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18 de julio, año de 1936

Víctor Arrogante. Nuevatribuna.es, 18 Julio 2013 | 19 julio 2013

_PrNuevaTribunaEl Gobierno pone trabas al juicio internacional y sigue sin condenar los crímenes franquistas, pese a los más cien mil muertos hoy todavía desaparecidos

 

El Congreso de los Diputados debatió en el mes de mayo, una proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, que perseguía declarar el 18 de julio como «día oficial de condena del franquismo». Los diputados del Partido Popular, como era previsible, votaron en contra, con la abstención de los del grupo UPyD. Pese a la negativa popular, sigue siendo necesario el debate sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco.

Mientras los tribunales argentinos investigan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Franco, aquí el gobierno pone trabas al juicio internacional, y sigue sin condenar los crímenes franquistas, pese a los más cien mil muertos hoy todavía desaparecidos.

Aprovechando el «debate» que se ha mantenido en el Congreso de los Diputados, nos permitimos hacer memoria, y recordar lo que significó el golpe de estado del 18 de julio y lo que los golpistas pretendieron con su acción, que sumió a los españoles en una guerra civil de tres años, y con la victoria de los llamados «nacionales», en una dictadura que duró más de cuarenta años.

Todo comenzó hace 77 años, con el golpe de estado militar-conservador-católico-fascista, contra la legítima República. Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. El brazo ejecutor fueron los militares desleales a su juramento de defensa de la República, la Falange fascista y otros partidos de la derecha conservadora, monárquica y católica.

Recientemente se ha publicado el libro «Los mitos del 18 de julio» (varios autores, coordinado por Francisco Sánchez Pérez), que viene a dar respuesta al revisionismo histórico que hace la derecha, para descalificar a la República y legitimar la rebelión. Las tesis que defienden los autores, se pueden resumir en diez puntos:

El golpe del 18 de julio no fue obra sólo de militares, sino también de civiles, con papel fundamental para que triunfase. Estaban implicados, militares desleales, falangistas, monárquicos, la derecha conservadora más reaccionaria y la iglesia católica que habían oprimido al pueblo durante siglos.

No fue «un golpe doméstico», sino que «contó con la connivencia de una potencia extranjera». La implicación de la Italia fascista, fue determinante para la ejecución del golpe, con la venta y suministro de armamento, antes y después del golpe.

La fecha de inicio del golpe, nada tuvo que ver con el asesinato de Calvo Sotelo. Todo estaba previsto con antelación y estaba ligada a los contratos de compra de armas y al apoyo fascista prometido.

En el diseño del plan director del golpe, no estaba prevista la defensa de la iglesia y del catolicismo. No fue ni un objetivo explícito de los golpistas, ni su principal motivación, «ni hay prueba alguna de que así fuera».

El golpe «no pretendía acabar con ninguna insurrección armada en marcha», sino eliminar las reformas abordadas por los gobiernos, durante el primer bienio republicano (agraria y laboral, militar y de la enseñanza), que los gobiernos del Frente Popular habían retomado.

Ninguna organización republicana u obrera «tenía el propósito de subvertir el orden constitucional» en la primavera de 1936. Y esto era así, porque o no querían, o no podían hacerlo.

No había en marcha ninguna intervención de la «Komintern, ni de la URSS en España». La política de Stalin, desde 1925, no era de expansión, sino de «socialismo en un solo país». Un país atrasado como la URSS solo podía desarrollar y defender el socialismo en su marco nacional.

Antes del golpe, no había un estado de «violencia revolucionaria o de terror rojo», no había ninguna dinámica de exterminio ni de «liquidación de los enemigos de clase» y no se asesinaba a las «gentes de orden». El número de empresarios y propietarios que fueron asesinados en los meses anteriores al 18 de julio es mínimo, y el de religiosos inexistentes.

La República no fue un fracaso que «conducía inexorablemente a una guerra», sino que fue destruida por un golpe militar que, al contar con la connivencia de un país extranjero y no triunfar en buena parte del territorio y en Madrid, se encaminó automáticamente a una guerra civil. Fue la sublevación quien colapsó la administración republicana.

Durante la guerra que siguió al golpe de estado, la República tuvo que enfrentarse a un movimiento de la izquierda obrera, que entendía que la democracia era irreconciliable con el capitalismo, con el temor de que se entregase, pacíficamente, al fascismo, como había sucedido en toda Europa.

De otra parte, Jorge M. Reverte en «Vicente Rojo. Historia de la guerra civil española» (2010), dice que «el plan de acción del golpe de estado, abarcaba todos los sectores y actividades», como quedaría al descubierto en las primeras horas de la rebelión. Comprendía una acción de fuerza militar, realizada desde diferentes puntos de España y África; una colaboración religiosa, que abarcaba Salamanca, Pamplona y Roma; una acción social, que debía poner en juego a la banca, judicatura, industria y grupos políticos de acción y violencia; y por último una dirección, que habría de coordinar todos los resortes conectados: ayuda diplomática, financiera, armamento y personal voluntario; todo al grito de ¡Viva la República! y la bandera tricolor como enseña.

Las pretensiones, de cada grupo social y estamentos rebeldes, consistía en la defensa de sus propios intereses: la aristocracia, pretendía la conservación del rango y los privilegios; los capitalistas, la libertad de explotación de los trabajadores y la defensa a ultranza de la propiedad; la iglesia, la anulación de las disposiciones que habían mermado sus fueros; los terratenientes e industriales, impedir la reforma agraria y la intervención obrera en las empresas; la prensa de derechas, el derecho a crear opinión y a defender el negocio; los militares, profesionales, burócratas y burgueses, la restauración de un orden rígido y autoritario que respetase el escalafón, la jerarquía, la antigüedad y las prebendas.

Discúlpenme que me repita, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero quiero recordar la calificación que doy al golpe de estado, contra la legítima República: «políticamente antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; moralmente inhumano; y su brazo ejecutor los militares» desleales a su juramento de defensa de la República y el fascismo. Con expresiones parecidas lo califica el general Vicente Rojo en el libro citado.

En suma, el golpe de estado del 18 de julio, fue una acción de «intereses creados», en defensa de esos intereses, para la restauración de privilegios y prebendas; encubiertos en ideales religiosos, sociales y políticos. Los vencedores de la guerra, establecieron una dictadura para perpetuar esos «intereses creados» y la mantuvieron violando derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista.

Ante el golpe de estado, la República tenía el deber de defender su legitimidad constitucional y los intereses de la ciudadanía leal. La defensa era legítima; el ataque contra la razón y la ley no lo fueron. Y hoy la misma derecha reaccionaria, católica y caciquil, siguen sin querer reconocerlo.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/18-julio-ano-1936/20130718152447094859.html