Víctimas de los crímenes franquistas se desplazan a Argentina para forzar que la jueza Servini emita nuevas imputaciones

 

IGOR SANTAMARÍA – Sábado, 30 de Noviembre de 2013 BILBAO

Víctimas de los crímenes franquistas se desplazan a Argentina para forzar que la jueza Servini emita nuevas imputaciones contra altos cargos de la dictadura española y se revise la impunidad de sus actos

QUEREMOS un juicio que evidencie la impunidad y la gente se conciencie de los crímenes cometidos en el franquismo». Habla Felipe Izagirre, solo uno de entre el centenar de sacerdotes que entre 1968 y 1977 habilitaron la cárcel concordataria de Zamora, edificada para aislar a los curas que habían salido del redil de la Iglesia auspiciada por Franco, y que fue sometido a episodios crueles de torturas. Integra además el colectivo de 28 personas que se han desplazado a 10.000 kilómetros de distancia, formando parte de la coordinadora Ceaqua, para dar empuje a la querella argentina contra los delitos en el Estado español durante la dictadura, y lograr que la jueza encargada del caso, María Servini, emita nuevas diligencias e imputaciones.

Doce de ellos declararán hasta el próximo 7 de diciembre ante la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires, dentro de una acción penal contra cinco querellados que fueron altos cargos o tuvieron responsabilidad administrativa en el anterior régimen: los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina; el exvicepresidente y exministro en el último Gobierno de la dictadura Fernando Suárez González; y los jueces jubilados Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro. Y como telón de fondo, la orden de la ONU al Gobierno español para que cumpla con su obligación y busque a los 180.000 desaparecidos, instando a la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y el periodo dictatorial.

El pasado septiembre Servini ordenó detener a los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, por supuestos delitos de represión, pretendiendo los querellantes que presten declaración en el juzgado y se promueva el uso de las videoconferencias desde los consulados argentinos en el Estado para la toma de declaraciones de las personas que no puedan trasladarse hasta Suramérica, modalidad paralizada en mayo por el Ministerio de Asuntos de Exteriores español.

Fue el caso de Andoni Txasko, perteneciente a la Asociación de Víctimas 3 de marzo y que se ha querellado contra Martín Villa, a quien responsabiliza, entre otros, del asalto de la policía armada a la iglesia de San Francisco de Asís en Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, cuando se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. El resultado, cinco muertos y decenas de heridos. Lo recuerda como si fuera ayer. «La policía gaseó el templo en cuyo interior se hallaban 5.000 personas, entre ellas niños. Al salir fueron apaleados y ametrallados de forma indiscriminada», evoca Txasko, quien apunta a los estudios que demuestran «la responsabilidad de quienes ostentaban puestos relevantes, desde el rey Juan Carlos a Fraga, pasando por Arias Navarro, Osorio y Villa». «Fue Fraga quien dijo que no consentiría que nadie se saliera de lo estipulado», y es que «querían chafar la transición». No sufrió en primera persona aquella jornada porque se acercó demasiado pronto a la iglesia ese día, pero, al siguiente, recibió «tal paliza» que perdió el ojo derecho. «Y eso que les avisé que tenía lesionado el izquierdo». Hace la maleta esperanzado con que algún día «se les pueda juzgar en el Estado, pero con garantías, porque la judicatura está politizada y no se han depurado los residuos de la época franquista».

Izagirre, mientras, no olvida aquella prisión de Zamora, un pabellón aparte donde los sacerdotes estaban separados de los reclusos políticos y comunes, hoy en día un edificio abandonado donde se rodó Celda 211. La mayoría de curas llegó por el impago de cuantiosas multas por participar en protestas obreras, por homilías en euskera o por celebrar, como él, el Aberri Eguna, castigado por ello con 25.000 pesetas. «Nos detuvieron en Eibar, nos llevaron al cuartel y nos pegaron sin parar con la pistola. De ahí, a Martutene, y después a Zamora», narra. «Yo me secularicé en 1972 y salí a la calle en 1975. Esa cárcel se hizo con la complicidad de la Iglesia, que nunca me ha pedido perdón, palabra que tanto usa. Ahora hago esto con la incertidumbre de hasta dónde llegaremos, pero por compromiso social. Sin odio ni rencor», explica Izagirre.

Declarará también Jon, hermano del ondarrutarra Andoni Arrizabalaga, detenido tres veces y que en 1966 participó en la creación de la Comisión Obrera de Euskadi. También María Josefa, sobrina de Teófilo Zorroza Gezuraga, uno de los tripulantes del mercante Udondo, que fue capturado en el mar por las tropas sublevadas de Franco en septiembre de 1936: apresaron a sus 40 tripulantes y a los dos pasajeros que viajaban en la nave y les fusilaron contra la tapia del cementerio de Serantes, cerca de El Ferrol, sin juicio alguno.

Ante Servini estará Felipe Moreno, que pasó por las manos de Billy El Niño, contra el que se querella por «torturas y vejaciones continuas». «Dos policías me sujetaban las piernas, él se ponía encima y con una porra me pegaba en los genitales. O me estiraba sobre una mesa con las piernas sobresaliendo y golpeándolas», lo que le ha dejado múltiples secuelas. «Quiero que le detengan, condenen y le quiten los honores, pero ni para este personaje deseo la cárcel», dice. La lista de declarantes la completan, entre otros, Ángela Carmen Fernández, que junto a diez mujeres se querella por los malos tratos en el Preventorio Infantil Doctor Murillo de Guadarrama; Ascensión Mendieta, cuyo padre republicano fue asesinado tras un simulacro de juicio; Elsa Osaba, que denuncia la deportación de su familia; María Antonia Oliver -su abuelo y un hermano desaparecieron tras seis meses en la cárcel-; Pablo Mayoral, acusado de militar en el FRAP y el Partido Comunista; y Mercona Puig, hermana de Salvador Puig Antich, ejecutado por garrote vil tras ser juzgado y condenado a muerte por el tribunal militar. Buscan paz interior.

las claves

El Consejo de Ministros acordó ayer continuar con el procedimiento de extradición a Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamados por las torturas que habrían cometido en los últimos años del franquismo. La extradición la pidió la jueza argentina María Servini a raíz de una querella contra ellos por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores, un último punto que aludiría a la presunta trama de los ‘bebés robados’. La petición argentina llegó el pasado día 18 y se dirigía también contra el exescolta del general Francisco Franco Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte, aunque en esos dos casos fue archivada por fallecimiento. La Audiencia Nacional se opuso en su día a detener a González Pacheco y a Muñecas Aguilar, si bien decidió citarlos a declarar una vez recibida la petición formal de extradición. El Gobierno de Rajoy informó ayer de que llegó el día 18. Ahora es el tribunal el que debe decidir si ordena la extradición, aunque la última palabra la tendrá el Ejecutivo. Ruz llamará a declarar a ambos, y podría ordenar su detención o medidas cautelares.

«Al día siguiente del asalto de la policía en Gasteiz recibí tal paliza que perdí el ojo derecho»

ANDONI TXASKO

Asociación Víctimas 3 de marzo

«Estuve en la cárcel de Zamora que se hizo con apoyo de la Iglesia, que nunca me pidió perdón»

FELIPE IZAGIRRE

Exsacerdote franciscano

«Me golpeaba con la porra en los genitales, pero ni para ‘Billy El Niño’ deseo la cárcel»

FELIPE MORENO

Coordinador de los querellantes en Catalunya

http://www.deia.com/2013/11/30/politica/euskadi/la-verdad-a-10000-kilometros