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Y el rey sigue sin abrir la boca

Andaluces, 30 Dic 2013 | 2 enero 2014

_PrAndalucesSeis puntos de vista de la lucha contra los crímenes franquistas

 

 

 

OLIVIA CARBALLAR / Sevilla /

Un año con muchos logros -a pesar de la crisis económica y los ataques de la derecha- pero con importantes metas aún por conseguir. Es la idea general en la que coinciden los colectivos que trabajan a diario en la recuperación de la memoria histórica. Los mayores retos a los que se siguen enfrentando son la consideración de víctimas, la implicación de la justicia española y la asunción por parte del Estado de esta lucha, cuyo discurso han tardado en asumir incluso los partidos de izquierdas. El rey, denuncian, ni ha abierto la boca, en un asunto en el que ha tenido que intervenir la comunidad internacional.

Andalucesdiario.es reúne seis puntos de vista de la lucha contra los crímenes franquistas: el director general de Memoria Democrática de Andalucía, Luis Naranjo (IU), el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, y su vicepresidenta, Paqui Maqueda, que declaró a principios de diciembre ante la justicia argentina; el historiador José María García Márquez, el coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE andaluz, Carlos Perales, y el coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A, Cecilio Gordillo.

 

1. ¿Qué se ha conseguido en estos años de lucha de la recuperación de la memoria histórica?

Luis Naranjo: El logro más importante -iniciado hace ya un cuarto de siglo- ha sido la aparición y consolidación de un potente y diverso movimiento social por la recuperación de la memoria histórica democrática y por los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. A partir de ahí, se ha ido ampliando de forma aún insuficiente la conciencia colectiva sobre lo que supuso realmente la violencia franquista. El Estado democrático surgido de la Transición no ha estado a la altura del deber de memoria que le incumbe, sobre todo en el tema de la justicia y la aplicación de la jurisprudencia internacional contra la impunidad y sobre desapariciones forzadas. A pesar de ello, se han dado pasos parcialmente positivos pero manifiestamente mejorables como la Ley de Amnistía de 2007. Cuestión fundamental en la que se ha avanzado mucho es el avance en el conocimiento historiográfico de la magnitud del genocidio franquista y de las claves político-ideológicas que lo sustentaron, conseguido a partir de multitud de trabajos e investigaciones de carácter local y provincial, base de buenas síntesis generales de carácter divulgativo. La recuperación de la memoria oral en estos procesos de investigación ha ido configurando un rico patrimonio de testimonios de los vencidos, víctimas y resistentes, que urge organizar y conservar.

Rafael López y Paqui Maqueda: En todos estos años hemos trabajado en Todoslosnombres.org, hemos realizado jornadas, hemos elaborado mapas de fosas, investigaciones y publicaciones… y hemos exhumado fosas.

José María García Márquez: Sobre todo, se ha conseguido acercar la historia a la verdad de los hechos y permitir el encuentro de muchas personas con la historia de sus padres y abuelos. Se han desmitificado gran parte de los tópicos que aún circulan sobre el golpe militar y el franquismo y se ha conseguido evidenciar la ineptitud de la justicia y el Estado para recordar, dignificar y reparar a las víctimas del franquismo.

Carlos Perales: El resultado global, a mi parecer, es bastante notable. Sólo con ver los últimos acontecimientos, podemos estar satisfechos y ser optimistas. La querella argentina, en primera instancia, y las recomendaciones del grupo de Trabajo de Naciones Unidas de desapariciones forzadas con la posibilidad de que la fecha a investigar y a contemplar sea anterior a 1945 abre otras opciones a favor de las víctimas del franquismo. Paradójicamente la justicia está llegando desde fuera de nuestras fronteras, y eso debiera entristecernos como ciudadanos. Resulta contradictoria que desde aquí hayamos sentado en el banquillo a criminales argentinos o al mismísimo Pinochet, por citar dos ejemplos, y que haya sido el juez Garzón acusado de prevaricar por querer investigar el franquismo, además de la Gürtel, claro. Y resulta aún más triste ver a nuestro presidente en la despedida de Mandela, alabando su lucha a favor de los derechos humanos y haya “derogado” de hecho la Ley conocida como Memoria Histórica, aportando 0 € en el año 2013.

Cecilio Gordillo: El movimiento memorialista ha conseguido “modificar el relato de la historia oficial de este país”, no solo del periodo entre el 1936 y 1975, sino también entre el 1975 y hoy en día. Ha logrado poner en entredicho la “santa transición” y, con el apoyo imprescindible de investigadores e historiadores, acercarnos a lo que significó el golpe de estado, la guerra y la represión. Está ayudando a conocer nuestra historia más cercana  un poco más.

