La Falange de las JONS fracasa en su intento de procesar a Gerardo Rivas
La Audiencia Provincial de Madrid archiva finalmente la querella
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La Audiencia Provincial de Madrid archiva finalmente la querella de la organización porque el periodista había hablado de los «crímenes contra la humanidad» de los falangistas
El viacrucis judicial del economista y periodista Gerardo Rivas, que él comparó con un proceso kafkiano, se inició a principios del año pasado cuando se le comunicó que tenía que acudir a los tribunales con abogado porque estaba imputado. Falange Española de las JONS había presentado una querella criminal por la vía penal contra él por un presunto delito de injurias a raíz de un artículo publicado en ELPLURAL.COM.
La Audiencia Provincial archiva la querella
Y todo ello porque Rivas se había atrevido a decir que la organización querellante tenía “un largo historial de crímenes contra la humanidad”, de ahí que a raíz de la querella les instara a “asumir su historia”, como ha sido avalado por los expertos, apelando a “una verdad histórica ampliamente difundida por historiadores y periodistas”. A pesar de lo dilatado del proceso, la Audiencia Provincial de Madrid por fin ha archivado la querella de Falange y ha dado carpetazo al asunto. El auto enmarca las expresiones de Rivas en el “periodismo de opinión” y admitiendo su la libertad de expresión.
Apoyos de peso
Rivas había recibido el apoyo en forma de manifiesto de más de 400 personas incluidos juristas, historiadores, economistas y periodistas de peso: Carlos Jiménez Villarejo, Paul Preston, Ian Gibson, Vicenç Navarro, José García Abad o Enric Sopena. Jueces por la Democracia también mostró su apoyo al colaborador de ELPLURAL.COM yendo más lejos de lo que ha ido el auto de la Audiencia Provincial, que no ha entrado a valorar la veracidad de las afirmaciones sobre los crímenes falangistas.
Más que libertad de expresión, “derecho a conocer lo sucedido”
La asociación judicial progresista lamentaba que un periodista fuera imputado por “una verdad histórica” y alertaba: “No se trata sólo de un ejercicio de libertad de expresión, reconocida por el art. 20 de la Constitución, sino también del derecho a la verdad, difundida desde la historiografía o el periodismo, y recibida por el resto de la ciudadanía que tiene derecho a conocer lo sucedido en su propio país”.
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