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Juan Carlos I y el 23-F

Roberto Muñoz Bolaños. Anatomía de la Historia, | 3 abril 2014

Elreyyeñ23F_la-gran-desmemoria-197x300El avance del contenido del último libro de Pilar Urbano ha reabierto un viejo debate

El avance del contenido del último libro de la periodista Pilar Urbano, titulado La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, ha reabierto un viejo debate en el seno de la historiografía española: el de la implicación del jefe del Estado, Juan Carlos I, en el golpe de Estado del 23-F.

Implicación que ha sido defendida por autores como los periodistas Juan Blanco, Julio Palacios o la propia Urbano, y rechazada por otros como el académico Javier Fernández López. De hecho, el papel de Juan Carlos I ha llegado a convertirse en la piedra angular sobre la que ha girado la casi totalidad de las obras escritas sobre el 23-F.

Sin embargo, es imposible entender la posición del rey antes, durante y después de ese golpe de Estado si no se conoce primero qué fue realmente el 23-F.

Los antecedentes del 23-F

El origen de este acontecimiento histórico hay que buscarlo en la división existente en la élite franquista y en su proyecto de reforma política una vez que muriese el dictador.

Una de las familias de esa élite, la tecnócrata, vinculado con el instituto seglar Opus Dei, y cuya cabeza era el catedrático de Derecho Administrativo Laureano López Rodó, había sido clave en la elección de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey, a quien se le consideraba el elegido para llevar a cabo el proceso de transición como pago por los servicios prestados. Su objetivo era el establecimiento en España de una democracia limitada, en la que el Partido Comunista de España (PCE) no estuviera legalizado, y donde un senado corporativo actuara de contrapeso a la cámara de diputados elegida por sufragio universal, donde estarían representadas las organizaciones políticas.

Sin embargo, el jefe del Estado no eligió al miembro de esa familia que formaba parte de la terna elaborada por el Consejo del Reino tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, Gregorio López Bravo, sino que se inclinó por un político desconocido, Adolfo Suárez, perteneciente a otra familia, la Azul o falangista.

Desde el momento en el que fue elegido, y siguiendo los consejos del entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, el nuevo presidente del Gobierno inició un proceso de cambio cuyo objetivo era el establecimiento de una democracia plena en España.

El punto de no retorno de este proceso se produciría el 9 de abril de 1977, con la legalización del PCE; acontecimiento que tuvo dos consecuencias trascendentales. La primera, que tanto la oposición como la élite franquista se convencieron de que el proceso de cambio político era irreversible; y la segunda, que las Fuerzas Armadas, el principal bastión del franquismo, no tenían capacidad para detenerlo, a pesar de las manifestaciones en contra de esa legalización que habían tenido lugar en su seno, y cuya máxima expresión fue la dimisión del ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, dos días después de la legalización de los comunistas.

Como consecuencia de estos dos hechos, un sector importante de la élite económica y política conservadora del país, donde los antiguos tecnócratas tenían un gran peso, diseñaron un plan cuyo objetivo era sustituir a Suárez en la Presidencia del Gobierno por un miembro de este sector, ya fuera un político –López Bravo– o un empresario –se habló de Juan Miguel Villar Mir–.

Sin embargo, estas operaciones, conocidas como Plan A y Plan B, y auspiciadas por Luis María Ansón, entonces presidente de la agencia de noticias Europa Press, no tuvieron éxito, ya que Suárez las desmontó, y además, no contaron con el apoyo del monarca, que era la pieza clave para que tuvieran éxito, tal como han explicado el entonces comandante de Ingenieros Juan María de Peñaranda, que como miembro del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) fue invitado a las mismas, y el propio Ansón.

Sin embargo, dos años después, en la segunda mitad de 1979, coincidiendo con el desgaste producido en la figura de Suárez por la crisis de su propio partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), a la que unió la depresión económica y el azote terrorista, liderado por la organización Euzkadi Ta Askatasuna (ETA), se resucitó de nuevo el Plan A.

