“Los desaparecidos son un síntoma de la democracia que tenemos”
Rafael Escudero y Carmen Pérez, autores de «Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo»
Rafael Escudero y Carmen Pérez, profesores de Derecho de la Universidad Carlos III
EDUARDO MURIEL |
España es el segundo país con mayor número de fosas comunes, sólo detrás de Camboya. Y, sin embargo, las instituciones no cuestionan su salud democrática. Las desapariciones forzadas por el franquismo llegaron a las 130.000 personas, de las que la mayoría sigue aún en cunetas y tapias. La Transición echó un manto de olvido sobre las fosas, impidió que se juzgaran los hechos y se rehabilitara moral y políticamente la memoria de las víctimas.
En el libro Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo (Editorial Trotta), varios juristas, historiadores, abogados y especialistas en derecho abordan desde diferentes perspectivas el tema de las fosas comunes. Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho y Carmen Pérez, profesora de Derecho Internacional Público, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinan este trabajo multidisciplinar que pretende argumentar la injusticia y proponer vías jurídicas y políticas para acabar con ella.
¿Cómo surgió la idea de hacer un libro sobre fosas comunes?
Carmen Pérez: Cuando pensamos en hacer un libro en torno a la cuestión de la memoria histórica, nos planteamos que, por una parte, sigue siendo necesario hablar de esto, porque sigue sin estar resuelto. Pero por otra parte, quizás era más útil centrarse en una cuestión determinada, como era el tema de los desaparecidos. Los temas en torno a la memoria histórica son varios. Nosotros pensamos que las desapariciones forzadas daban juego porque se podían estudiar desde diferentes puntos de vista, daba para elaborar un libro que tuviese unidad interna pero, a la vez, que fuera diverso en su tratamiento. Hay juristas, historiadores, abogados…
El tema de las desapariciones forzadas en España no está resuelto, sus víctimas siguen sin recibir justicia y sus posibles responsables siguen no ya sin ser castigados, sino ni siquiera investigados. Éste es uno de los países en el mundo donde más personas hay enterradas en fosas comunes. Y eso sigue siendo una asignatura pendiente en España. Una de las más importantes.
¿Hasta que punto es legal que en España se siga manteniendo esta situación?
C.P.: El libro parte de la idea de que en efecto no es sólo una cuestión ética, sino de legalidad. Hay una contravención de normas jurídicas a nivel internacional que obligan a España a la investigación y la solución de los crímenes contra la humanidad, como son las desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. En este caso en concreto, hay numerosos instrumentos internacionales vinculantes que obligan a España a la investigación, a la sanción y a la protección de las víctimas, que no son sólo los desaparecidos, sino también sus familiares. Se lo han advertido ya a España varios comités internacionales.
¿Por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no es más tajante en este caso?
Es una buena pregunta. Uno de los problemas que tenemos es que este tribunal ha motivado muy pocas decisiones de inadmisibilidad [sanción prevista para declarar la ineficacia de un acto procesal penal]. En esas ha dicho España que quedan muchas cosas por hacer, pero ha decidido no entrar en el fondo del asunto.
¿La situación de las fosas comunes y su tratamiento tiene comparación con algún otro país europeo?
C.P.: No, España es el que ha sido más tibio en estos asuntos a pesar de la ley llamada de Memoria Histórica. El TEDH sí ha entrado en otros casos y ha condenado a otros países por no investigar lo que deberían haber investigado en su momento. Incluso ha condenado a otros países, como a Rusia, por lo que ha considerado un trato inhumano a las víctimas de crímenes semejantes, al no haberles dado la justicia que debían. Las continuas paralizaciones de las investigaciones que se están viendo en España pueden ser traumáticas para las víctimas.
¿Por qué es necesario seguir publicando libros sobre esta reclamación de justicia?
Rafael Escudero: Una buena prueba de por qué son necesarios libros como estos son las declaraciones del portavoz del PP, Rafael Hernando, el otro día, o las de la presidenta de la diputación de Guadalajara, que dijo que la República causó la guerra civil y un millón de muertos. O los niñatos de Nuevas Generaciones haciéndose fotos con símbolos franquistas. Además de impunidad desde el punto de vista jurídico, en este país lo que todavía hay es una desmemoria muy clara, y una versión de la historia dada por el franquismo y posteriormente refrendada en cierto sentido por la Transición que es falsa. Desde el punto de vista político es necesario, porque es necesario construir el relato de lo sucedido y dignificar así la memoria de las víctimas.
C.P.: Esa es la tesis que apoya el Derecho Internacional, que ha evolucionado en ese sentido. Considera que puede haber una tensión entre paz y justicia hipotética, pero el Derecho Internacional se inclina a favor de la justicia de las víctimas de determinados crímenes. En este país no se ha hecho, por lo tanto España sigue incumpliendo sus obligaciones.
¿Se puede definir exactamente en qué consistió la represión sin desenterrar las fosas? ¿Queda mucho por saber?