 

2. ¿Qué queda por conseguir?

Luis Naranjo: Queda mucho por hacer, y desde luego no podemos esperar otros 35 años de democracia para conseguirlo. Es preciso asumir el deber público de responder a las demandas de justicia de las víctimas, de modo que fiscales y jueces inicien de oficio las pertinentes actuaciones siempre que aparezcan evidencias de violencia sobre las personas relacionadas con el golpe de estado, la guerra civil o la dictadura. Hay que abrir los archivos y los expedientes judiciales para esclarecer la suerte de miles de desaparecidos forzados. Debemos poner todos los recursos públicos necesarios para establecer un mapa de fosas actualizado y preciso, y en paralelo continuar y acelerar las intervenciones de localización, delimitación, realización de sondeos, exhumación e identificación de víctimas del franquismo. Para esto último, es imprescindible la creación de un banco público de ADN de familiares y víctimas. Resulta asimismo fundamental trasladar todo lo que ya se sabe sobre lo que supuso e hizo el franquismo a las aulas, para que las nuevas generaciones tengan un conocimiento fundamentado y comprometido con los valores democráticos de lo que supuso para el pueblo español este periodo de nuestra historia reciente.

Rafael López: Creemos que tenemos que conseguir justicia, la implicación de los jueces y la justicia en esta causa. Sabemos que el Gobierno y el Estado han decidido no contemplar en sus políticas a la memoria. Otro aspecto aún no conseguido es que los gobiernos tomen conciencia de la necesidad de considerar a las víctimas del franquismo como tales. Cada día tenemos que demostrar que las víctimas del franquismo también son víctimas. Éstas no tienen los mismos derechos que otras, con las que nadie discute su consideración de víctimas. Además tenemos varios objetivos más instrumentales, como seguir exhumando las fosas, identificando los restos y dignificando los enterramientos, todo esto en el marco de una política pública de memoria.

Paqui Maqueda: La implantación de la Justicia internacional con sus tres pilares: verdad, justicia y reparación. Queda por conseguir que el Estado se haga cargo de la localización de las fosas, de su dignificación cuando no sea posible exhumarlas y de exhumarlas con los medios propios del Estado cuando se pueda. De la creación de un banco genético de datos de ADN, de la eliminación de símbolos en las plazas y calles, de la anulación de las sentencias que condenaron a muerte o a prisión a tantas y tantas personas luchadoras por la libertad, del acceso a los archivos sin límite, de la derogación de la Ley de Amnistía, etc.

José María García Márquez: Queda mucho. El día que las víctimas del franquismo tengan la misma equiparación, dignificación y reparación que han tenido y tienen las víctimas de ETA, empezaremos a pensar que en este país no hay víctimas de diferentes clases e intereses distintos.

Carlos Perales: Desgraciadamente aún queda mucho. Hasta que no se haga justicia en su totalidad a todas las víctimas del franquismo quedará por hacer. Hasta que no conozcamos toda la verdad del franquismo quedará por hacer. Hasta que no se repare de la manera más completa posible, moralmente en primera instancia, a todas las víctimas, quedará por hacer. Hasta que conozcamos la última historia del último hueso que haya en una fosa común, quedará por hacer…

Cecilio Gordillo: Fundamentalmente acceder a los archivos que aún permanecen “cerrados”. Abrir un proceso de estudio e investigación para plantearse todo lo relacionado con “la rapiña” sobre las víctimas. Con excepción de Andalucía, la violencia (rapado, ingesta de aceite de ricino o la violación) sobre la mujer no está reconocida oficialmente como “víctima del franquismo”. La figura del “preso esclavo del franquismo” tampoco está reconocido. No se ha intervenido en las fosas comunes, de víctimas del franquismo, en Marruecos o en Argelia. Hay que articular unas Bases de Datos de víctimas (en el más amplio sentido del término) que den posibilidades reales de búsqueda de información. Realizar un mapa completo de los campos de concentración de presos esclavos y de los trabajos realizados (uno de los pocos compromisos públicos de un presidente de la Junta, que evidentemente no cumplió). Y mucho más…

 

3. ¿En qué medida ha podido afectar la crisis económica a esta lucha?

