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El Genocidio franquista

Rafael Narbona, | 26 noviembre 2013

fusilamiento-republicanos 22España es el único país europeo con 200.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos

 

EL GENOCIDIO FRANQUISTA

España es una anomalía histórica. Es el único país europeo con 200.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos. Naciones Unidas reclama al Estado español que elabore un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, anule la ley de Amnistía de 1977 y enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de fuerzas políticas de izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y noviembre de 1975. Ante la pasividad del gobierno español, la justicia argentina prepara una querella contra 300 responsables de la represión franquista. Entre los imputados, se encuentran Rodolfo Martín Villa, que ordenó la masacre de Vitoria-Gasteiz, José Utrera Molina, ministro franquista y uno de los firmantes de la condena a muerte de Salvador Puig Antich, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, brutal agente de la Brigada Político-Social, Jesús Muñecas Aguilar, guardia civil golpista y notable torturador, y Fernando Suárez, que participó en el consejo de ministros que firmó las últimas ejecuciones del régimen en septiembre de 1975. Es improbable que estos criminales acaben en un tribunal, pues el gobierno español –neoliberal o socialdemócrata- se inventará cualquier argucia legal para evitar su extradición. La Transición española no fue una ruptura con el franquismo, sino una Reforma del franquismo, que agravió nuevamente a sus víctimas, condenándolas a ser polvo y olvido en algunas de las 2.500 fosas clandestinas excavadas por falangistas, requetés, guardias civiles, católicos devotos, aristócratas y militares

El principio de jurisdicción universal reconoce la competencia de cualquier tribunal para encausar a los responsables de delitos contra la humanidad. Son crímenes que nunca prescriben por su especial gravedad. La España de la Transición no mostró ninguna preocupación por las víctimas de la dictadura. Los asesinos y torturadores continuaron en sus puestos, a veces condecorados y homenajeados. Rodolfo Martín Villa concedió en 1977 a Juan Antonio González Pacheco la Medalla de Plata del Mérito Policial y organizó una cena en su honor, alegando que su iniciativa constituía un “desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Actualmente, Pacheco trabaja en empresas privadas de seguridad y Martín Villa es un próspero empresario. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno generalizado. Los comisarios Manuel Ballesteros y Roberto Conesa, dos policías que adquirieron una siniestra fama por su ferocidad durante los interrogatorios, prosiguieron tranquilamente sus carreras, participando en las operaciones de “guerra sucia” contra ETA. Los asesinos del estudiante Enrique Ruano (los inspectores Celso Galván, Francisco Luis Colino y Jesús Simón) escalaron posiciones con el PSOE, obteniendo condecoraciones y altos cargos. Algo semejante sucedió con José Antonio Gil Rubiales y Juan Antonio González García, ambos implicados en las salvajes torturas que acabaron con la vida de Joxe Arregi, presunto militante de ETA. En 2005, Gil Rubiales fue nombrado Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife. Un año antes, el PSOE había otorgado a González García el cargo de comisario general de la Policía Judicial. José Matute y José Martínez Torres también pertenecían a la Brigada Político-Social. Matute torturó y mató en 1975 a Antonio González Ramos, militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias. En 1983, José Barrionuevo, Ministro del Interior del primer gobierno del PSOE, requirió su colaboración para rastrear el Barrio del Pilar, buscando a un comando de ETA. Barrionuevo también recurrió a Martínez Torres. Le situó al frente de la Brigada Central de Información, sin inquietarse por los innumerables testimonios que le responsabilizaban de crueles torturas físicas y psíquicas. En las Fuerzas Armadas, se actuó con los mismos criterios. El general José Antonio Sáenz de Santamaría, que había combatido al maquis en los años de la posguerra, y se había encargado de organizar los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1975, fue designado director general de la Guardia Civil por el gabinete de Felipe González. Se le atribuyen muchos éxitos en su lucha contra el maquis, empleando pequeñas dosis de pentotal sódico, que inducen un estado de aturdimiento y favorecen las confesiones. La Gestapo utilizó habitualmente este procedimiento. El fervor de Sáenz de Santamaría por los métodos de la guerra sucia se plasmó en una frase sobrecogedora: “Prefiero la guerra a la independencia de Euskadi”. El teniente general Andrés Casinello se movió en la misma línea. Se le considera el fundador del GAL verde y el cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), que incluían las técnicas clásicas de contrainsurgencia: torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Casinello se limitó a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la base militar norteamericana de Fort Bragg. El Plan ZEN obedecía a la filosofía de combatir la subversión, aplastando sus diferentes focos territoriales. De esta forma, el Estado español se sumó a la doctrina de la seguridad nacional, copiando en Euskal Herria la actitud norteamericana con su “patio trasero” (América Latina) y con los países asiáticos y africanos situados bajo su esfera de influencia.