R.E.: Sí, claramente. Todavía no sabemos el número exacto de personas que están desaparecidas. Se calcula, con cálculos oficiales, que la cifra oscila entre 114.000 y 130.000 personas. Estamos hablando de civiles. Quedan por desenterrar más de 100.000. Son cifras oficiales pero cuanto más se investiga, más se sabe, obviamente. Tampoco sabemos todavía los detalles del plan de exterminio inicial. Sabemos que lo hubo, gracias fundamentalmente a historiadores como Francisco Espinosa, que escribe en el libro. Se va poco a poco detallando ese plan de exterminio, pero aún no conocemos toda su extensión, la implicación exacta de potencias extranjeras, la relación con el nazismo, igual que no conocemos las historias de las desapariciones de la inmensa mayoría. Y estamos hablando sólo de desapariciones forzadas, no de otros crímenes del franquismo.
C.P: Hubo otras cosas, como los secuestros de niños, que forman parte también de esa maquinaria de represión…
R.E.: Claro, esto de los secuestros se sabe hace dos días. Siempre se dijo que esto no fue como Argentina en ese sentido. Pues al final resultó que sí, que en ese sentido también.
C.P.: Con el tema de las desapariciones, además, no es que siga siendo necesario investigarlas desde el punto de vista ético, que también, porque hay que hacer pedagogía. Es necesario porque hay que respetar el Derecho Internacional. Y es algo urgente, porque las víctimas de las desapariciones forzadas no son eternas. Yo creo que eso está en la mente de algunos, que el tiempo corra en favor de la impunidad, porque llega un momento en que ya no quedan familiares directos vivos. Quedan los tataranietos. Cuando nos vayamos alejando en el tiempo y vayan pasando generaciones, la cosa perderá sentido, y se habrán muerto más personas a las que debíamos reparación.
¿Se puede asentar sobre tantas fosas una democracia sana?
R.E.: Los desaparecidos son un síntoma de la democracia que tenemos. La Transición nos trajo un pacto de olvido, de silencio y de aquellos polvos llegaron estos lodos. En el fondo, esto que no es más que uno de los rasgos del sistema político que vimos después, nos ha determinado. Por eso yo creo que lo relevante hoy del movimiento por la recuperación de la Memoria Histórica es por un lado la justicia y la reparación de los derechos y la dignidad de las víctimas pero, por otro lado, trazar un relato colectivo. Porque los desaparecidos en el fondo lo fueron por razones políticas, porque estaban buscando un mundo democrático y en defensa de los derechos humanos. Por eso, lo que creo que tienen que hacer los movimientos de recuperación de la memoria es vincularse hoy con las causas actuales, las mareas blanca y verde o el movimiento antidesahucios. Son los mismos derechos por los que se luchaba entonces.
Nos dicen: Hagamos borrón y cuenta nueva, pero tenemos que reconstruir la memoria democrática. Tenemos que darnos cuenta que en los años 30 en España existía una democracia similar a las que había en los países occidentales. Nada de un régimen comunista, separatista, como nos han vendido siempre. No, una democracia. Y ese discurso y ese relato nos lo robó la transición. Tenemos que recuperarlo como sociedad, y seguramente seremos un poco más democráticos.
Muchos esperaron que la ley de Memoria Histórica cambiase este escenario. ¿Qué falló?
R.E.: Esta ley tiene sus luces y sombras. Pone en la esfera pública, en la agenda, al cuestión de la memoria. Es la primera vez que el Parlamento realiza una condena del franquismo en España, en 2007. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo medidas concretas se queda claramente corta. La ley no recoge una de las grandes demandas del movimiento por la memoria histórica, que era la nulidad de las sentencias franquistas, es decir, de consejos de guerra dictados saltándose todos los derechos de defensa, por razones políticas. Las víctimas siempre habían pedido que se declararan nulas esas sentencias. Nulas, que desaparecieran del mundo jurídico. Ni siquiera habían pedido indemnización económica. Lo único que decían era: borre esta sentencias. Pues no, la ley lo único que ha hecho es declararlas injustas e ilegítimas, que es un fórmula que jurídicamente no sirve para nada. Ya sabemos que son injustas, ya sabemos que son ilegítimas, eso son sólo reproches políticos, morales. Lo que se pedía era que se sacasen del mundo jurídico. Por ejemplo, Miguel Hernández sigue estando condenado por adhesión a la rebelión militar. Ahí sigue constando.
C.P.: En realidad, es una evidencia que el que de verdad han dignificado aquí la memoria histórica ha sido el movimiento, han sido los nietos. La ley sí, bueno, tiene luces, alguna virtud, pero de verdad quien ha dado el paso y quien ha puesto en el debate público y empujó a la ley fue el movimiento memorialista. El tema de las fosas es un ejemplo claro de que la ley no termina de dar el paso, porque lo que hace, como han puesto de manifiesto la doctrina y algunos informes de Amnistía Internacional, es privatizar, es decir, yo le doy dinero a las asociaciones para que sean ellas y no el Estado las que se encarguen de buscar y ayudar a las víctimas, de investigar lo que pasó.
