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La querella argentina del franquismo busca imputar a Martín Villa y Utrera Molina

Larioja.com, 24.11.13 | 25 noviembre 2013

_PrLaRiojaDoce víctimas, entre ellas la hermana de Salvador Puig Antich, declaran en Buenos Aires ante la juez que imputó al expolicía ‘Billy el Niño’

 

 

MATEO BALÍN | MADRID.

La querella argentina contra los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos en la dictadura entre 1936 y 1975, busca un nuevo impulso tras la imputación y orden de arresto que dictó una juez de Buenos Aires contra cuatro policías y guardia civiles españoles acusados de torturas.

En esta ocasión, 28 querellantes españoles tienen previsto viajar a Argentina el viernes y 12 de ellos declararán ante la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires, María Servini De Cubría. La instructora de la causa 459/10, más conocida como la ‘querella argentina del franquismo’, que se ampara en el principio de justicia universal que el Gobierno socialista limitó en España, les interrogará durante la primera semana de diciembre para documentar nuevos crímenes durante la dictadura.

En principio, la acción penal va dirigida contra cinco querellados que fueron altos cargos o tuvieron responsabilidad administrativa en el anterior régimen. Se trata de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina; el exvicepresidente y exministro en el último Gobierno de la dictadura Fernando Suárez González; y los jueces jubilados Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.

En el caso de Martín Villa, de 79 años, le acusan de perpetrar el asalto de la Policía a la iglesia de San Francisco en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en donde se celebraba una asamblea de 4.000 trabajadores en huelga y fallecieron cinco y hubo cientos de heridos. Para testimoniar este suceso, la juez tomará declaración a uno de los supervivientes, Andoni Txasko Díaz.

Dos jueces querellados

A Utrera Molina, exministro de Vivienda y secretario general del Movimiento, le acusan por firmar junto al resto de miembros del gabinete la condena a muerte de Salvador Puig Antich, militante del diminuto Movimiento Ibérico de Liberación y que fue el último ejecutado con garrote vil el 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona. La querella contra el político de 86 años, la encabeza Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, quien fue condenado a muerte y ejecutado por el asesinato de un subinspector de la Brigada Político Social en la capital catalana durante un enfrentamiento a tiros.

El tercer querellado es el exministro de Trabajo Fernando Suárez González, al que se le acusa como corresponsable de la sentencia de muerte aprobada en uno de los últimos Consejo de Ministros del franquismo, en septiembre de 1975. Fueron fusiladas cinco personas, entre ellas los etarras Juan Paredes Manot, ‘ Txiki’, y Ángel Otaegi y tres miembros del movimiento antifascista FRAP: Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Los dos jueces que firmaron aquella sentencia de muerte, Jesús Cejas y Rafael Gómez, también están querellados.

Sobre este caso, la juez Servini interrogará a Pablo Mayoral, que también fue juzgado por la muerte de un policía y un militar, y finalmente absuelto. Mayoral perteneció al FRAP y al Partido Comunista, donde se encargaba de la propaganda y de la revista del partido.

Entre los otros nueve testigos que van a Buenos Aires están el sacerdote Felipe Izaguirre, acusado en el franquismo por difundir los malos tratos policiales y que sufrió torturas; Ascensión Mendieta, de 88 años, cuya padre fue uno de los 822 ‘paseados’ en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944; o Paqui Maqueda, víctima de la trama de los bebés robados en Sevilla en 1963.

Otros dos querellantes viajarán a Argentina para ampliar la denuncia contra los dos primeros imputados en la causa, el inspector de policía Juan Carlos González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, de 67 años, y el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74, acusados de torturas continuadas. Este delito está tipificado en Argentina con penas de ocho a 25 años de cárcel.

En un principio, la jueza Servini había imputado a dos agentes más, el escolta de Franco Celso Galván Abascal y el comisario José Ignacio Giralte González, pero han fallecido. Asimismo, dictó una orden de detención a Interpol contra los acusados para su extradición a Argentina, pero al tratarse de ciudadanos españoles lo más probable es que el Gobierno se opongan a la entrega. Este trámite lo lleva el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que casi dos meses después no ha citado a Pachecho y Muñecas para comunicarles su situación procesal.

http://www.larioja.com/v/20131124/espana/querella-argentina-franquismo-busca-20131124.html