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Una buena ley de memoria histórica… sin memoria económica

Andaluces, | 12 marzo 2014

_PrAndalucesAbarca desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía

 

OLIVIA CARBALLAR / Sevilla / 12 Mar 2014

“El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”. Así comienza la exposición de motivos de la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de Zapatero. “La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática (…) La ONU sentencia que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Y así arranca el preámbulo de la nueva ley de memoria andaluza cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tras una larga y discrepante negociación entre PSOE e IU.

Siete años después, con la mirada atenta de la justicia internacional y la ONU sobre los crímenes del franquismo, el nuevo texto andaluz intentará corregir los errores de una norma estatal que, según los colectivos afectados, nació incluso antigua. La principal novedad de la normativa autonómica es que a partir de ahora será la Administración, en este caso la Junta, la que asuma como una política pública más las exhumaciones, hasta ahora realizadas por las asociaciones y familiares.

Basado en el derecho internacional, en los derechos humanos y en las recomendaciones de Naciones Unidas, el texto se sustenta en la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, como han venido reclamando los familiares desde hace años sin más interés hasta ahora que el mostrado por la justicia extranjera: ser atendidos como cualquier otra víctima. El problema de esta buena ley y que, como ha señalado el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, “es sentida, necesaria y pone a Andalucía a la vanguardia de la memoria democrática”, es la ausencia de memoria económica que posibilite el efectivo cumplimiento de sus intenciones, teniendo en cuenta, además, que el tiempo corre en contra de muchos familiares de víctimas que superan los 80 años. Estas son las claves de la futura norma.

VÍCTIMAS

“El Estado democrático tiene una imprescriptible deuda con todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia y represión, a causa de su compromiso con la libertad”, dice el anteproyecto en su exposición de motivos. A diferencia del ensalzamiento del “espíritu de la Transición” que recoge la ley de 2007, el texto andaluz rechaza la ley de amnistía, a la que constantemente recurren los jueces para archivar las denuncias, y que hasta el propio Zapatero defendió recientemente para oponerse a la creación de una comisión de la verdad. “Es lo que aconseja esta ley y vamos a seguir avanzando”, ha afirmado Valderas sobre esa comisión sin entrar en más detalles.

La futura ley también va más allá en el tiempo y en la definición de víctimas. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.

EXHUMACIONES

La localización de las personas desparecidas será la política prioritaria de la Junta, que determinará sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrática cada cuatro años -con informe anual- y estará presente en todas las exhumaciones, que se realizarán con un protocolo. “La Consejería competente en materia de memoria democrática será responsable del seguimiento de la realización de los trabajos de indagación, localización y, en su caso, exhumación e identificación, que serán supervisados por un comité técnico, del que formarán parte las personas especialistas necesarias que garanticen el rigor científico”, dice el artículo 10.2 del texto. La falta de presupuesto, como ha reconocido el propio Valderas, hace prácticamente imposible que la Junta cumpla con el propio compromiso recogido en la ley, al menos, en un tiempo razonable para reparar a esos familiares ya mayores.

En Andalucía hay casi 600 fosas todavía sin abrir de las 614 localizadas. Para este año, la Junta tiene previsto exhumar 11, con un presupuesto de 119.557 euros. ¿Cuánto tiempo tardará la Administración en exhumar todo? ¿60 años?”, se pregunta Santiago Fernández, un familiar de víctima. En su caso, todos los gastos fueron sufragados por la familia y la ayuda de voluntarios. La Junta no tiene calculado el tiempo que tardará en recuperar todos los cadáveres. Andrés Rebolledo, nieto de un fusilado recientemente identificado en El Marrufo (Cádiz), donde fueron localizados 28 cuerpos, cuenta que invirtieron “mucho más” que este presupuesto anual y tardaron cuatro años. En este caso, sólo contaron con una subvención del Gobierno en la etapa de Zapatero para los trabajos de investigación y cata. Todo lo demás, corrió a cargo de un familiar. Su temor, en este aspecto, es que las exhumaciones no se hagan bien. El caso de La Puebla de Cazalla (Sevilla), cuya cuarta fase va a comenzar en breve con la subvención de la Junta, es otro ejemplo de exhumación empantanada por la falta de apoyo institucional hasta el momento, como recuerda Mari Carmen España, nieta de otra víctima.