El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura en España ha dicho que no se están removiendo todos los obstáculos que se deberían y los familiares siguen teniendo muchas dificultades sólo para encontrar a sus seres queridos, no ya para encontrar justicia. Estos comités ya han denunciado que es un trato inhumano, no se alivia a la víctima del desaparecido. Además, eso se ha demostrado después que con no sacar las subvenciones, ya está parado. Es que no el PP no tiene ni que sacar una nueva ley, sólo con cortar las subvenciones te cargas el movimiento. Eso es muy caro, es muy difícil, tienen que asistir especialistas.
De hecho, se han visto obligados a hacer recolectas para seguir exhumando…
R.E.: Es alucinante. Los que estudiamos derecho tenemos claro que, si hay algo que afecta al orden público, son los cadáveres. Son competencia del Estado. Y llega la ley y lo que dice es que las administraciones colaborarán. Eso es privatizar. Yo saco una convocatoria y tú tienes que presentar un proyecto para exhumar la fosa de no sé dónde.
C.P.: Tú demuestras de que hay ciertos visos de la existencia de una fosa y yo te doy el dinero. En cuanto te dejan de dar dinero eso se corta. Por otro lado, el movimiento de memoria histórica está muy atomizado. En fin, si quieres acabar con un movimiento, yo creo que está bien pensado.
Las organizaciones de memoria histórica actúan sin el Estado. ¿No acarrea eso problemas legales a la hora de reconocer a las víctimas?
R.E.: La mayoría de las asociaciones de memoria histórica, cuando encuentran a un cadáver, van al juzgado de guardia o al cuartelillo de la guardia civil. Allí avisan: aquí hay un cadáver, venga a verlo. Usted tiene que tomar acta, hacer diligencias, preguntar a los testigos, no sé, hacer una prueba de ADN. La mayoría de los jueces, ¿qué es lo que hacen? Dicen: “Pero esto es de la guerra civil, ¿no? Entonces es usted el que lo tiene que investigar”. Alguno levanta diligencias, pero pasan. Entonces las asociaciones lo que hacen es exhumar los restos, identificar quién es, entregarle los restos a los familiares normalmente en un acto público y luego los familiares inscriben al defunción en el registro.
C.P.: Luego, cuando un juez ha intentado ir más allá ha acabado sin carrera judicial.
R.E.: Después de la sentencia del Supremo con el tema de Garzón, ya sí que ningún otro juez va a entrar. El Supremo ha marcado el camino.
¿Entonces es oficial una exhumación de la que no se encarga el estado?
C.P.: Cuando un forense ve un cráneo con un agujero no le deja dudas, es una parte que queda registrada para la investigación. Luego otra cosa es que no puedas encontrar al culpable. No hay testigos, ni nadie que cuente lo que pasó. No es posible armar una acusación de ninguna manera.
R.E.: Uno de los forenses que se dedica a exhumar fosas, Francisco Etxeberria, este catedrático del País Vasco que es el que descubrió los restos de los hijos de José Bretón, es un tipo muy preciso. Es el que ha exhumado el cadáver de Víctor Jara, el de Pablo Neruda. Es gente muy buena. Pero claro, eso cuesta dinero. Hay mucho voluntariado pero, por ejemplo, las pruebas de ADN son caras. Eso, si el Estado se desentiende, no se puede hacer.
En cuanto a la querella argentina. ¿Va por buen camino? ¿Puede llegar a algún sitio?
R.E.: El proceso judicial sigue adelante. De momento no hay razones para pensar que no vaya a haber resultados. Lo que sí se sabe, en el libro lo cuenta una abogada, es que hay presiones del Gobierno español para evitar la investigación. La jueza argentina iba a venir aquí, al final no vino. Se iba a tomar declaración mediante videoconferencia y el consulado español y la embajada española presionaron para que no se hiciera. Pero bueno, desde el punto de vista judicial, no hay razones para pensar que la querella no saldrá adelante.
C.P.: En Argentina existe el principio de jurisdicción universal, así que tienen la capacidad de hacerlo. Si esto sale adelante, la jueza tendría que emitir una orden de busca y captura contra las personas que considerase presuntamente responsables.
R.E.: Y en virtud del convenio de colaboración judicial entre Argentina y España, ésta debería hacerlo.
C.P.: Aunque ya podemos dar por hecho que eso no lo van a hacer.
R.E.: Aún así, la querella argentina tiene un aspecto temporal importante. Y es que no sólo recoge las desapariciones de esos años, que eran las de los años 30 y 40, sino que en la querella se han presentado también la Asociación de Expresos del Franquismo, donde están las víctimas de la represión de los últimos años, la de los 70, que fue muy dura. Y ahí temporalmente la cosa es más complicada para la cultura de la impunidad, porque no han pasado tantos años, muchos responsables están vivos y este es un punto muy bueno desde el punto de vista jurídico.
C.P.: Además este tipo de crímenes no prescriben. No importa cuánto tiempo haya pasado, o no debería importar, para que se juzguen.