Las aguas turbias de la Transición proceden del ánimo genocida de los sublevados en 1936. Mola, Franco y sus conmilitones ordenaron que se fusilara sistemáticamente a todos los desafectos al Movimiento. En una nota del 19 de julio de 1936, Mola afirma que el propósito de la rebelión es “sembrar el terror… eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. La brutalidad de Mola no conocía límites. Es famosa la frase que le espetó a su secretario personal: “Yo veo a mi padre en las filas enemigas y lo fusilo”. Franco obraba de acuerdo con la misma filosofía. En julio de 1937 declaró al periodista norteamericano Jay Allen: “No puede haber ningún acuerdo, ninguna tregua. Salvaré a España del marxismo a cualquier precio”. “¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?”, preguntó el corresponsal. “He dicho a cualquier precio”, contestó el general, con su frialdad característica. El capitán Aguilera, jefe de prensa de Franco y décimo séptimo conde de Alba de Yeltes, se muestra más explícito  y displicente: “En épocas más sanas… las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles… Son una raza de esclavos… Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste… Nuestro programa consiste en exterminar a un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado”. Gabriel Jackson estima que la represión franquista causó 400.000 víctimas. En La República española y la guerra civil (1931-1939), un clásico de la historiografía contemporánea, menciona la visita de Heinrich Himmler a Madrid en 1941. Himmler, que aportó su experiencia para mejorar el entrenamiento de la policía política española, “desaprobó, por razones tácticas, el promedio de ejecuciones”, pues lo consideró excesivo. Después de examinar rigurosamente varias fuentes, Gabriel Jackson desglosa el número total de víctimas: “100.000 muertos en los campos de batalla; 10.000 por las incursiones aéreas; 50.000 por enfermedades y desnutrición (durante la guerra civil); 20.000 por represalias políticas en la zona republicana; 200.000 por represalias nacionalistas durante la guerra; 200.000 prisioneros rojos muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943”.

Se afirmó que las cifras de Gabriel Jackson eran una exageración incapaz de soportar el contraste con la realidad. Sin embargo, hace pocos años Paul Preston calculó que había 180.000 desaparecidos en fosas clandestinas. A esta cifra espeluznante, hay que sumar las ejecuciones con sentencia y las muertes en la cárcel por torturas, enfermedad o malos tratos. El periodista norteamericano Charles Foltz, corresponsal de la Associated Press en Madrid durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, publicó en 1948 una obra titulada The masquerade in Spain. Foltz sostiene que el número de ejecutados o muertos en prisión entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia, asciende a 192.684. Esta cifra, que se ha considerado improbable y desorbitada, coincide con las impresiones del conde Galezzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista. Tras recorrer diferentes regiones de España en julio de 1939, escribe: “Sería inútil negar que sobre España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las ejecuciones son aún muy numerosas; sólo en Madrid, de 200 a 250 diarias; en Barcelona, 150 y 80 en Sevilla, que en ningún momento estuvo en manos de los rojos”. No me atrevo a dar una cifra total, pero entre las víctimas del franquismo hay que incluir a 30.000 niños y niñas separados forzosamente de sus familias, la mayoría hijos de presas republicanas. Hay otros 6.000 casos de bebés robados durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia, casi siempre por motivos de “higiene social” (hijos de madres solteras o de familias con un perfil marginal). En La guerra civil española, Antony Beevor especula que “la represión franquista durante la guerra y la posguerra podría situarse alrededor de las 200.000 víctimas”. Beevor apunta que esta estimación –para muchos, inferior a la realidad- confirma las amenazas del el general Gonzalo Queipo de Llano: “juro por mi palabra de honor y de caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer por lo menos diez”. Las cifras de Gabriel Jackson han sido avaladas por los hallazgos de nuevas fosas clandestinas. Hace dos años, se calculaba que existían 1.000 fosas sin exhumar. En ese tiempo, se han descubierto otras 1.500. Con estos datos, no se puede negar que el franquismo cometió un genocidio.