No obstante, en su diseño se introdujeron cuatro novedades. La primera, que ya no iba a estar encabezada ni por un político ni por un empresario, sino por un militar, ya que los promotores de la misma pensaban que el mayor peligro que corría en ese momento el país era que se produjera un golpe de Estado puro, que hubiera podido tener consecuencias muy graves en todos los ámbitos. Para evitar tal situación, se hacía necesario colocar a un militar al frente del Gobierno, y éste por exclusión sólo podía ser el general de División Alfonso Armada Comyn, culto, políglota, con excelentes relaciones en todos los sectores de la sociedad española, y sobre todo hombre del rey, ya que hasta 1977 había sido su secretario.

Armada era también supernumerario del Opus Dei, enemigo de Suárez y mantenía excelentes relaciones con los tecnócratas. Su ambición personal unida a su concepto de servicio a España y a la Corona, de la que se consideraba un súbdito fiel, le llevó a aceptar el encargo.

La segunda, que la sustitución de Suárez pasaría por la creación de un gobierno de concentración, presidido por Armada, y en el que estarían integrados todos los partidos del arco parlamentario, junto a independientes de gran prestigio.

La tercera, que esta operación se diseñó en dos variantes. La primera de ellas, conocida como variante constitucional, se articulaba a partir de una moción de censura que provocaría la caída de Suárez, y su sustitución en la Presidencia del Gobierno por el general Armada. La segunda de las variantes, denominada pseudoconstitucional, pasaba por crear una situación de extrema gravedad, que permitiese a Armada presentarse como salvador del sistema democrático, siendo investido como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados.

Y la cuarta de las novedades del resucitado Plan A era la finalidad que buscaba, y que no era otra que una reforma constitucional, con objeto de restringir el desarrollo autonómico, unida a una política antiterrorista más eficaz y una mejor relación con la Iglesia católica

Esta nueva manera de atender al Plan A sería conocida como Solución Armada, por el apellido de su cabeza, pero no instigador, y se podría en marcha a finales del año 1979. Desde el primer momento, los planificadores de la misma optaron por la variante constitucional, por ser la menos traumática para el sistema político vigente. No obstante, para que saliera adelante, era necesario no sólo el apoyo de los partidos políticos, sino sobre todo del jefe del Estado.

Juan Carlos I fue informado de la misma y no se opuso, como han reconocido, entre otros el teniente general José Ramón Pardo de Santayana y Coloma o el ex alcalde de Madrid Juan de Arespacochaga, dos hombres que estuvieron en conocimiento de la operación desde el primer momento.

Es más, el teniente general honorario Sabino Fernández Campo ha reconocido que Armada informó al Rey de la futura composición de su Gobierno, e incluso de que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González, sería su vicepresidente. Por su parte, el propio Armada, que se entrevistó con el rey varias veces en este periodo, especialmente en enero de 1981, cuando la operación estaba a punto del culminarse, afirmó que “el rey sabía tanto como él”.

Pero, a la vez que Armada se entrevistaba con el jefe del Estado y con los líderes de los partidos políticos, tomaba una decisión de gran importancia: ponerse en contacto con las tramas golpistas existentes en el seno de las Fuerzas Armadas. Con este contacto, el general perseguía una doble finalidad. Por un lado, congelar estas operaciones para evitar que se adelantasen y dieran al traste con la suya, y por otro, controlarlas por si alguna de ellas debería ser usada para poner en marcha la variante pseudoconstitucional de su operación.

Sin embargo, Armada no contactó directamente con estas tramas por dos razones. La primera porque si, en algún momento se ponía en marcha la variante psedoconstitucional, no podría aparecer vinculado con estas tramas, ya que su imagen como salvador de la democracia hubiera quedado destruida. Y la segunda, que carecía del grado y del prestigio para ejercer ese control. De ahí que optara por apoyarse en el más monárquico y también el más prestigioso de los militares españoles, el teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía, capitán general de la III Región Militar.