Luis Naranjo: Es indudable que los recortes generalizados impuestos por los poderes políticos y económicos conservadores a escala europea, estatal y autonómica dificultan objetivamente las inversiones públicas necesarias para sustentar y dar impulso a las muchas actuaciones necesarias y urgentes en el campo de la memoria democrática. En el Ejecutivo estatal y en gobiernos autonómicos controlados por la derecha, la “crisis” económica ha sido utilizada como coartada y pretexto para acabar con todas las políticas públicas relacionadas con exhumaciones, publicaciones, jornadas divulgativas o cualquier otro tipo de iniciativa social relacionada con la respuesta a los derechos de las víctimas del franquismo. Sin embargo, en Andalucía, con un gobierno de izquierdas fuertemente acosado por la imposición estatal de recortes presupuestarios, se ha ido en la dirección contraria, reforzando la Dirección General de Memoria Democrática y sacando el máximo partido a los recursos disponibles, de modo que han aumentado en todo el territorio andaluz las actuaciones de todo tipo dirigidas a la recuperación de la memoria democrática. Los que ahora utilizan el argumento de la crisis para oponerse a estas actuaciones son los mismos que en los inicios de la democracia invocaban la necesidad de olvidar para poder reconciliarnos, o los que después hablaban de que lo importante era crecer y modernizarnos en vez de mirar al pasado. Con voluntad política y con un uso inteligente y ajustado de los recursos públicos, puede y debe mantenerse el impulso por la recuperación de la memoria, aún en este contexto de ataques a lo público y a los derechos sociales en que ahora mismo nos encontramos. Sobre todo, es preciso recordar que estamos hablando de que la consecución de la justicia y la verdad son derechos humanos, y por tanto irrenunciables, sea cual sea la coyuntura económica en la que nos encontremos.

Rafael López y Paqui Maqueda: Es una excusa para quitarle el escaso apoyo a la memoria. No es tanto dinero el que se necesita, es más la voluntad política de hacer cosas y tomar conciencia de que el Estado y los Gobiernos tienen que implicarse en la memoria. Si es un problema económico o de crisis económica, ¿por qué hay apoyo para el Valle de los Caídos, la Fundación Franco y la Macarena? No es económica, es política la consideración y la falta de apoyo a la memoria.

José María García Márquez: Creo la crisis ha afectado menos de lo que ha pretendido el Gobierno al negar medios económicos. Si creían que con suprimir presupuestos se acaba con el movimiento memorialista, se han equivocado de plano. De paso se ha demostrado que el Gobierno no está para cumplir las leyes, como dice continuamente, sino para cumplir las leyes que le interesan e incumplir otras, como la Ley de Memoria Histórica, que con todas sus imperfecciones, es una ley que hay que cumplir.

Carlos Perales: Sin lugar a dudas, afecta. Pero creo que al igual que en otra cuestiones se ha utilzado como excusa para “derogar de hecho” la Ley conocida como Memoria Histórica. De aproximadamente unos 21 millones de euros en los últimos años, se ha pasado en 2013 a 0 euros. Creo que más que recortes, es una provocación del PP y una exigencia de la extrema derecha, franquista, que no solo les vota, sino que son militantes de alto nivel dentro del PP. Se deben a ellos y quizás sea una de las pocas promesas que sí está cumpliendo Rajoy. Ya lo adelantó en su campaña…

Cecilio Gordillo: Bueno, esta crisis ha sido el argumento perfecto que esperaban algunos “poderes” para intentar acabar con nuestras actuaciones. Evidentemente tendrá efectos negativos pero también ayudará a clarificar nuestros objetivos y potenciará la imaginación y la solidaridad social.

 

4. ¿Cómo valora la implicación de la política en este tema?

Luis Naranjo: Si hablamos del papel del Estado surgido de la Transición –la Monarquía Constitucional- , preciso es reconocer que no ha asumido el deber de Memoria que le correspondía tras el fin de la dictadura, tal y como hicieron otras naciones europeas tras la caída de los regímenes fascistas europeos. Las peculiaridades de nuestro proceso de transición a la democracia explican parcialmente al menos esta debilidad del Estado democrático español, sin olvidar la falta de voluntad política de la izquierda que ha ejercido el poder en nuestro país para avanzar en el camino de la verdad, la justicia y la reparación para las de víctimas del franquismo, categoría que en sentido extenso podemos aplicar al conjunto de las clases populares. Luego tendríamos que hacer una reflexión específica para el papel de la derecha española en relación con la memoria histórica democrática, que contradice en muchos casos su supuesto compromiso y afirmación de los principios democráticos contenidos en la actual Constitución del 78. Su resistencia pasiva y en muchos casos activa ante la puesta en marcha de actuaciones memorialistas -estoy pensando en la eliminación de símbolos del franquismo o en las exhumaciones de fosas comunes- resulta inexplicable incluso desde la posición ideológica constitucionalista que la propia derecha proclama defender. En sentido opuesto, creo que los modestos avances que en el campo de la memoria está realizando el actual Gobierno de izquierdas de la Junta de Andalucía prueba que la dimensión política resulta fundamental e imprescindible para dar una respuesta efectiva y organizada a los derechos de las víctimas.