La exhumación de las fosas y la imputación de los culpables son tan importantes como un relato objetivo de los hechos. El sentido de la justicia exige una perspectiva ética, que permita dilucidar la posición moral de los contendientes. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista más adecuado para hablar de la lucha del maquis? El maquis actuó entre 1939 y 1965. Su ofensiva de más envergadura fue la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, donde 4.000 guerrilleros se enfrentaron a un contingente de tropas franquistas compuesto 50.000 hombres bajo el mando de los generales Juan Yagüe y José Moscardó. La ofensiva fracasó. Los maquis sufrieron 588 bajas y los franquistas 248. Este descalabro no evitó que el maquis mantuviera su desafío, pero a una escala más pequeña, empleando la táctica de guerra de guerrillas. En el artículo publicado en el diario YA el 12 de octubre de 1971, el teniente coronel José María Gárate, adscrito al Servicio Histórico Militar, publicó un artículo titulado “Veinte años del hundimiento del maquis”. Gárate escribe: “No hay un balance completo de bajas, pero la Guardia Civil tuvo 276 muertos. Los muertos y heridos de los bandoleros fueron más de 5.500 en unas 8.000 acciones terroristas”. En un reportaje publicado en el ABC en 1994 para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la Guardia Civil, se proporcionan cifras más precisas: “Bajas de bandoleros, 5.548. Bajas del Cuerpo, 624. Detenidos como enlaces, cómplices y encubridores, 19.407”. ¿Eran los maquis bandoleros, terroristas? ¿Se puede considerar a los guardias civiles abatidos víctimas del terrorismo? En mi opinión, el maquis fue un ejemplo de resistencia y dignidad. La represión ejercida por el Ejército y la Guardia Civil sólo puede interpretarse como una prolongación del genocidio perpetrado por el régimen franquista. Sin embargo, el partidista y vergonzoso Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia llama “terroristas” y “bandoleros” a los combatientes del maquis. Al mismo tiempo, elogia la figura de los generales golpistas y el “Glorioso Alzamiento Militar”. Semejante planteamiento sería inaceptable en Francia, que honra los héroes de la Resistencia, o incluso en Alemania, que prohíbe cualquier forma de exaltación de la dictadura nazi.

En España, se considera “enaltecimiento del terrorismo” homenajear a José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”, pero Luis Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y ex ministro de Franco, puede escribir tranquilamente: “Franco murió cristianamente en la cama de un hospital público, después de 40 años de buen gobierno rodeado del cariño de su pueblo y fue ensalzado y homenajeado por su sucesor, el hoy Rey de España”. Imagino que entre los logros y cimas de ese “buen gobierno” hay que incluir las fosas clandestinas que albergan aún los restos de un número creciente de desaparecidos, pues cada vez que se realizan trabajos de exhumación aparecen más víctimas de las esperadas. José María Pemán, en una arenga que retransmitió Radio Jerez el 24 de julio de 1936, expresó inmejorablemente el espíritu de la sublevación: “La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión”. Desgraciadamente, este espíritu no se ha extinguido y sigue impidiendo que España se convierta en un país realmente democrático, donde se prohíba el ensalzamiento o justificación de la dictadura franquista, se borren definitivamente sus símbolos, se enjuicie a los responsables de sus crímenes y se exhumen los restos de los miles de hombres y mujeres asesinados por su compromiso con una sociedad más libre e igualitaria. Hasta entonces, España será una anomalía, una estructura opresiva que no cesa de inventar leyes para criminalizar las protestas sociales, amordazar a los disidentes, frustrar los anhelos independentistas y pisotear la memoria de los que perdieron la vida ante un pelotón de ejecución o en el infame garrote vil. Tal vez la muerte del joven anarquista Salvador Puig Antich, lentamente estrangulado por un verdugo ebrio y esmirriado un lúgubre 2 de marzo de 1974, simboliza de forma particularmente trágica la brutalidad de una dictadura que aún contamina el presente, recordándonos que los canallas duermen tranquilos y las víctimas aún claman justicia desde las entrañas de la tierra.

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