Las diversas consejerías afectadas estudian sus aportaciones al borrador del anteproyecto

 

02.01.14

LALIA GLEZ.-SANTIAGO | SEVILLA

La Ley de Memoria Democrática de Andalucía se tramita aún en el ‘submundo’ de la administración autonómica y espera en la mesa del ‘consejillo’ a dar el paso hacia su aprobación por el Gobierno andaluz y luego iniciar el debate parlamentario.

Se trata de una ley relevante, la única iniciativa política ahora mismo que mantiene en alto la bandera de la recuperación de la historia de la represión durante la guerra civil y el franquismo, y con la que el Ejecutivo andaluz quiere hacer valer la diferenciación de sus políticas.

El proyecto, que según el Gobierno autonómico estará aprobado en el primer semestre de este año, ha salido ya de la Dirección General de Memoria Democrática, que depende de la Vicepresidencia primera, que ostenta Diego Valderas, y se encuentra «en el consejillo», es decir la antesala del Consejo de Gobierno, la comisión de viceconsejeros que preside el titular de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y que pule cada lunes los temas que después aprobará el Ejecutivo en sus reuniones semanales.

El texto está siendo trabajado por las diversas consejerías afectadas por su implantación. Según fuentes políticas, se trata de una ley «transversal» a la que tienen que someterse diversas áreas, por lo que cada una de ellas tiene en estudio las cuestiones que le afectan. Por ello, nadie se atreve a dar un avance de cómo quedará definitivamente perfilado el texto legal.

Así, por ejemplo, la Consejería de Justicia e Interior, de la que depende el instituto de medicina legal andaluz, deberá implementar las medidas necesarias para establecer el ‘Banco de ADN’ que se contempla en la norma, una iniciativa que prevé depositar rastros de las personas vivas, para que en el futuro se puedan identificar los cadáveres que aparezcan en las fosas comunes que puedan localizarse.

Las líneas generales del anteproyecto conocido contemplan «establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática de Andalucía con el fin de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como las circunstancias en que, durante estos períodos, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humano».

Así, se contempla la localización de personas desaparecidas, a cargo de la administración autonómica; la elaboración de un censo, un protocolo de actuación para el descubrimiento de los restos humanos, la creación de organismos encargados de la recuperación e identificación y el establecimiento de mapas de localización de fosas, así como Lugares de Memoria, de los que ya se han declarado más de medio centenar, los últimos la pasada semana, e Itinerarios Públicos de Memoria, rutas que recuerden las huellas de la represión.

Además, el anteproyecto ambiciona que en las escuelas andaluzas se estudie el tema, que se fomente la investigación y se propicie el acceso a los archivos e incluso que se castigue la destrucción de éstos y se reclame la devolución de los fondos documentales o patrimoniales que pudieron salir de Andalucía tras el 18 de julio de 1936.

Más polémico, pese al tiempo transcurrido, resulta la revisión de los juicios, para reclamar la anulación de los mismos y de las condenas impuestas, la reparación a a las víctimas, la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo, la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales que puedan enaltecer la dictadura, así como buscar la punilidad de actos en este sentido y la retirada de subvenciones a organizaciones que realicen apología del franquismo.

Los diversos aspectos del anteproyecto de ley de Memoria Democrática se han visto reforzados por la visita, el pasado septiembre, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas, que recorrió España y se entrevistó con numerosas autoridades, entre ellas la Junta andaluza. En su informe final, los representantes de la ONU requirieron al Gobierno que elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante el franquismo.

http://www.ideal.es/granada/v/20140102/andalucia/memoria-democratica-espera-sobre-20140102.html