Rafael López: Depende por lo que entendamos por política, si son los políticos y los gobiernos, la implicación ha sido desigual; desde la total oposición de la derecha española, que todavía no ha realizado su “catarsis” sobre la dictadura y siguen con el discurso guerracivilista; hasta otros políticos, algunos infiltrados en partidos de izquierda, que no ven la necesidad de este trabajo y siguen impregnados del lenguaje franquista. Los partidos de izquierda han dependido de la sensibilidad y la implicación personal en estos temas. La falta de implicación y el obstáculo para la dignificación y las exhumaciones se extienden por el espectro político, desgraciadamente.

Paqui Maqueda: La implicación ha pasado de ser nula a ser incluso a veces obstrucionista. Ha costado mucho que los partidos políticos de izquierda asuman el discurso de memoria histórica.

José María García Márquez: Es algo inevitable y deseable, aunque la implicación política suele traer muchas veces más problemas que soluciones. Incluso en la orientación política de parte del asociacionismo memorialista hay actuaciones que no son muy positivas, con un protagonismo a veces absurdo en lo que tendría que ser únicamente un movimiento ciudadano.

Carlos Perales: Creo que es inherente a la política. Se produjo un golpe de estado cívico-militar por parte de las fuerzas más reaccionarias de la España de la época contra un régimen, legal y progresista, como era la República. Eso es política y el hecho de defender o no la necesidad de recuperar la memoria histórica es también, cómo no, política. Y desgraciadamente me temo que todo aquel que está en contra y nos acusa de abrir viejas heridas, se sitúan a la derecha y en defensa de una injusticia. Me gustaría recordar un pequeño texto de Javier Cercas sobre el tema que nos sitúa de manera bastante clara: “No siempre es fácil distinguir la moral de la política, pero a veces es conveniente y hasta útil. Moralmente hubo gente buena y gente mala en los dos bandos, como hubo asesinatos en los dos bandos y en los dos bandos hubo barbaridades y horror e idealismo. Políticamente, en cambio, no hay dudas: los buenos -los que tenían la razón política- perdieron la guerra; los malos -los que no tenían la razón política- la ganaron”.

Cecilio Gordillo: La política es parte intrínseca de este movimiento. Tenemos algunos problemas con las organizaciones políticas y sus “prácticas” heredadas de la oposición a la dictadura y los primeros años de la transición, que no es otra que el irrefrenable deseo de control de las entidades sociales y autoproclamarse “sus representantes”. Sería deseable que se denominaran, simplemente, familia ideológica de los asesinados y en función de eso intervenir. Este asunto no se resuelve con “denominar a dedo” a las (dos) entidades “más representativas” para que estén en los Comités respectivos, al igual que hacen en otras áreas al uso con sindicatos, empresarios, consumidores, etc.

 

5. ¿Es imprescindible el apoyo del PP para que esta lucha sea una verdadera cuestión de Estado?

Luis Naranjo: Claro que la incorporación del partido de la derecha española y andaluza resultaría clave para avanzar y cerrar definitivamente esta gran asignatura pendiente, este enorme déficit de nuestra actual democracia y de la propia convivencia de los españoles y andaluces. Entender por parte de la derecha que esta no debería ser una cuestión reivindicada por la izquierda, sino por todos los que se sienten demócratas, sería efectivamente fundamental para que el Estado como tal asumiera su deber democrático de memoria. Pero es una cuestión que lamentablemente no tiene actualmente visos de producirse, más bien todo lo contrario si nos atenemos a la creciente insensibilidad e incluso desprecio con que determinados dirigentes y cargos públicos del PP se viene refiriendo a los derechos de las víctimas, sin que se dé una respuesta y condena firme por parte de los órganos dirigentes de este partido a estos hechos y declaraciones que en algunos casos constituyen clara apología del franquismo. Ojalá esto cambie, y cambie pronto. Mientras tanto, la izquierda y los movimientos sociales organizados deben asumir con fuerza los objetivos irrenunciables del movimiento memorialista.

Rafael López: Entendemos que es importante que la derecha española haga su propio análisis del franquismo, lo que pasa es que muchos están vinculados familiarmente a la dictadura y no asumen que en este país se asesinara de forma masiva y genocida. Pero si queremos avanzar en la democracia vigilada en la que vivimos, necesitamos que el PP se implique en la memoria y supere su conexión con el régimen anterior. Es necesario este trabajo, aunque no es imprescindible.

