputándole a FE-JONS, con temerario desprecio hacia la verdad, la comisión de delitos (…) para menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización.” Si ya es grave que Falange se atreva a denunciar, lo escandaloso es que un juez acepte esa denuncia e impute a un periodista que no hace más que constatar una verdad histórica.

La imputación está causada por una denuncia de Falange, del periodista Gerardo Rivas Rico, por la publicación, en un diario digital, de un artículo donde denunciaba la expulsión del juez Garzón de la judicatura fruto, precisamente de una denuncia de Falange, de quien decía el articulista que contaba “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”.

Habrá quién pueda creer exagerada esta calificación, pero hay que hacer constar que se ha demostrado científica y suficientemente, a través de decenas de investigaciones historiográficas serias y rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS en la represión franquista desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra. Escuadras de falangistas -bajo las órdenes de los militares sublevados- detenían, interrogaban y torturaban en sus cuarteles, ejecutaban y robaban bienes de los defensores de la legalidad democrática. Falangistas fueron los que sacaron presos de cárceles o campos de concentración, de sus domicilios o puestos de trabajo (como los maestros detenidos delante de sus alumnos) y llevaron a cualquier pinar o cuneta donde los asesinaron. Aún permanecen unos 30.000 en las fosas donde les dejaron sus ejecutores.

Cualquier ciudadano puede comprobar las “pruebas del delito”, como hemos divulgado ampliamente los historiadores, en documentos oficiales del Estado español (inscripciones de defunción en los registros civiles y en los cementerios, informes de la Guardia Civil, expedientes penitenciarios, diligencias judiciales, incluso informes de la propia Falange). En todos ellos se constata el asesinato, por parte de escuadras falangistas, de miles de ciudadanos y ciudadanas de distintas ideologías políticas y religiosas por toda la geografía y a lo largo de la guerra e inmediata posguerra. Más de la mitad de las víctimas de la violencia franquista en las provincias sublevadas durante el verano de 1936 fueron ejecutadas por falangistas sin procedimiento judicial previo. Pero, también consta en la documentación oficial la implicación de este partido en otros ámbitos represivos como en los procedimientos depuradores de los empleados públicos, la libertad condicional de los presos o la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Es, por tanto, una verdad científica que no admite discusión. Aunque la justicia no haya dictado sentencia, porque el juez que lo intentó fue castigado por ello, la Historia lo ha hecho de manera clara y contundente.

Santiago Vega Sombría es historiador. Autor de “De la esperanza a la persecución” (Crítica, 2005), “Tras las rejas franquistas” (2008), y “La política del miedo” (Crítica, 2011). Preside el Foro por la Memoria de Segovia