Tras dos encuentros con Armada en Valencia, el 16 de noviembre de 1980 y el 10 de enero de 1981, Milans del Bosch, que entendía que las indicaciones de Armada eran órdenes del rey, pues el general hablaba en su nombre, convocó una reunión con representantes de las diferentes tramas golpistas de las Fuerzas Armadas, en la calle general Cabrera, de Madrid, el 19 de enero de 1981, donde consiguió subordinar esas operaciones a la Solución Armada y estudió la toma del Congreso de los Diputados que había diseñado una de esas tramas, la encabezada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, por si se hacía necesario llevarla a cabo para poner en marcha la variante pseudoconstitucional.

De estos contactos, Armada no informó al rey, limitándose a explicarle que existían distintas tramas golpistas en las Fuerzas Armadas, pero sin proporcionarle el importantísimo dato de que desde el 19 de enero estaban controladas por él. Es más, tras la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981, que imposibilitaba la variante constitucional de su operación, ya que hacía improbable la moción de censura, Armada decidió poner en marcha la variante pseudoconstitucional, pero sin informar al jefe del Estado de este cambio.

Así, en la reunión que mantuvieron el 13 de febrero de 1981, el general se limitó a explicar que tenía un plan para “reconducir” cualquier operación golpista que tuviera lugar, evitando así la quiebra del sistema democrático. El jefe del Estado le autorizó a hacerlo, si tal hecho se producía. Sin embargo, en ningún momento Juan Carlos I tuvo conocimiento de que Armada iba a ordenar a Tejero que tomara el Congreso de los Diputados en una reunión que mantuvieron el 21 de febrero, ni tampoco de que dijera a Milans del Bosch, al día siguiente, que se hiciera con el control de la III Región Militar cuando Tejero hubiera realizado su acción.

El golpe de Estado del 23-F

Este desconocimiento regio es el que explica la actitud del rey durante el golpe de Estado. El fefe del Estado pensó inicialmente que Armada reconduciría la situación, de ahí que nada más producirse el asalto al Congreso de los Diputados (18:22 horas), le llamara a su despacho en el Cuartel General del Ejército –Armada era el 2º jefe del Estado Mayor del Ejército– para que le explicara qué estaba pasando.

Fue entonces cuando el general se ofreció a ir a la Zarzuela, para desde allí proceder a “reconducir” la situación. Inicialmente, el jefe del Estado aceptó la propuesta, pero su posición cambió cuando se enteró a través del general jefe de la División Acorazada Brunete n.º 1, José Juste Fernández, que en los cuarteles estaba corriendo la noticia de que los instigadores del golpe de Estado eran Armada y Milans del Bosch, y que contaban con el respaldo del rey.

Fue a partir de ese momento (18:22 horas) y hasta las 21:00 horas del 23 de febrero de 1981, cuando el jefe del Estado adoptaría una actitud ambigua frente a los hechos, ya que las acciones de Armada le habían colocado en una posición imposible. Si el golpe de Estado triunfaba, sería imposible acallar los rumores que vinculaban a los golpistas con el Rey, pero si fracasaba, la situación no iba a ser mejor para el monarca, ya que durante el proceso que sería incoado, saldría a relucir sus estrechas relaciones con Armada.

Esa situación imposible fue la que llevaría al rey Juan Carlos I a partir de las 21:00 horas a autorizar a Armada a “reconducir” la situación, permitiéndole proponerse como presidente del Gobierno a los diputados secuestrados por Tejero, a “título personal”. Pero el general no pudo hacerlo, ya que Tejero, a quien Armada nunca le había explicado la finalidad de la operación, se negó a permitirle hablar a los diputados, pues el guardia civil no estaba de acuerdo con ese Gobierno de concentración nacional que quería presidir Armada.