Paqui Maqueda: Es necesaria la implicación de todos los estamentos políticos de este país, judiciales, administrativos, sociales, sindicales y partidos políticos. Todos son imprescindibles para llegar a un pacto que permita incorporar este tema en la agenda del país.

José María García Márquez: Para que sea una cuestión de Estado el que tiene que pronunciarse es el rey, que todavía no ha abierto la boca desde que lo nombraron. Su conducta es la más inaceptable de todas. En el PP es comprensible su actitud, no en balde es el heredero directo de Alianza Popular que, como todo el mundo sabe, terminó su congreso fundacional con los gritos de ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Son parte interesada en mantener la situación y tampoco es imprescindible su apoyo. Pero la actitud del Rey, que representa al Estado, es imperdonable, por mucho que le deba a Franco y por mucho que no le guste que en su presencia se hable mal de él.

Carlos Perales: Sería lo ideal. Que de manera definitiva y clara, la derecha de este país, que se supone está en el PP, rompa con la “sombra alargada del franquismo”. Aún no lo han hecho. Aún en las mociones que se presentan en este sentido, o votan en contra o se abstienen. Y habría que formularles muchas preguntas… cuando no condenan abiertamente un régimen genocida. Y es preocupante que miren hasta con simpatía las manifestaciones de apoyo y apología al franquismo o al fascismo que se hace desde militantes algunos no tan jóvenes. La extrema derecha saca pecho y entre otros motivos es porque el PP rara vez condena estas actitudes o comportamientos. A lo sumo, lo hacen tímidamente. Debería preocuparles, aun a riesgo de perder los votos de esa extrema derecha que les vota. Recientemente hemos contemplado cómo se han negado a incluir en el Código Penal la apología a este tipo de símbolos. En Alemania o Italia sería impensable tener el mismo trato a Hitler o Mussolini. Además con una Fundación Francisco Franco que recibe dinero público para enaltecer la figura del genocida, según calificación de la querella argentina.

Cecilio Gordillo: ¿Estado? Pues sí, supongo, pero a pie de calle con que solo los ayuntamientos cumplieran las normativas, leyes y los propios acuerdos de Plenos se conseguiría un importante avance. Hay que recordar que los cementerios son mayoritariamente propiedad de los ayuntamientos. Que el nomenclátor es responsabilidad de los ayuntamientos, que las ayudas a la UE (también existen para este asunto) las pueden hacer los ayuntamientos. Un dato que hay que tener en cuenta: la mayor exhumación de España (2.840 fusilados) se ha realizado desde un ayuntamiento del PP y como consecuencia ha “puesto” en su sitio a los otros gobiernos (central, autonómico, provincial, etc.) que se han visto forzados a implicarse a través de la figura del “Convenio de Colaboración”, algo que se ha utilizado en escasas ocasiones.

 

6. ¿Sigue habiendo miedo?

Luis Naranjo: En las generaciones de edad avanzada que vivieron la guerra y el terrible franquismo de los años 40 y 50 sigue habiendo un poso de miedo construido durante décadas de silencio obligado y de olvido impuesto por el terror explícito o difuso de la dictadura, incluso en lo más íntimo del seno familiar. Este miedo acompaña a muchas de estas personas hasta el último día de sus vidas, y es bien visible por ejemplo en la realización de entrevistas orales, cuando cuesta romper incluso a nivel personal el muro de silencio establecido por el régimen franquista. Pero en las generaciones intermedias y jóvenes, lo que prima no es ya el miedo, sino la indiferencia nacida del desconocimiento de lo que realmente fue la dictadura, de la falta de conciencia democrática sobre los costes humanos y sociales que este régimen impuso a nuestro país y a Andalucía, del olvido de la larga lucha y resistencia popular para alcanzar la democracia. Este es realmente el problema actual, más que el miedo.

Rafael López y Paqui Maqueda: El miedo existe, o mejor, sigue existiendo. Aunque es cierto que muchas personas han roto su silencio. Ellos y ellas han sido la verdadera memoria. Han contado a pesar de las presiones sociales y familiares. Muchos han sido valientes. Lo que pasa es que la memoria se muere. Eso es lo que esperan, la muerte de la memoria y el olvido.

José María García Márquez: Cada vez hay menos miedo, aunque con alguna frecuencia se percibe en las entrevistas con familiares muy mayores.

