Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica
El relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destaca los «vacÃos» institucionales en materia de verdad y justicia
Natalia Chientaroli
Pablo de Greiff critica en su informe la ‘privatización’ de las exhumaciones, la falta de información oficial y la Ley de AmnistÃa
Recomienda que el Valle de los CaÃdos deje de ser un sitio de «exaltación del franquismo» y recuerda al Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina
Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las vÃctimas.
La sentencia es contundente: «No se estableció nunca una polÃtica de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de escalrecimiento de la verdad. El modelo vigente de » privatización» de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las vÃctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones estatales…». Además, De Greiff critica duramente las » interpretaciones restrictivas de la Ley de AmnistÃa» que «no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación».
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantÃas de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas asociaciones de vÃctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel GarcÃa-Margallo.
De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque ‘oficial’ es maximalista. «Varios representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicarÃa un riesgo demasiado alto», explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que «los vacÃos en la respuesta institucional al tema […] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrÃan ser».»Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas vÃctimas», concluye el especialista de la ONU.
1. Remoción de sÃmbolos franquistas
De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los sÃmbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayorÃa de ellos ya se habÃa retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.
«El Valle de los CaÃdos difÃcilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación […] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador».
2. Valle de los CaÃdos
«El sitio constituye en sà mismo la exaltación del franquismo», observa el relator, que critica la falta de información. «Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos polÃticos bajo condiciones inhumanas» o sobre «los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahà están inhumadas», afirma. «Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la BasÃlica», ni por qué Franco «fue inhumado allà sin ser vÃctima de la Guerra Civil». De Greiff recomienda «resignificar» el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. «DifÃcilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación […] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador».
3. Educación deficiente
El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, «manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica». De Greiff considera que la mayorÃa de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue «un conflicto entre dos Españas» y en la que se reforzaba la polÃtica del » borrón y cuenta nueva» en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.
4. PolicÃas, militares y jueces poco formados
La ONU considera que los miembros de la PolicÃa, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas especÃficos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crÃmenes de lesa humanidad o los crÃmenes de guerra.
5. Falta de información
«No existen censos oficiales de vÃctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura», enumera el informe. Además, destaca temas «subexplorados» como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución «independiente pero oficial» de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.
6. Acceso restringido a los documentos
Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados «invocando riesgos a la seguridad nacional» y «sin criterios claros». De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacÃos legales que generan este problema.
7. Exhumaciones ‘privatizadas’
El relator expresa su «preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos» y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó «la legitimidad de este reclamo», sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. «Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado». Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrÃan más de 45.000 restos de personas.
8. El obstáculo de la Ley de AmnistÃa
Aquà es donde se observan mayores déficits, y la Ley de AmnistÃa se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan «sin que los jueces siquiera conozcan los hechos». Pablo De Greiff entiende que la norma en sà misma no impide la apertura de causas, sino que son las «interpretaciones restrictivas» –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurÃdica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de AmnistÃa son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de AmnistÃa requiere al menos una investigación de los hechos, «pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir».
9. Jurisdicción universal
Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crÃmenes de lesa humanidad. La ONU ve «con precupación» las reformas de 2009 y 2014 que «limitan significativamente» que los juzgados españoles puedan investigar crÃmenes internacionales graves, y asegura que «sigue atentamente» los procesos en marcha «como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas» invoando estándares internacionales.
Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crÃmenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: » sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables».
10. VÃctimas ‘de segunda'»Muchas organizaciones y vÃctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘vÃctimas de segunda categorÃa», describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza «por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a […] vÃctimas del terrorismo». El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la VÃctima como oportunidad para incluir «todas las categorÃas de vÃctimas».
http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-Espana-Guerra-Civil-franquismo_0_297120710.html