¿Qué hará un familiar si la fosa donde está su abuelo o su tío no entra en los planes de actuación por falta de presupuesto? Según fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática, podrá hacerlo de dos formas pero siempre con la tutela de la Junta: bien acogiéndose a una subvención extraordinaria de la Administración o bien sufragándolo por su cuenta.

La Junta, no obstante, más allá de las limitaciones presupuestarias, asegura que hará todo lo posible para aumentar los recursos y evitar los obstáculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares exhumar. El anteproyecto establece la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada si su titular se opone a la intervención, como ocurrió en un primer momento, por ejemplo, en la fosa de El Marrufo. E incluye la creación de un protocolo para dignificar las fosas comunes en los cementerios, en algunos casos destruidas.

 

JUSTICIA

Según el anteproyecto, será la Administración, como responsable, la que denuncie ante la autoridad judicial y, en el caso de que alguien descubra por azar restos que puedan corresponder a las personas desaparecidas deberá comunicarlo a la Junta o al Ayuntamiento correspondiente a la mayor brevedad. La estrategia de la Junta incide en la necesidad de que el sistema judicial se moje y forme parte de una vez por todas de la recuperación de la memoria. Sin embargo, presentar la denuncia de forma obligatoria, según algunos familiares y asociaciones, retrasa el proceso y lo único que se consigue, de momento, es el archivo de la causa. En el caso de la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se han recuperado 2.840 cadáveres, los familiares decidieron no presentar denuncia porque temían que la tardanza en la respuesta de un juez alargara la exhumación. “Se decidió así porque había personas mayores que tenían miedo a no ver los huesos recuperados de sus familiares”, explica el arqueólogo que dirigió los trabajos, Andrés Fernández.

En la fosa abierta en Encinasola (Huelva) aún están esperando la respuesta de una jueza para concluir la exhumación y pasar a la identificación de los huesos, que será asumida también a partir de ahora por la Administración. “La Junta realizará las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados”, dice el artículo 13.2. Este proceso también es muy costoso y en algunos casos, tras la exhumación, los restos se han quedado esperando años, como en La Puebla de Cazalla.

 

REPARACIÓN

En cuanto a la reparación de las víctimas, se declarará el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura. La fecha, escasamente conocida hasta entre el movimiento memorialista -”¿No será el 14 de abril?”, preguntaban desconcertados ayer creyendo un error por el día de la República-, hace referencia a la primera exhumación que se hizo de manera pública en Andalucía, en el verano de 2003 en Lecrín (Granada). Agustín Góngora buscaba a su hermano, pero falleció sin encontrarlo. Supuestamente, la tumba está debajo de una autovía. En un borrador del texto, la fecha señalada era el 18 de julio, que fue rechazada también en el Congreso como día de condena del franquismo, con los votos en contra del PP y la abstención de UPyD.

Aunque no se incluyen indemnizaciones, el artículo 19 del texto sostiene que la Junta impulsará actuaciones para hacer “copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio“. Algunos campos de concentración fueron creados por los propios ayuntamientos, como el de Sevilla, y se beneficiaron de grandes obras, como el Canal de los Presos, empresas y terratenientes.

En una disposición adicional, se señala que se impulsará la inscripción de defunción de los desaparecidos en el Registro Civil, una pared contra la que siguen chocando los familiares.

 