Carlos Perales: Creo que en este momento podemos afirmar que ya el miedo se superó. La poca gente que queda que fueron testigos habla abiertamente. Sí lo ha habido hasta hace muy poco. Evidencia este miedo que el régimen de Franco, en ese sentido, fue perfecto. Consiguió lo que se proponía a base de terror y crueldad. Me preocupa el miedo actual. Parece como si la historia quisiera llevarnos de nuevo a los últimos años de la dictadura o los primeros de la transición. Se está legislando de manera muy reaccionaria que hace recordar a otras épocas. Incluso se habla abiertamente de un “neofranquismo”. Ayuda a ello, cómo no, la ley de seguridad aprobada o el detalle, bastante simbólico, de la compra de un camión de chorros de agua para disolver manifestaciones. Pensé que sólo los vería ya a través de la televisión y en regímenes totalitarios. Nos recortaron económicamente, ahora toca recortar ideológicamente. En ello parece que están.

Cecilio Gordillo: Evidentemente sigue habiendo miedo, y su utilización sigue siendo muy eficaz para los que gobiernan, ya sea realmente, como alcalde o presidente de una comunidad autónoma, pero también desde el poder económico e incluso mediático. Esto se acabará cuando la transparencia y la difusión pública de nuestras actuaciones sea la práctica cotidiana de las asociaciones y entidades memorialistas.

 

7. ¿Cómo influirán las actuaciones internacionales, como la causa argentina o las exigencias de la ONU, en la justicia española?

Luis Naranjo: A corto plazo, son fundamentales para consolidar y reforzar las convicciones y la lucha del movimiento memorialista, y también para sustentar las propias actuaciones y los objetivos trazados desde políticas públicas de memoria como las que pretendemos desarrollar en Andalucía. A medio y largo plazo, confiemos en que sirvan realmente para que el Estado español asuma sus obligaciones y haga caso a los requerimientos internacionales, aunque para ello creo que antes debe darse un cambio en la correlación política de fuerzas entre izquierda y derecha.

Rafael López: Esperemos que influya positivamente, aunque sinceramente no somos muy optimistas con los jueces españoles. Han demostrado en su falta de implicación y en sus sentencias lo que piensan hacer con la reclamación de las víctimas. Tenemos múltiples ejemplos: las sentencias de algunos juzgados territoriales, audiencias provinciales, la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo. La falta de apoyo y relectura de las sentencias de los tribunales internacionales ponen en evidencia el comportamiento de nuestros jueces. Responden más a una postura política y a la influencia del Estado y del Gobierno que a la verdadera Justicia. Ya vimos lo que hicieron con Garzón. Se preguntó algo y lo sacaron de la carrera judicial. Hoy todos los organismos internacionales dan la razón a nuestras reivindicaciones y a nuestra postura de crímenes de lesa humanidad y genocidio. La única esperanza es que los jueces actúen por vergüenza internacional.

Paqui Maqueda: Esperemos que estas instituciones provoquen que el Estado asuma esta problemática. Sería vergonzoso que fuese así pero ante la resistencia de los distintos gobiernos, me temo que no queda otra.

José María García Márquez: No tengo ninguna confianza en que esas actuaciones vayan a influir en el aparato judicial de nuestro país, como ya se ha demostrado repetidas veces en otros casos.

Carlos Perales: Más temprano que tarde, el Gobierno no tendrá más remedio que cumplir con el derecho internacional y por tanto con las exigencias de la justicia argentina o de las propias Naciones Unidas. Es una paradoja y un sin sentido. La Ley de Amnistía no puede amparar delitos que son imprescriptibles, por muy bien que nos viniera en la época en que se aprobó. Han pasado ya muchos años y la transición modélica en su momento se vuelve ahora anacrónica e injusta para las víctimas del franquismo.

Cecilio Gordillo: Tendrán una cierta influencia, pero tratarán por todos los medios desvincularla de estos casos que serán paradigmáticos a medio o largo plazo. Supongo que “presionarán a la clase política” para que se modifiquen o deroguen algunas leyes (Amnistía). La importancia de estas intervenciones viene dada por su “repercusión internacional”, lo que evitará que se siga vendiendo la marca España como el “no va más” en eso de transiciones y lecciones de aplicación del Derecho Internacional.

 

 

8. ¿Cómo califica este año en la lucha por la recuperación de la memoria histórica?

Luis Naranjo: Creo que ha sido un año clave en Andalucía, ya que por primera vez se ha puesto en marcha una Dirección General vinculada a la Consejería que dirige el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, mostrando así la voluntad política de reforzar las políticas públicas de memoria. En el resto del Estado, el avance de la reacción política ha debilitado y a veces imposibilitado las actuaciones memorialistas. Lo mejor ha venido del campo internacional, con el informe de la comisión de la ONU sobre desapariciones forzadas y la querella argentina contra los torturadores del régimen franquista.

