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Izquierda Unida exige al Gobierno del PP que “deje de obstaculizar la cooperación judicial con Argentina”

Izquierda Unida, | 30 septiembre 2013

_OrgIUA la que está obligado” en el caso de los crímenes del franquismo”

 

El secretario federal de Solidaridad y Derechos Humanos, Francisco Pérez Esteban, advierte sobre la “estrategia común que ya resulta evidente entre el Ejecutivo, con su ministro Ruiz-Gallardón a la cabeza, y la Fiscalía a la hora de coordinar argumentos sobre este caso”, para evitar así las extradiciones de los torturadores ya reclamados u otras que se produzcan en el futuro

Izquierda Unida, a través de Francisco Pérez Esteban, secretario federal de Solidaridad y Derechos Humanos, exige al Gobierno de Mariano Rajoy que “deje de obstaculizar la cooperación judicial con Argentina, a la que está obligado por el convenio de extradición y asistencia penal” y advierte de que “desde IU vamos a estar muy atentos para que no se repitan situaciones como el hecho de que desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haya retenido irregularmente la orden internacional cursada por la jueza argentina María Servini de Cubría contra varios torturadores españoles del franquismo”.

Pérez Esteban, quien coordinó desde la década de los 90 el equipo de activistas y abogados que durante años impulsó la acusación popular de IU contra militares argentinos y chilenos en las investigaciones seguidas en la Audiencia Nacional, advierte de que “existe un peligro real de fuga de nuestro país tanto del capitán golpista y ex guardia civil Jesús Muñecas, como del también torturador y ex agente de la policía José Antonio González Pacheco, más conocido como ‘Billy el Niño”.

El dirigente de IU avisa de que “si esta fuga llega a producirse tendrá unos claros responsables, tanto políticos como judiciales, es decir, aquellos quienes nada más recibir la orden internacional tuvieron que promover la detención inmediata de los dos ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas. Para hacerlo no se precisa de informe previo de la Fiscalía, de ningún juez y menos de ministro alguno. Estamos ante un mandato obligatorio para las autoridades y la justicia española establecido por la Ley de Extradición Pasiva (LEP), así como por el convenio bilateral vigente desde 1987 entre España y Argentina”.

“La Fiscalía –detalla Pérez Esteban- no tiene potestad alguna para informar y menos mandatar a un juez sobre la conveniencia del procedimiento de extradición, que sólo puede eludirse si España hubiera decidido juzgar a los torturadores aquí”.

El responsable de Solidaridad y Derechos Humanos de IU recuerda que “así sucedió con la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet. En ese histórico día en la lucha contra la impunidad primero se cursó judicialmente orden internacional de detención y luego se fundamentó. Si las autoridades británicas hubieran esperado al procedimiento completo el criminal Pinochet se habría fugado con absoluta seguridad. Las órdenes internacionales de extradición están para ser cumplimentadas de inmediato y evitar fugas”.

IU sale también al paso de la “estrategia común que ya resulta evidente entre el Gobierno del PP y la Fiscalía a la hora de coordinar argumentos sobre este caso”. Tanto el fiscal de la Audiencia Nacional como Alberto Ruiz-Gallardón –ministro de Justicia y yerno de José Utrera Molina, uno de los altos cargos del franquismo que también aparece entre los querellados de esta causa en Argentina- han establecido como argumento fundamental para negarse a las extradiciones la existencia de la Ley de Amnistía de 1977. “Pasan por alto de forma muy consciente que esa ley no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad ni los delitos de genocidio ante los que nos encontramos”, afirma Francisco Pérez.

“Para estos delitos –afirma- ninguna ‘ley de punto final’ o amnistía es posible, tal y como establece el Derecho Internacional. Los crímenes contra la humanidad son evidentes: torturas, desapariciones forzosas, múltiples masacres antes y después de establecerse la dictadura franquista, etc. Además, cabría también la consideración de delito de genocidio”.

El responsable de Solidaridad y Derechos Humanos de IU espera que Ruiz-Gallardón “empiece a cumplir la imparcialidad y legalidad que se exige de su cargo y que no se ha visto hasta ahora. Esperamos que todo un ministro de Justicia no pretenda ocultarse tras la Fiscalía y, según avance el caso, no le sirva ésta de parapeto ante la ‘contaminación’ que puede producirse si la justicia argentina avanza y requiere algún tipo de actuación contra su suegro”, dada la reconocida actividad de Utrera Molina como ministro de la dictadura franquista, también señalado por diversas entidades y presos políticos promotores de la querella en Argentina.

Francisco Pérez valora que en este caso que nos ocupa “ninguna colaboración puede esperarse de dos torturadores tan singulares del franquismo como ‘Willy el Niño’, el más brutal torturador del famoso comisario Conesa, y el capitán Jesús Muñecas”. Éste último no sólo fue torturador de sindicalistas en San Sebastián durante la dictadura sino que trató de extender su ideario fascista más allá de 1976, por lo que fue uno de los principales colaboradores de Tejero como oficial responsable de reclutar a los guardias civiles que llegaron en autobuses al Congreso de los Diputados bajo su autoridad para el dar golpe de Estado del  23-F de 1981. “Esto quedó acreditado en el juicio a los golpistas”.

Muñecas fue también el capitán de la Guardia Civil que ese trágico día se dirigió a los diputados secuestrados por Tejero en el Hemiciclo para comunicarles durante su cautiverio la llegada inmediata de ‘una autoridad competente; militar, por supuesto

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