Seminario “Transiciones democráticas y la calidad democrática” en Sevilla

 

OLIVIA CARBALLAR / Sevilla / 16 Ene 2014

Fosas, asesinados, desaparecidos, símbolos franquistas… Andalucía: el territorio de España donde mayor represión hubo y donde tanto queda por recuperar. Fue la radiografía que realizaron ayer Ángel del Río, profesor de Antropología en la Pablo de Olavide (UPO), y Paqui Maqueda, familiar de víctima y vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, durante el seminario Transiciones democráticas y la calidad democrática organizado por la UPO, donde participaron en días precedentes el expresidente Zapatero y el exjuez Garzón. “Los días anteriores tuve la idea de que aquí no pasaba nada”, dijo sorprendida una asistente de Brasil tras las intervenciones de Maqueda y Del Río.

Pasa. Y mucho. Y pasa además, según coincidieron los ponentes con el director general de Memoria Democrática de Andalucía, Luis Naranjo, que participó en la mesa posterior, que el discurso hegemónico en la calle aún sigue siendo franquista. “Estamos perdiendo la batalla de la memoria”, dijo rotundo Naranjo.

El primer reconocimiento público que tuvieron los presos políticos del franquismo que construyeron el canal del Bajo Guadalquivir, del que todavía hoy se benefician la economía sevillana y latifundistas, se produjo en 2002, expuso Ángel del Río. “Fue en esta misma Universidad, con Rosario Valpuesta como rectora. En la placa pusimos una frase de Saramago: ‘Recordar es vivir y mantener vivos los sueños’. Cerca de 10.000 personas estaban totalmente olvidadas. Ni se les pidió perdón ni tampoco se les dio las gracias“. El Gobierno de Zapatero, como el propio expresidente recordó el lunes, retiró en 2005 la estatua ecuestre de Franco en Madrid. “Pero se hizo de noche, a escondidas”, continuó Del Río, que mostró a continuación una fotografía diametralmente opuesta, en la que el presidente argentino Néstor Kirchner ordenaba a un militar descolgar los cuadros de Videla y Bignone. “En Argentina acabaron con la dictadura con ganas de saber la verdad. Aquí, cuando vas al juzgado a denunciar te despachan en dos minutos. Y cuando se produce una exhumación en un pueblo, si el Ayuntamiento es del PSOE, la oposición de IU no va; y si el Ayuntamiento es de IU, es la oposición del PSOE la que no va -cuenta Del Río-. Afortunadamente, recuerdo al nieto de un fusilado diciendo: cuánta gente ha venido”.

Porque hasta ahora, la recuperación de la memoria histórica ha sido única y exclusivamente una lucha de los familiares. “Y esto ya no es la mesa de camilla y la historia de tu abuelo o tu tío. Esto es un problema de la sociedad; una deuda de la democracia. A nosotros ya no sólo nos basta el amor, queremos justicia. Y si el suegro del ministro Gallardón, José Utrera Molina, está vivo, que lo está, pues que sea juzgado por su responsabilidad en el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Porque aquí, como dijo nuestro querido Juan Gelman, vinieron los organizadores del olvido y de pronto los fascistas eran demócratas y los jueces que firmaban las sentencias de muerte se quedaron en el mismo sitio”, denunció Maqueda, que ha tenido que viajar a Argentina para que la justicia la escuche. “Qué duro”, se escuchó entre el auditorio.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El director de Memoria Democrática insistió en el carácter público de las políticas de memoria: “La ley de 2007 consagra el modelo privado, doméstico de la memoria; y es muy importante que todas las personas y los familiares entiendan que el deber público de la memoria corresponde al Estado. Hay que conjugar los intereses familiares con la denuncia pública. Tener un proceso de exhumación de restos pero también de ideas. Rescatar pruebas para que el Estado asuma el carácter imprescriptible de esos delitos. No se trata de que todos descansen en paz, sino que paguen los que cometieron el genocidio”. Según Naranjo, la cultura de la transición ha hecho mucho daño a la memoria: “Lo peor no fue la ley de amnistía, lo peor fue quien la gestionó: un poder judicial que pasó del Tribunal de Orden Público a los juzgados actuales“.

La nueva ley andaluza de memoria, que está a punto de aprobar el Consejo de Gobierno, recogerá la filosofía de que debe ser la Administración la que asuma este trabajo. Naranjo también incidió en la necesidad de que todas las consejerías aporten recursos públicos a la lucha por la memoria, empezando por Educación y su labor en las escuelas.

“La Dirección General de Memoria Democrática está haciendo lo que tiene que hacer. Como Garzón hizo lo que tuvo que hacer. Su trabajo. Aquí no tenemos que dar las gracias a nadie“, añadió Maqueda, que se preguntó también si el hecho de que un juez no acuda a pie de fosa cuando se denuncia el hallazgo de huesos de personas asesinadas no es prevaricación: “Hasta el momento hemos recibido, cuando las hemos recibido, respuestas educadas, muchas vueltas que al final nos llevan a un lugar común: la mentira”. Del Río, que insistió en que el movimiento asociativo nació de la nada, también incidió en la buena intención del Gobierno andaluz, aunque reconoció que a veces las buenas intenciones se diluyen con las posibilidades reales. Un ejemplo muy gráfico: la Junta no puede derogar la ley de amnistía.

“Ninguna cultura abandona a sus muertos. Aquí mismo, en los primeros años tras la muerte del dictador, muchos familiares fueron a recoger a sus muertos a las cunetas, ellos mismos, sin arqueólogos ni nada, para enterrarlos en el cementerio. Necesitan hacer el duelo”, explicó el antropólogo. Cuenta que la madre de uno de los hombres exterminados en un campo de concentración nunca más salió de casa por el dolor de no saber dónde estaba “su Antonio”. La mujer murió de negro en 1977, el mismo color con que vestía desde el 36.

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