Los grupos reclaman la protección como BIC de fosas y centros de represión

 

 

MANUEL J. ALBERT Córdoba 6 DIC 2013

Cuando la Junta ultima la Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática, un sentimiento de pesadumbre y cansancio inunda el espíritu de parte de las asociaciones de ciudadanos que luchan por sacar del olvido a las víctimas del franquismo. Tras años de encuentros, reuniones, debates, avances y retrocesos, algunos colectivos se muestran desconfiados del resultado final de una ley que todavía desconocen.

 

“Esperábamos que para la redacción final del documento hubiese más consenso con las asociaciones. Pero creo que va a ser más una ley que la Junta nos va a presentar a los colectivos de manera unilateral. Y si nos gusta bien y si no, también”, se lamentaba ayer Cecilio Gordillo, del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhsa), de la Confederación General de Trabajadores.

Cecilio Gordillo es también el impulsor de la página web Todos los nombres (www.todoslosnombres.org). Allí está alojado el último borrador de la ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de la que las asociaciones tienen noticia. Un texto que fue muy discutido por su falta de concreción e incluso de utilidad. El documento fue presentado por la Junta hace un año a las asociaciones y estas aportaron una serie de recomendaciones que reclaman que sean tenidas en cuenta.

“Una ley tiene que tener una aplicación práctica, tiene que servir para algo. Y dudamos de la utilidad final que tiene la actual proposición de ley que conocemos”, se lamenta Gonzalo Acosta. Su compañero en Rmhsa, Cecilio Gordillo, dice que los precedentes inmediatos con los que cuenta no invitan a la esperanza. “Por ejemplo, tenemos ya 14 lugares designados como Lugares de Memoria Democrática de Andalucía pero no hay nada físicamente que nos indique dónde están, no están señalizados ni catalogados todavía”.

La declaración de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía es un punto clave que preocupa a las asociaciones. “Queremos que estos espacios se declaren directamente como Bienes de Interés Cultural (BIC), una fórmula que ya está en vigor en otros campos y que ha demostrado que funciona a la hora de preservar lugares, asevera Gonzalo Acosta, de Rmhsa. “Ya hemos pedido que se aplique para el espacio de Casas Viejas [actual Benalup, en Cádiz, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a numerosos jornaleros durante la República] o el Canal de los Presos, en Sevilla”, prosigue Acosta. La fórmula del BIC, defiende, evitaría las interpretaciones abiertas que en su opinión deja el actual proyecto de ley y cerraría mucho más la cobertura de lugares emblemáticos.

La falta de concreción es lo que más preocupa a Rafael Espino, de Aremehisa, (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, en Córdoba). Su organización no ha hecho comentarios al borrador de la ley pero tampoco disimula su pesimismo ante el nuevo documento. Y éste se resume en “el riesgo de que queden gran cantidad de flecos sueltos y que no cambie en nada la situación actual en los Ayuntamientos o los juzgados. Con lo cual, los jueces pueden seguir interpretado los artículos como quieran”, señala.

“Y estamos viendo que al final, por mucha ley que haya, la falta de arraigo de algunos magistrados y secretarios judiciales o municipales hace que muchas veces no muevan un pelo por estos temas. Lo vemos todos los días cuando planteamos excavar en las fosas de los pueblos”, se queja Espino.

Las asociaciones también esperan que se concrete de una vez un catálogo como el censo de víctimas que reconozca legalmente a las personas que fueron fusiladas o desaparecidas por las fuerzas franquistas. “Esto es en una reivindicación muy importante con unas consecuencias legales claras, pues permitiría reflejar en el Registro Civil la suerte que muchos de ellos corrieron”, señala Acosta. De ahí, se derivarían consecuencias prácticas enormes en litigios sobre propiedades de tierras o títulos de propiedad de inmuebles que fueron arrebatados. O, directamente, en la filiación de muchos descendientes de represaliados. Las asociaciones son conscientes de que muchas de esas cuestiones dependen de una legislación estatal, pero consideran que una ley andaluza clara reforzaría sus demandas.

De la misma manera, las asociaciones exigen la finalización de un completo catálogo de fosas y que éste se recoja en el mismo ordenamiento autonómico. “No renunciamos a esto porque una relación total de los lugares de enterramiento permitiría conocer fielmente la magnitud, extensión y procedimiento que se siguió con la represión franquista. Una actuación que solía desplazar de unos pueblos a otros a los represaliados para desarraigar incluso los cadáveres de sus lugares de origen”, concluye Acosta.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/06/andalucia/1386354171_422161.html