SÍMBOLOS FRANQUISTAS

La nueva ley andaluza corrige los artículos descafeinados de la ley estatal sobre la retirada de símbolos franquistas. La Junta dará un plazo de 18 meses para que sean retirados -también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público- y eliminará las razones artísticas, que la ley de Zapatero admitía para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estén sobre lugares o edificios históricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los “participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar y de la dictadura”, que es lo que ocurre con el polémico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada, al que hasta la justicia ha indultado en una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Junta no concederá ningún tipo de subvención o ayuda a las personas físicas y las entidades públicas y privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos símbolos o por cualquier circunstancia que atente, alente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática. “Incluida la Iglesia”, aclaró Valderas. En el caso de que no se retiren de forma voluntaria en ese plazo desde que entre en vigor la ley, la Junta incoará de oficio el procedimiento y, si tampoco así se retiran en el plazo establecido, será la Junta la que pueda hacerlo de manera subsidiaria. Incumplir la orden de retirada, tipificado como infracción grave, puede conllevar multas de entre 2.001 a 10.000 euros. Los símbolos pasarán a formar parte del Instituto de la Memoria Democrática, órgano que también prevé crear la ley. El anteproyecto recoge, además, un artículo según el cual se prevendrán y evitarán -aunque no prohibirán- los actos en público que exalten el golpe y el franquismo, que menosprecien o humillen a las víctimas y la concesión de distinciones a los responsables de la dictadura.

 

NULIDAD DE LAS SENTENCIAS DEL FRANQUISMO

El vicepresidente de la Junta valoró el reconocimiento que, de forma general, hace la futura ley a Blas Infante, fusilado en 1936. Sin embargo, en este aspecto, el texto no aporta ninguna novedad. Traslada la patata caliente al Gobierno central instándolo a que adopte las medidas necesarias para declarar nulos todos los juicios y sentencias. Lo que sí estaría en manos de la Junta para reparar al considerado Padre de la Patria Andaluza es personarse en la causa abierta en Argentina contra los crímenes franquistas, algo que el vicepresidente descartó. Recientemente, IU presentó una proposición no de ley con esa reclamación que fue rechazada por PSOE y PP.

 

LUGARES DE MEMORIAges

El anteproyecto impulsa el reconocimiento de los lugares de memoria, una figura ya creada por la Junta de Andalucía con anterioridad con la que se han protegido hasta el momento medio centenar de enclaves. La mayoría aún no están señalizados ni incluidos en un catálogo, al que el nuevo texto andaluz también hace mención. Según la normativa, las legislaciones referentes a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente tendrán que respetar en todo momento estos lugares y las actuaciones necesitarán un informe preceptivo antes de la aprobación definitiva. “La colocación de publicidad comercial, cableado, antenas y conducciones aparentes estarán igualmente sometidos a autorización”, recoge el texto.

Si un lugar se encuentra en peligro de desaparición o deterioro, se podrá anotar preventivamente en el catálogo hasta ser confirmado en 30 días. De igual modo, la Junta también podrá descatalogar los lugares “cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron su inscripción”.

 

ÓRGANOS Y ARCHIVOS

La normativa andaluza, que reconoce el papel y la relevancia del movimiento asociativo, incluye la creación de un registro de entidades de memoria democrática, un censo de la represión, un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía y un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, que según Valderas, no supondrá un gasto extra. La Administración deberá reunir y recuperar los fondos documentales, testimonios orales, etc. Y cada año, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, deberá haber una dotación para la adquisición de documentos en archivos públicos, privados, nacionales y extranjeros.

 

EDUCACIÓN

Los contenidos de memoria democrática serán incluidos en el currículum de ESO, Bachillerato y en la educación permanente de personas adultas. Para ello, la Consejería de Educación incorporará a los planes de formación del profesorado “la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía“. Además, se impulsará la incorporación en los estudios universitarios.

 

MULTAS

El proyecto de ley, en su régimen sancionador, establece multas de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, que son la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de restos humanos de personas víctimas de la represión; la destrucción de fosas; y la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta. Aquí entraría el supuesto caso de que un familiar quiera exhumar por su cuenta sin la tutela de la Administración, como ha ocurrido en muchas exhumaciones hasta ahora, entre otras cuestiones, por la falta de apoyo de la Administración, como en el caso de El Álamo o El Marrufo.

Las multas oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros para las infracciones graves, como el imcumplimiento de la orden de retirada de símbolos franquistas, trasladar restos humanos sin autorización, no comunicar el hallazgo casual de restos o incumplir los deberes de conservación de los lugares de memoria. Las sanciones leves, con multas entre 200 y 2.000 euros, incluyen el incumplimiento de cualquier otro tipo de obligación que recoge la ley. No obstante, la norma, según Valderas, no se crea con afán sancionador.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/ley-memoria/