Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas, critica duramente al Estado español por «no haber hecho más» en favor de los derechos de las víctimas

 

Natalia Chientaroli

Pide que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 y muestra preocupación por la propuesta de reforma de las leyes que regulan la jurisdicción universal

En cuanto a la causa que se sigue en Argentina por delitos de torturas durante la dictadura de Franco, avisa de que hay varias fórmulas legales para juzgar estos delitos

El relator especial de la ONU Pablo de Greiff se va de España sorprendido por que el Estado no haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas del franquismo. Y también por la «distancia inmensa» entre el Gobierno y las asociaciones, «la mayor que me he encontrado en mi experiencia profesional», ha dicho durante la presentación de sus conclusiones tras su visita oficial.

«Las discusiones parecen estar enmarcadas en el siguente esquema: aquí todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implica un riesgo demasiado alto», explica el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de Naciones Unidas después de reunirse con diversas asociaciones de víctimas y por la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno, como el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y los secretarios de Estado de Presidencia y Justicia. La conclusión de De Greiff no puede ser más clara: «No sé si ese esquema se adecuó alguna vez a la realidad, pero considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para el orden democrático, resulta especialmente sorprendente que no se haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas».

En resumen, recomienda a España que abandone la excusa de reabrir heridas y le pide que garantice el acceso de las víctimas a la justicia y que establezca «políticas de Estado» que se mantengan en el tiempo «por encima de consideraciones políticas» o «partidistas» .

Aunque habrá que esperar a septiembre para un documento más exhaustivo, el resumen que ha hecho es sumamente crítico con el Gobierno. Ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los «graves» crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, ha pedido la derogación de la ley de amnistía de 1977 y ha recomendado la colaboración de la justicia española con los procedimientos judiciales en el exterior.

Sobre este punto, De Greiff explicó que en sus reuniones con los representantes del Gobierno de Mariano Rajoy se habló de la causa que sigue la jueza argentina María Servini por delitos cometidos durante el franquismo. Sin embargo, no quiso comentar la posición oficial de España sobre la solicitud de extradición de José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas. «Es mejor preguntarles directamente a ellos», zanjó. Lo que sí advirtió al Estado español es que permitir la extradición de los acusados (algo a lo que se opone el fiscal de la Audiencia Nacional) no es la única forma de juzgar estos crímenes.

«La ley de amnistía no es una ley de punto final»

De hecho, apuntó, la ley de amnistía no es una ley de punto final, pero sí ha funcionado como tal porque ha servido para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces. «Hay numerosas interpretaciones de esas normas «que no han impedido el procesamiento de los presuntos responsables» y que podrían aplicarse aquí: por ejemplo, la que dice que la amnistía suspende la responsabilidad penal pero siempre y cuando exista una investigación y un juicio que establezca esa responsabilidad». En cuanto a la posición de la Fiscalía de no considerar las torturas como crímenes de lesa humanidad, De Greiff explica que ya hay casos documentados en los que «aunque el delito no esté tipificado como tal en el Código Penal, se les reconoce ese carácter y por tanto se les aplica el principio de inprescriptibilidad», abundó. Ese es precisamente un criterio judicial muy cercano al que utilizó la justicia española para condenar al torturador argentino Adolfo Scilingo.

El relator de la ONU destacó también la falta de información centralizada y la falta de apoyo económico del Estado en las iniciativas privadas de recuperación de la memoria histórica. Apunta que la ley de Zapatero ha establecido una «privatización de la exhumación de fosas» al financiar la actividad de asociaciones en lugar de establecer una política de Estado. De Greiff cree que hay que potenciar la Ley de Memoria Histórica para «suplir los vacíos» que existen en ella, como la exclusión de temas como los trabajos forzados, las muertes en bombardeos, los niños robados y las diferentes formas de represión sobre las mujeres.

Además, ha aludido a «la ambigüedad» a la hora de enseñar la guerra civil y la dictadura en los colegios, y ha pedido que se reforme el Valle de los Caídos «tal y como exigen y merecen las víctimas». Esa es la visita que parece haber impresionado más al relator de la ONU, que lleva dos décadas haciendo este tipo de investigaciones «en contextos muy diferentes». «Quizá sea por la magnitud de la construcción o porque fue construido por presos del régimen, es algo particularmente conmovedor», confesó.

http://www.eldiario.es/sociedad/relator-ONU_0_225028094.html