Tras el fracaso de Armada, a Juan Carlos I no le quedó más remedio que desmarcarse completamente de los golpistas. Fue entonces cuando se emitió el discurso que llevaba varias horas grabadas, y desautorizo a Milans del Bosch, pasada la 1:00 horas del día 24 de febrero.

Fueron estas acciones del monarca, unidas además a una leyenda que se creó respecto a su actitud y comportamiento con los principales mandos de las Fuerzas Armadas y con los golpistas –leyenda creada de manera fundamental precisamente por Pilar Urbano con su obra Con la venia… yo indague el 23-F–, las que convirtieron al rey en el salvador de la democracia y en el gran héroe de la jornada, hasta el punto de que su papel en los hechos, le dotaron de una legitimidad del ejercicio democrático que enterró su legitimidad de origen franquista.

Es más, el papel regio en el golpe de Estado del 23-F ha servido en los últimos años para contrarrestar los numerosos errores que han tenido lugar en el seno de la Casa Real, haciendo que el titular de la Corona, aunque haya visto algo disminuido su prestigio, siga gozando de una gran estima entre los españoles. De ahí, la trascendencia y el impacto que han tenido las revelaciones de Pilar Urbano en su reciente obra, pues atacan la línea de flotación de la monarquía como institución.

Conclusiones

De todo lo expuesto en los párrafos anteriores, sostenidos por abundante documentación primaria, que constituyó la base sobre la que construimos nuestra tesis doctoral, se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre el papel del monarca en relación con el golpe de Estado del 23-F.

1ª. El rey no puso en marcha el golpe de Estado del 23-F, pues este fue una de las variantes de una compleja operación política, cuyo objetivo no era sólo forzar la salida de Suárez de la Presidencia del Gobierno, sino provocar un giro conservador en el sistema político vigente.

2ª. El rey sí estuvo informado del proyecto de convertir a Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional, y no se opuso al mismo; recibiendo puntual información de los contactos que se mantuvieron y de la finalidad que este proyecto perseguía, incluyendo la reforma de la constitución.

3ª. El rey no tuvo conocimiento de que este proyecto tenía una variante pseudoconstitucional, que pasaba por poner en marcha un golpe de Estado puro, que posteriormente sería “reconducido” por Armada.

4ª. El rey si estuvo en conocimiento de ese plan de Armada para “reconducir” un golpe de Estado si se producía, aunque no supo nunca que esa operación golpista iba a ser desencadenada por su antiguo secretario.

5ª. Tras el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados, el rey sí se mostró favorable a que Armada pusiera en marcha su plan de “reconducción”, actitud que cambió radicalmente cuando supo que el general estaba detrás de la operación de Tejero.

6ª. A partir de ese momento, el rey se encontró ante una difícil situación, optando inicialmente por ganar tiempo, y luego autorizando a Armada a que culminara su plan de “reconducción”, presentándose ante los diputados, para que le invistieran como presidente del Gobierno. En esta labor el general fracasó por la oposición de Tejero a sus planes.

7ª. Tras el fracaso de Armada, el rey se desvinculó completamente de los golpistas, y los desautorizó, lo que le convirtió en el salvador de la democracia.

8ª. Tras el fracaso del golpe de Estado, la opinión pública española fue bombardeada por artículos de prensa y obras sobre el golpe de Estado –la más leída fue la de Pilar Urbano– que realzaron el papel del rey ante los hechos, a la vez que encubrieron su vinculación con los golpistas, especialmente Armada, a pesar de que esta no dejó de aparecer ni en el sumario ni en la celebración del juicio público por estos hechos.

9ª. Esta visión del rey como salvador de la democracia se ha mantenido hasta nuestros días, a pesar de que algunos autores la han puesto en duda, lo que explica el impacto que las revelaciones de la reciente obra de Pilar Urbano han provocado.

http://anatomiadelahistoria.com/2014/04/juan-carlos-i-y-el-23-f/