El Gobierno cierra filas ante la ONU y recurre a la Ley de Memoria Histórica que dejó sin fondos
Ante el informe presentado por el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra
La representante del Estado español ha recurrido a la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero, muy criticada por el PP y anulada de facto por el Gobierno del Rajoy, para defenderse del informe presentado por el relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra
ALEJANDRO TORRÚS Madrid
Cierre de filas total y absoluto. Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantÃas de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de «erróneo», otras de «inexacto», asà como ha acusado al relator de la ONU de «olvidar» reunirse con otras asociaciones de vÃctimas de la dictadura que consideran que «el mayor triunfo de sus pretensiones» ya se habÃa logrado: «la consolidación de la democracia». Eso sÃ, no ha sabido concretar a qué asociaciones se referÃa tras ser preguntada por vÃctimas de la dictadura al término de la reunión.
AsÃ, la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana MarÃa Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de AmnistÃa y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las vÃctimas pueden acudir a los tribunales por la vÃa contencioso-administrativo para negar que exista la impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de «reconocimiento y de carácter simbólico» para las vÃctimas, a pesar de que el Partido Popular la anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las vÃctimas.
El principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha sustentado en el consenso polÃtico de la Transición y en el convencimiento de que «el olvido y el perdón» eran la única vÃa para «la reconciliación». «La Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayorÃa de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática», ha señalado Menéndez.
Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leÃdo previamente su informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las vÃctimas «no es un asunto de polÃticas partidistas o programas polÃticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más». Cabe destacar que ninguna vÃctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una vez más son la principal ausencia.
Reacción de las vÃctimas de la dictadura
El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante española es «erróneo de raÃz».
«Está justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraÃdas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia polÃtica en un momento dado como fue la Transición», señala Bonilla, que explica que confrontar «razones jurÃdicas con razones polÃticas», como ha hecho la representante española, es «negar el Estado de Derecho».
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado en un comunicado como «lamentable» la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. «Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistÃa, son archivados sin llevar a cabo la más mÃnima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver», ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.
El viernes, nueva prueba
El viernes será el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a España durante el pasado mes de septiembre. La delegación tenÃa como objetivo esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crÃmenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las vÃctimas.
Las observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, asà como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de AmnistÃa no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de vÃctimas. Asà lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.
Sobre este último informe se pronunció el lunes Alberto Ruiz Gallardón en el pleno del Senado. El ministro de Justifica señaló que el Gobierno «discrepa claramente» con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los crÃmenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la Ley de AmnistÃa de 1977.