Rafael López: Este año ha sido muy positivo para el movimiento y para nuestras reivindicaciones. Se ha concretado mucho trabajo de años. Hemos tenido que salir a Argentina, pedirle al Grupo de Desparecidos de la ONU, hemos constituido una Plataforma Andaluza de apoyo a la querella y nos hemos sumado a la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Es cierto que en este año hemos saltado a los medios por nuestro trabajo y nuestras reivindicaciones. Para nosotros ha sido muy positivo, al menos en este aspecto. No hay nada más que leer la sentencia de la jueza argentina María Servini de Cubría.

Paqui Maqueda: Califico este año como de grandes avances. Las organizaciones de memoria histórica hemos sabido impulsar nuestra causa alcanzando instituciones muy significativas en los derechos humanos, como el grupo de Desapariciones forzadas de la ONU o la misma justicia argentina.

José María García Márquez: No muy distinto a los últimos años, aunque con una sensible disminución de medios económicos.

Carlos Perales: Desde el punto de vista de lo hecho por el Gobierno, más nulo, negativo, porque ha permitido que la extrema derecha y los nostálgicos del franquismo se sientan más apoyados. Desde el punto de vista de los colectivos y de los avances a nivel internacional, muy positivo. El informe del grupo de trabajo de Desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas es clave, así como la evolución que se supone va a tener la querella argentina.

Cecilio Gordillo: El año 2013 será de “tránsito”, pues ahora han finalizado, realmente, algunas  actuaciones (exhumaciones/inhumaciones, investigaciones,  publicaciones, páginas web, etc.) subvencionadas por el Gobierno de España y, dado lo escaso de la partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, la valoración de los resultados llevarán a muchos proyectos (fundamentalmente institucionales) a echar el cierre. En el ámbito asociativo ayudará a “aclararse” y hará posible la desaparición de profesionales de la búsqueda de subvenciones públicas.

 

9. ¿Cómo cree que beneficiará la nueva ley de memoria democrática en esa lucha?

Luis Naranjo: Una vez promulgada, esta Ley constituirá el marco estructural y estable en el que se inscriban y desarrollen todas las actuaciones públicas -tanto institucionales como sociales- relacionadas con la memoria histórica democrática. En este sentido, supone para Andalucía no solo la profundización y adaptación a la realidad andaluza de los principios jurídicos ya establecidos en la Ley estatal de 2007, sino también la incorporación de posiciones más ambiciosas y que estimamos más eficaces para dar respuesta  a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y del conjunto de la ciudadanía. Me refiero por ejemplo a la obligatoriedad de que la Junta de Andalucía esté presente en todos los procesos de exhumación e identificación de víctimas -asumiendo como principio básico de la Ley el Deber de Memoria que compete al Estado democrático- o el establecimiento en la propia Ley de un procedimiento claro y preciso para la eliminación de la simbología y nomenclatura de exaltación del franquismo en los pueblos y ciudades andaluzas.

Rafael López: Bien, el borrador que conocemos parece positivo, pero no sabemos, ni conocemos el borrador enviado al Parlamento ni a los grupos políticos para el debate. Lo que conocemos parece que contempla lo solicitado por el movimiento social. Aunque hasta no verla aprobada por el Parlamento, somos escépticos.

Paqui Maqueda: No la conozco aún bien.

José María García Márquez: Todavía hay cosas establecidas pendientes de cumplirse y los incumplimientos no se solucionan tan fácilmente con nuevas leyes. Las leyes sirven cuando los gobiernos se dedican a aplicarla. Ya veremos.

Carlos Perales: Andalucía siempre ha sido pionera en legislar a favor de la recuperación de la memoria histórica. Desde antes, y sobre todo a partir del decreto de 2003, la Junta de Andalucía ha sido el referente a nivel nacional. Ahora con la nueva Ley que el Parlamento aprobará, volvemos a situarnos en la vanguardia y volvemos a convertirnos en referentes.

Cecilio Gordillo: Creo que esta nueva Ley, de ámbito andaluz, tendrá una escasa repercusión práctica en la sociedad andaluza en general y en el movimiento memorialista en particular. Los principales asuntos (fosas comunes, desaparecidos, registros civiles o investigaciones locales) no creo que los solucione a medio plazo. Suponemos que tendrá una cierta influencia en las organizaciones políticas que gobiernan (ayuntamientos y diputaciones) en lo que se refiere a la existencia de simbología, nomenclátor, etc. Quizás sea en la enseñanza básica y media donde pueda tener una cierta receptibilidad, aunque no me creo que sea igual en las universidades.

 

10. ¿Se están consiguiendo en Andalucía más cosas que en el resto de España? ¿Cuáles?

