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Cerrados los archivos de Exteriores. Los esqueletos no saldrán del armario

Ángel Viñas, | 7 febrero 2014

Ángel ViñasA día de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores continúa manteniendo el secretismo sobre toda su documentación histórica

 

7 FEBRERO, 2014 AT 10:15 AM

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre apertura a historiadores e investigadores de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores,  dirigida al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.

Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores permanecen inaccesibles desde hace casi año y medio, aunque los problemas empezaron antes. Las primeras denuncias datan de otoño del 2011, cuando los archiveros del ministerio negaron verbalmente información histórica a los investigadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena. Ambos recabaron una explicación de la negativa por escrito. La respuesta llegó medio año después. El “no” se debía a un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como “secretas” de catorce materias de las relaciones de España con el exterior.

La disposición, que no se publicó en el BOE, venía a vetar o dificultar gravemente el acceso a la información sobre prácticamente todas las actividades de la diplomacia española a lo largo de su rica historia. Lo hacía al otorgar la clasificación de secreto “con carácter genérico” a cualquier documento, informe o dato cuya revelación pudiera poner en riesgo no sólo “la seguridad y defensa de España” -como ya establecía la legislación al respecto- sino también cualesquiera “intereses políticos, sociales, económicos y comerciales”, sin más concreción. Como en ese cajón de sastre de “intereses” cabía casi todo, los directores generales en quienes recaía la responsabilidad de dar o no acceso a cada información, solían curarse en salud -según los historiadores consultados- denegando las peticiones. El acuerdo sobre extensión del secreto lo había propuesto el ministro Miguel Ángel Moratinos tres meses después de las primeras filtraciones de Wikileaks (sobre la guerra de Afganistán), y cuando aún resonaban los ecos del escándalo por la autorización gubernamental de las escalas de los vuelos de la CIA para conducir presos a Guantánamo. De hecho, uno de los asuntos que se clasificaban era el relativo a pactos relacionados con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves”. Otras materias declaradas secretas eran, y son -puesto que la resolución sigue vigente-, las referidas a las “posiciones básicas” y actuaciones de España -en todo tiempo y situación-, ya sea en negociaciones normales o en conflictos internacionales; ante el terrorismo y el crimen organizado, o respecto al asilo y otros derechos.

El malestar de los investigadores trascendió a los medios de comunicación a mediados de 2012. Entonces el ministro García-Margallo anunció una rectificación del secretazo mediante una nueva resolución acorde con el proyecto de ley de transparencia. Pero lo que llegó en septiembre de aquel año fue la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y su transferencia, por razones operativas, a dos entidades de Cultura: el Archivo Histórico Nacional (documentos hasta 1931) y el Archivo General de la Administración (de 1932 a 1980). Hoy es el día en que ambas instituciones siguen denegando sistemáticamente el acceso a los papeles con el argumento de que aún falta identificar la documentación y recibir instrucciones sobre el “régimen de consulta”. Todo ello sin plazos de solución.

Cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países dirigieron hace meses al Gobierno y al Parlamento una dura protesta contra el “cierre indefinido e injustificable” del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de “la práctica totalidad” de los fondos. Tales decisiones “degradan la calidad de la democracia española” al impedir el ejercicio del derecho a la información histórica, dijeron. Los promotores de esta acción conjunta, entre ellos el catedrático de la Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor de la misma facultad Carlos Sanz, renuevan ahora sus críticas por lo que consideran un “desprecio a nuestra historia con un coste incalculable” para profesionales y ciudadanos. Cientos de investigaciones, tesis y libros ya contratados están parados por culpa de la clausura de fondos, denuncia asimismo el historiador y catedrático emérito Ángel Viñas. A su juicio, el traslado del archivo es un “episodio lamentable” del que “surge la sospecha de que se intenta entorpecer la labor de los especialistas en la idea, quizá, de que esos archivos contienen demasiados cadáveres en sus armarios”.

El ministro Margallo aseguró en agosto de 2013 que el Gobierno ya tenía a punto el proyecto de nuevo acuerdo que debe sustituir al de Moratinos de 2010. La resolución permitiría “un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas exclusiones”, aseguró. Y precisó que su aprobación sería más oportuna tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia, aprobada en noviembre. Los historiadores siguen esperando el nuevo acuerdo anunciado por Margallo y la reapertura de los fondos en su nuevo destino.

Es desconcertante que los profesionales de la historia tengan que ir a archivos de otros países para investigar en la historia española. Y sonrojante, además, que el secretismo no vaya acompañado con semejante celo a la hora de custodiar los documentos, Un catedrático denunció que el Gobierno español no encontró en sus archivos los documentos que acreditaban la propiedad española del islote de Perejil y tuvo que solicitarlo a los franceses, que debieron de contener la risa. No sólo por un deber de transparencia, sino también de facilitar su labor para construir una historia veraz, el ministerio debería escuchar a los historiadores.

El hecho es que, tras la imposición del secreto, el archivo lleva 15 meses cerrado por traslado. Y cientos de tesis e investigaciones están paradas.

A día de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación continúa manteniendo el secretismo sobre toda su documentación histórica, sin que se conozca un solo paso positivo para revertir esta medida absurda y escandalosa. Ello, a pesar de que el ministro García-Margallo prometió levantar el “secretazo”, primero en junio de 2012, y después en agosto pasado. Por otra parte, el ministerio de Cultura sigue vetando totalmente el acceso a unos papeles de los que ahora es también responsable, puesto que están depositados en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, dependientes de la D.G. de Archivos. Ni el ministerio ha dedicado recursos específicos al tratamiento de estos fondos, ni los archivos implicados están dando ninguna indicación a los investigadores sobre cuándo se podrían consultar.

Ignoramos si el Sr. García-Margallo habrá tenido tiempo de explicar su obstruccionismo contra la investigación histórica al Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con quien se ha reunido a finales de enero de 2014 y quien ha reclamado al Gobierno español una política de Estado a favor del esclarecimiento del pasado. Concretamente, el relator de la ONU señala en su informe provisional que “en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.” Y añade que, “en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos.”

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1)      ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el cumplimiento del compromiso señalado en 2012 por el ministro de Asuntos Exteriores, de rectificar el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como “secretas” de catorce materias de las relaciones de España con el exterior, abriendo sus archivos a historiadores e investigadores?

2)      ¿Cómo explica el Gobierno que, tras la imposición del secreto, el archivo de Asuntos Exteriores lleva 15 meses cerrado por traslado y, en consecuencia, cientos de tesis e investigaciones estén paradas en nuestras Universidades y otras extranjeras?

3)      ¿Por qué razones el Gobierno sigue incumpliendo el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que regula el sistema español de Archivos de la Administración General del Estado y no se motivan las resoluciones denegatorias de acceso a los archivos en aplicación del mencionado Acuerdo de 15 de octubre de 2010?

4)      ¿Para qué fecha estarán disponibles los documentos trasladados por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración?

5)      ¿Qué respuesta ha dado o piensa dar el Gobierno al escrito de protesta que cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países le dirigieron hace meses en protesta contra el “cierre indefinido e injustificable” del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de “la práctica totalidad” de los fondos?

6)      ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para cumplir las recomendaciones del Relato Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, para que archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejen de ser clasificados como confidenciales y se establezcan criterios claros para la desclasificación de los mismos?

http://www.angelvinas.es/?p=129