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En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española (1931-1936)

| 10 febrero 2014

978-8490451229Eduardo González Calleja

 

376 páginas. 26,00 euros. Comares

Analizar la evolución de los conceptos políticos y su función social en cada momento histórico es un saludable modo de relativizar alguno de los grandes mitos constitutivos de cualquier comunidad política. Al igual que la idea de «democracia» (que en los años treinta no era un valor absoluto, sino un concepto en crisis, que tenía un carácter provisorio e instrumental para buena parte de los partidos de derecha e izquierda, y quedó subordinada a otros términos, como los de república, reforma o revolución) , la noción de «orden público» también tiene su propia genealogía y su particular campo semántico, que nos retrotrae al siglo XVIII, cuando el Estado logró erigirse en el monopolizador de la violencia legal según la clásica teoría hobbesiana. El instrumento fundamental del orden público era la «fuerza pública», término procedente de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 , y que sirve para designar a fuerzas especializadas en los menes­teres de salvaguardia interna del orden sociopolítico, bajo la directa dependencia del Estado y que veían limitada su actuación por las leyes vigentes, a diferencia de las fuerzas ar­madas del Antiguo Régimen, que operaban de forma más o menos autónoma e indiscriminada.

El término tuvo un recorrido histórico específico en España. Con el régimen liberal comenzaron a cristalizar una serie de procesos estrechamente ligados al desarrollo del capitalismo. Uno de ellos fue la estructuración de la sociedad entera a partir del funcionamiento de una serie compleja de dispositivos de vigilancia, moralización e individualización, que tenían como fin el mantenimiento del orden social establecido. El desarrollo práctico del concepto de «orden social» por el conservadurismo del siglo XIX marcó los límites del alcance transformador del ciclo revolucionario liberal-burgués que en España hacemos arrancar convencionalmente de 1812 y finalizar en 1875. La defensa de un orden social que era considerado como natural, inmutable e indiscutible, que debía ser mantenido a toda costa y por todos los medios a disposición del poder político, incluidos los violentos, era una actitud más in­movilista que regresiva, que no admitía variaciones sustanciales en lo social (con la primacía de los sectores de la gran burguesía y de la nobleza que aceptaban las consecuencias del individualismo liberal y de la desigualdad natural inherente al organicismo de cuño católico), en lo político (con el es­tablecimiento de un régimen liberal parlamentario de sufragio restringido y con la potenciación del papel de la Corona, de la Cámara Alta y de la Administración militar sobre la civil), y en lo económico, con la asunción del sistema de propiedad personal, libre y plena, lo que implicaba aceptar las desiguales relaciones sociales que llevaba anejo el capitalismo.

INTRODUCCIÓN: Sobre el concepto de orden público y su evolución

1. LOS ANTECEDENTES: LA POLÍTICA DE ORDEN PÚBLICO DURANTE LA RESTAURACIÓN

1.1. El pecado original: la militarización del orden público

1.2. Los condicionamientos legales: la aplicación abusiva de las medidas de excepción

1.3. La tortuosa modernización de la función policial

1.4. El deterioro del orden público en la crisis de la Restauración

1.5. Reforzamiento y crisis de un sistema militarizado de control colectivo: la Dictadura de Primo de Rivera

1.6. El derrumbe de la política de orden público y la caída de la Monarquía

2. LAS INSTANCIAS Y LOS GESTORES DEL PODER GUBERNATIVO

2.1. La evolución de los servicios centrales del Ministerio de la Gobernación: presupuestos y personal al mando

2.2. Los directores generales de Seguridad y los servicios de coordinación e información

2.3. La clave del poder gubernativo: los gobernadores civiles

2.4. La suerte de la República se juega en el campo: la lucha en torno al poder local

3. LA SOMBRA DE CASTILBLANCO: EL PAPEL REPRESIVO Y LA DUDOSA LEALTAD DE LA GUARDIA CIVIL

3.1. Una mentalidad ordenancista y a la defensiva

3.2. Entre Castilblanco y Arnedo: la polémica sobre la actuación represiva de la Guardia Civil

3.3. La destitución de Sanjurjo, el 10 de agosto y la gran reforma

3.4. La recuperación del favor oficial durante el bienio radical-cedista

3.5. Reavivando los rencores: de Yeste al 18 de julio

4. LA SOMBRA DE CASAS VIEJAS: LA GUARDIA DE ASALTO Y LAS TRANSFORMACIONES EN LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

4.1. La efímera creación de una Guardia Cívica republicana

4.2. Al fin una policía moderna: la creación de la Guardia de Asalto

4.3. El duro despertar: Casas Viejas y la brutalización de la acción policial

4.4. La militarización del Cuerpo de Seguridad

4.5. La escasa fiabilidad política del Cuerpo de Investigación y Vigilancia

4.6. El dispositivo de orden público en Cataluña

5. DEFENDIENDO LA REPÚBLICA: LAS MEDIDAS LEGALES DE EXCEPCIÓN

5.1. La Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931

5.2. La Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933

5.3. La penalización preventiva: la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933

5.4. La limitación del derecho de asociación, el control de las armas de fuego y la involución de los mecanismos procesales

6. EL ESTADO CONVERTIDO EN FORTÍN: EL ENDURECIMIENTO DE LA ACCIÓN REPRESIVA DE LOS GOBIERNOS RADICAL-CEDISTAS

6.1. Martínez Barrio y la política de reforzamiento preventivo de la autoridad gubernativa

6.2. Salazar Alonso o el triunfo de la represión

6.3. La revolución de octubre de 1934 y la culminación del reforzamiento del poder estatal

6.4. La evolución de la delictividad política y social

6.5. La militarización progresiva del orden público

7. LA CRISIS FINAL DE LOS RESORTES DEL ORDEN PÚBLICO EN LA PRIMAVERA DE 1936

7.1. Armados hasta los dientes: el cambio de signo en el poder municipal

7.2. El recrudecimiento de la conflictividad sociolaboral

7.3. Las tentativas de depuración del Ejército, los cuerpos policiales y la judicatura

7.4. La política preventiva y represiva de Casares Quiroga de mayo a julio. Los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo

CONCLUSIONES: La dificultosa renovación y el uso inadecuado de los medios coactivos del Estado

ANEXO: Cronología de los estados de excepción durante la Segunda República (1931-1939)

SIGLAS

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA