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Víctimas y expertos ante la Ley de Memoria: “Tantos aspectos positivos como interrogantes”

El Diario.es, 12/03/2014 | 13 marzo 2014

_PrElDiario FEDERACIÓN FOROS POR LA MEMORIA,Familiares de víctimas del franquismo, asociaciones y expertos valoran el nuevo marco legal memorialista que tramita la Junta de Andalucía

 

Juan Miguel Baquero

Aparecen dudas sobre la escasa dotación presupuestaria, el cumplimiento de la retirada de simbología fascista en ayuntamientos con “alcaldes del PP” y, de manera especial, en la “médula” del movimiento de memoria histórica: las exhumaciones.

Quedan reconocidos aspectos que superan la legislación estatal como la definición ampliada de víctima, la inclusión en el currículo escolar o que la Administración autonómica asuma el “deber del Estado”.

La tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía suscita impresiones encontradas en el movimiento memorialista. De los aspectos positivos de un nuevo marco legal que supera la legislación estatal y asume el “deber del Estado”, a los interrogantes que plantea el cumplimiento de las múltiples aspiraciones del texto. Una duda importante surge de la tímida apuesta presupuestaria. Otra, la pregunta esencial, está en la “médula” de la recuperación de la memoria: las exhumaciones. Procesos hasta ahora sostenidos, en gran parte, por familiares y asociaciones que, en casos, temen verse desplazados por la próxima ley andaluza.

“Mi impresión de esta ley podía resumirla con la siguiente frase: contiene tantos aspectos positivos como interrogantes”. Lo dice Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, miembro de la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina y familiar de víctimas del franquismo. Tiene claro que en el nuevo marco jurídico que plantea el Gobierno de Andalucía “por fin se nos trata como lo que somos, víctimas”. Es una “política pública de memoria” que rompe con la dinámica “tanta veces denunciada de dejar en manos de asociaciones y familiares el ingente trabajo que desde hace más de diez años se viene haciendo”.

Sin embargo, la pregunta clave reside en la “médula del movimiento reivindicativo”: los trabajos de exhumación (el actual mapa de fosas recoge 614 fosas en suelo andaluz y unos 60.000 desaparecidos). “¿Qué criterios utilizará la Junta para autorizar las exhumaciones a unos y prohibirles a otros? ¿Cómo las va a llevar a cabo, con qué medios? ¿En qué tiempo?”. Confronta aspectos positivos, caso de la inclusión de la memoria en el currículo educativo o el “estudio de la situación actual de los archivos de la represión”, con la duda que genera el cumplimiento de obligaciones como la retirada de simbología fascista: “¿De verdad creen que entidades, con alcaldes muchas de ellas del PP, van a acatar estas medidas o por el contrario va a hacer como siempre hace este partido, reírse de ellas y dejar que pase el tiempo y mueran en un triste cajón?”.

Exhumar fosas “no deja de ser una obligación judicial”

La magistrada y miembro de Jueces por la Democracia, Amaya Olivas, coincide en que las “políticas oficiales de la ley establecen buenas definiciones de las víctimas y de los delitos”. Resulta “básico”, entiende la autora del Modelo para el protocolo de exhumaciones, “que sea la administración la que quede obligada a realizar las actuaciones necesarias para las exhumaciones de fosas, de forma que no quede privatizado en manos de familiares”. Recuperar los restos de desaparecidos forzados “no deja de ser una obligación judicial”, puntualiza, que choca “ante la masiva inacción y las resoluciones del Tribunal Supremo recaídas en este sentido, en contra del derecho internacional”.

La norma andaluza “mejora la estatal y se esfuerza por dar cumplimiento al dictamen de la ONU sobre la obligación de investigar las desapariciones durante la guerra civil y la dictadura”. Destaca además la “exigencia democrática que se formula al Gobierno español sobre la necesidad de anulación de las sentencias” de los juicios del franquismo. Queda por ver, concluye, “si con el escenario de crisis y la realidad de Andalucía, el Gobierno autonómico puede atender los gastos derivados de todas las tareas por hacer”. Propone, por ejemplo, “potenciar de forma efectiva con recursos adecuados a las asociaciones memorialistas”.

Por su parte, el historiador José Luis Gutiérrez Molina tacha el texto de “decepción”. Ofrece, apunta, la “impresión de que se quisiera reconducir la situación por la actual administración a un control absoluto”. Pide, en este sentido, que el Estado “asuma sus obligaciones con la memoria histórica pero que no controle a la sociedad”, una situación que linda en su opinión con el “desmantelamiento de los movimientos sociales en los años 70 y 80”. La ley es, en opinión del investigador, “demasiado reglamentista y exclusivista”.

Una ley “fruto del trabajo de las asociaciones de memoria”

Las exhumaciones, explica, “se diferirán aún más” y las sanciones “parecen más dirigidas como advertencias a díscolos que otra cosa”. La recuperación memorialista “ha avanzado por el impulso de familias y asociaciones y ahora se les ningunea y subordina” con un texto “ejemplo de políticas que se pensaban trasnochadas”, califica. Espera, en todo caso, que el movimiento recupera voz en la “tramitación parlamentaria” de la norma. Como avances, valora que la Junta asuma el “deber de Estado”, la integración del estudio de la memoria en el currículo escolar y la intervención para anular “los juicios franquistas”.

El vicepresidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Rafael González, ve “positiva” una ley que “desarrollará” la estatal. Sobre todo, en ámbitos como la “potenciación” de los procesos exhumatorios, la difusión “de los presupuestos democráticos de la Segunda República”, la introducción de “contenidos curriculares en los programas educativos de ESO y Bachillerato” y la eliminación de “vestigios franquistas”. Considera “muy valiente” la “apuesta del Gobierno andaluz y de la dirección general de Memoria Democrática dirigida por Luis Naranjo”.

Permitirá además desarrollar “un marco que favorecerá el impulso necesario” a la causa memorialista al hacer “todos los esfuerzos que se pueden llevar a cabo dentro de nuestro ámbito autonómico”. Pide, en este punto, el “esfuerzo mayor, en cuanto la crisis económica lo permita”, a otorgar un presupuesto “lo suficientemente lógico para la puesta en vigor de la ley” aunque entiende que la “interconexión” entre “distintos organismos de la Junta” optimizará “los recursos disponibles”.

Desde Unión Cívica Andaluza por la República, Juan Morillo entiende el proyecto legislativo “fruto del trabajo de las asociaciones de la memoria” que ejemplifica en las exhumaciones, la Querella Argentina o la petición de apoyo al Parlamento Europeo para crear una Comisión de la Verdad. Es una ley que supera la estatal, que no aportó “el merecido reconocimiento”, y satisface “las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

Felicita también el carácter transversal de la normativa, con la “presencia de la consejería de Justicia en las exhumaciones y de Educación en la inclusión de la memoria en los contenidos que deben aprender los alumnos”. Espera, en este sentido, que la consejería de Hacienda “ponga a disposición del desarrollo de esta ley los fondos necesarios” y que el trámite de la ley en el Parlamento de Andalucía aporte la participación de “asociaciones y familiares de víctimas”.

http://www.eldiario.es/andalucia/Ley-Memoria-andaluza-positivos-interrogantes_0_237977233.html