Luis Naranjo: Creo que en líneas generales, y sin ningún ánimo de triunfalismo, sí se están llevando a cabo iniciativas potentes y eficaces, que muestran el compromiso del actual Gobierno de izquierdas con la recuperación de la memoria democrática, y en eso sí nos diferenciamos en la presente coyuntura política tanto del Gobierno de la nación como de la mayoría de comunidades autónomas. La propia creación de la Dirección General de Memoria Democrática es buena muestra de ello, sobre todo si añadimos que en estos momentos de recortes generalizados ha aumentado ligeramente la dotación presupuestaria y los recursos humanos adscritos, para el año 2014. La elaboración y promulgación de la ya citada ley constituye sin duda otro logro singular de nuestra comunidad. Como actuaciones específicas, podríamos citar el mantenimiento de una política de subvenciones a asociaciones y foros, y de convenios con ayuntamientos, para el desarrollo de múltiples actuaciones memorialistas; el impulso a la elaboración de materiales didácticos para llevar a las aulas los contenidos y valores de la memoria democrática; la catalogación y señalización de decenas de Lugares de Memoria que se convierten en páginas abiertas a la ciudadanía repartidas por todo el territorio andaluz, o la comunicación a los juzgados territoriales por parte de la Dirección General de las evidencias de violencia cuando se procede a una exhumación. En este sentido, y para finalizar, me gustaría resaltar la voluntad política de esta Dirección General  para ir asumiendo de modo creciente las intervenciones directas para  localizar, exhumar e identificar las víctimas de la violencia franquista, utilizando para ello los recursos públicos que la propia Administración pública posee, lo que sin duda nos permitirá acelerar la inaplazable necesidad de acabar cuanto con esa vergonzosa realidad de los miles de asesinados, muchos de ellos desaparecidos forzados, que aún yacen en cunetas y cementerios.

Rafael López: Creemos que en Andalucía sí se están consiguiendo más cosas que en el resto de España, no podemos olvidar el Decreto de la Junta de 2003, pero sobre todo el gran trabajo de los movimientos memorialistas en Andalucía que hemos mantenido viva la llama de la memoria y hemos luchado contra el olvido. El camino ha sido duro y a veces lo hemos hecho en soledad. No hemos encontrado la sensibilidad ni la implicación de los partidos y sindicatos en este recorrido, y algunas instituciones se han manifestado esquivas y dubitativas ante la ley. En Andalucía sigue habiendo apoyo a la memoria, tanto a la difusión investigación, exhumación y dignificación. Se ha creado una Dirección General y hay un gobierno que está tramitando una Ley andaluza de memoria. En fin, confiamos en que este trabajo se convierta en mayor implicación por parte de la Junta de Andalucía, las diputaciones y sobre todo los ayuntamientos, con los que sin implicación es muy difícil trabajar.

Paqui Maqueda: Catálogo de Lugares de Memoria, Ley de Memoria Histórica, subvenciones, dignificación de lugares mediante colocación de placas, relación cercana con las asociaciones de memoria histórica, etc. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento de memoria histórica en Andalucía es muy, muy importante; por tanto, creo que una cosa se relaciona con la otra.

José María García Márquez: Ha habido actuaciones positivas en los últimos gobiernos de la Junta de Andalucía y en el actual, pero de muy escaso calado y compromiso. Las actuaciones políticas no dependen solo de los presupuestos ni éstos pueden ser una excusa para hacer muchas cosas que no requieren dinero.

Carlos Perales: Sin lugar a dudas se está consiguiendo más en Andalucía que en el resto de España. A pesar de la crisis y los recortes, la Junta de Andalucía mantiene partidas presupuestarias. Es importante, insisto, dados los recortes que nos llegan desde el Gobierno central. Siempre fue una apuesta de los distintos gobiernos de la Junta y así se ha evidenciado con la legislación aprobada.

Cecilio Gordillo: Yo personalmente estoy muy contento por el reconocimiento de los desmanes sobre las mujeres, aunque no me gustó el método utilizado (Decreto antes de “escuchar” al Parlamento). No creo que sea una cuestión cuantitativa pero, si es así, otras comunidades autónomas superan ampliamente a Andalucía en procesos de exhumación de fosas (Castilla y León, Euskadi). Sí son interesantes los procesos de investigación local que se están llevando a cabo a pesar de los problemas de financiación y la dificultad en acceder a muchos de esos procesos dadas las cortas ediciones y la falta de un espacio físico (archivo o página web) donde estén disponibles todas ellas.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/diez-preguntas-sobre-la-memoria-historica/