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Alemania es la única que cumple con la Ley de Memoria Histórica

Madrid Diario, 28-10-2013 | 29 octubre 2013

105795.th_maxHa eliminado las referencias franquistas de la placa funeraria del cementerio de La Almudena a los muertos de la Legión Cóndor

 

Enrique Villalba

Exhumaciones por ‘crowfunding’, beatificaciones en suspenso, instancias internacionales ignoradas, una ley sin presupuesto y hasta una basílica que no termina de convertirse en cementerio público. Las organizaciones que promueven la recuperación de la memoria sobre la Guerra Civil y el Franquismo denuncian que apenas se ha hecho nada para esclarecer los abusos de casi medio siglo de historia española. Solo la embajada alemana ha eliminado las referencias a la Legión Cóndor en el cementerio de La Almudena.

«La última vez que participé en el levantamiento de una fosa de la Guerra Civil fue en Guadalajara. Tuvimos que pagarlo a escote porque el Gobierno no da un euro en subvenciones. Últimamente, se están haciendo algunas exhumaciones por ‘crowdfunding'». El que habla es José María Pedreño, portavoz de la Federación Estatal de Foros de la Memoria. Su caso es solo un ejemplo del vacío al que han sido sometidas las víctimas del conflicto civil y la dictadura en España en los últimos años. Desde que se implantó la Ley de Memoria Histórica el 31 de octubre de 2007 no se ha hecho una apuesta decidida por su aplicación. Solo la Embajada de Alemania ha cumplido con la norma y ha eliminado las referencias franquistas de la placa funeraria del cementerio de La Almudena a los muertos de la Legión Cóndor. Algo que no gustó, según parece, a un familiar de uno de los fallecidos, que volvió a escribir el mensaje, según narran los trabajadores del camposanto.

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados saca pecho de todo lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno. Por el contrario, a las víctimas les parece un esfuerzo mínimo. Creen que la izquierda nunca se ha atrevido a dar el paso de hacer una investigación real del asunto. «Siguen apoyando la Ley de Amnistía de 1977 y se han olvidado del tema porque tienen otras prioridades en estos momentos como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales», continúa Pedreño. Julián Rebollo, de la Plataforma contra la impunidad del Franquismo, añade que «en España no ha habido apenas avances en este asunto, no como en Europa. Y la razón es la voluntad política. Tiene que crearse una Comisión de la Verdad para esclarecer todo lo que ocurrió».

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas va por el mismo camino que las agrupaciones ciudadanas. A finales de septiembre instó a España a investigar las desapariciones del Franquismo, al considerar que se tratan de delitos imprescriptibles y no sujetos a amnistías, como la de la Ley de 1977. En su informe, esta organización remarcó la «situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».

Pero todas las preguntas llegan al mismo callejón sin salida: la voluntad política. Por ejemplo, la comisión del Valle de los Caídos debía haber emitido en octubre de 2011 un veredicto sobre la naturaleza de la basílica. Iba a decidirse si el templo respondería a la exigencia del artículo 16 de la Ley de Memoria de regir el lugar como un espacio de culto y como un cementerio público, prohibiendo actos de exaltación del Franquismo, la Guerra Civil o sus protagonistas. El principal asunto de fricción era el traslado de la tumba del dictador, que, al no ser víctima de la guerra, no tenía justificado su reposo en el lugar. También debía resolverse el problema de la identificación de los 12.410 cadáveres desconocidos que aún reposan en el templo. El asunto quedó aparcado en una especie de pacto de silencio de los grandes partidos, ya que la decisión debía de tomarse a solo un mes de las elecciones generales.

Una ley derogada ‘de facto’

La traducción de esa voluntad política es el esfuerzo presupuestario, que desde 2011, y a toda velocidad, se ha ido reduciendo a la nada en este tema. Rodríguez Zapatero dedicó 6,2 millones a esta materia. Luego, el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó, en marzo de 2012, la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y erradicó las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, consolidándose la desaparición en las cuentas de 2014. «El PP se está aprovechando de la crisis para hacer una política sectaria e ideológica en este asunto. Ha acabado con la inversión en memoria histórica y ha derogado ‘de facto’ una ley vigente», asegura Susana Sumelzo, diputada socialista y portavoz adjunta en la Comisión Constitucional del Congreso. El Grupo Popular en la Cámara Baja ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto a este periódico digital.

El PP se ha mostrado siempre en contra de la Ley tal y como está planteada, amparándose en el acuerdo de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, en el que se seguían considerando como documentos de paz social la Ley de Amnistía y la Constitución, así como el reconocimiento de ayudas a las víctimas. Jorge Fernández Díaz, actual ministro del Interior, criticó en 2009, entre otras cosas, que la normativa socialista no había aplicado el literal del acuerdo anterior de forma adecuada. Cuando los populares accedieron al Gobierno, Mariano Rajoy explicó en el Congreso que esta ley genera «líos, problemas y divisiones» y que, en todo caso, lo que sería necesario sería crear una ley que resuelva las restituciones económicas a las víctimas. Poco después avanzó, en una entrevista, que su Ejecutivo no iba a dedicar ni un euro a memoria histórica.

Y si en el Gobierno se paralizaron las cosas, en el resto de  administraciones las cosas no fueron mejor. Todas dejaron a expensas de la iniciativa del Gobierno abrir el melón de la memoria histórica. En Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón evitó cuando era alcalde una y otra vez el asunto. De hecho, encargó a los cronistas de la Villa un estudio sobre el nombre de las calles que podían resultar afectadas por la Ley, para luego anular el encargo, argumentando que el reglamento no estaba lo suficientemente desarrollado. A pesar de ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida hizo un inventario no oficial del callejero franquista que ha quedado como único registro del asunto.

En el Arzobispado de Madrid también sienten que el reconocimiento de las víctimas está a medias. A pesar de que hace unos días el Papa beatificó a más de 500 víctimas católicas de la Guerra Civil, 100 de ellas relacionadas con Madrid, la diócesis todavía espera que se resuelvan los procesos de varios centenares de personas más. La parálisis histórica no entiende de bandos. Como ocurrió entonces, ahora todos también pierden.

http://www.madridiario.es/noticia/madrid/ayuntamiento-de-madrid/memoria-historica/mariano-rajoy/jose-luis-rodriguez-zapatero/arzobispado-de-madrid/405209