Reprimenda a España del Consejo de Derechos Humanos por «privatizar» las exhumaciones

 

 

La norma, aprobada en 2007, está derogada de facto al eliminar las partidas para abrir fosas

NATALIA JUNQUERA Madrid 10 SEP 2014

El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha expuesto hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra su demoledor informe tras visitar España a principios de año (del 21 de enero al 3 de febrero) para examinar el trato del Estado a las víctimas del franquismo. Durante su intervención esta tarde ha recordado que la asistencia a las víctimas «no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más», ha asegurado.

Al concluir su visita a España el pasado febrero y tras reunirse con autoridades, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, jueces, fiscales y víctimas, De Greiff ya avanzó, en una entrevista a EL PAÍS, su preocupación por el desamparo de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Le preocupa especialmente la “indiferencia del Estado” hacia las víctimas, la “privatización” de las exhumaciones –el Gobierno ha dejado en manos de los familiares la localización y apertura de fosas y desde 2011 ni siquiera da las subvenciones previstas para ello en la ley de memoria histórica- así como la insistencia de las autoridades entrevistadas en que es mejor no remover el pasado.

A De Greiff le llamó la atención que los representantes del Ejecutivo con los que se entrevistó repetían el mismo mensaje: «O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto». El relator de la ONU no comparte en absoluto esa apreciación de las autoridades españolas y rechaza que hacer realidad los derechos de las víctimas ponga en peligro «la estabilidad del orden democrático».

La representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, se ha revuelto contra el duro informe del relator calificándolo de «erróneo» o «inexacto». En su turno de réplica, ha defendido la Transición española, la ley de amnistía de 1977 y el papel de los jueces que han esgrimido dicha norma para no abrir investigaciones penales sobre los crímenes del franquismo.»El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal», ha justificado Menéndez. De Greiff le ha respondido que existen alternativas y que la ley puede interpretarse de forma que no impida a las víctimas el acceso a la justicia, como han hecho los jueces de otros países ante normas similares.

Además, la representante de España ante la ONU ha insinuado que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica con las que se ha reunido el relator no representan a la mayoría de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, cuya mayor pretensión, ha dicho, ya ha sido satisfecha: «La consolidación de la democracia». La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha negado que las víctimas ya estén satisfechas o reparadas, como prueban las «miles» de peticiones de ayuda que siguen recibiendo de familiares de desaparecidos, y ha anunciado que enviará por registro una pregunta a Menéndez:  «Queremos saber si a partir de ahora, el Gobierno tiene previsto decirle a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, la justicia y la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia», ha declarado Emilio Silva, cofundador de la ARMH.

Para defenderse de las acusaciones de falta de atención a los represaliados, Menéndez ha esgrimido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la ley de memoria histórica aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy la ha derogado de facto (en la oposición, la criticaba con dureza) al eliminar las partidas para la apertura de fosas. De hecho, las exhumaciones que se han llevado a cabo este verano se han hecho gracias a la donación de un sindicato noruego y el trabajo de voluntarios.

La representante de España ante Naciones Unidas se ha comprometido a «seguir dialogando» con el relator de la ONU y a «tener en cuenta» su recomendación de que jueces y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reciban una formación específica en materia de derechos humanos, como ya ocurre en otros países, como Argentina.

El examen a España continúa este viernes con la exposición del informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, que visitó Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía en septiembre del año pasado para comprobar qué hacen las autoridades por atender a los familiares de más de 100.000 desaparecidos –paseados, fusilados y arrojados a fosas comunes aún por abrir- del franquismo.

El autor de este segundo informe, Ariel Dulitzky, ya instó a España el pasado julio a presentar, en un plazo de 90 días, “un cronograma” en el que el Gobierno indique qué medidas piensa llevar a cabo para implementar las recomendaciones de Naciones Unidas. La más importante y urgente es, según Dulitzky, que el Ejecutivo asuma “su obligación” y elabore “una política de Estado comprensiva, coherente y permanente» que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos.

El Gobierno está molesto con los duros informes de los dos enviados de Naciones Unidas a España. Este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en respuesta a una pregunta del senador Jokin Bildarratz (PNV), que el Ejecutivo «discrepa claramente» de la opinión de los relatores de la ONU, como la propuesta de dejar sin efecto la ley de amnistía. Bildarratz recordó que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo por detrás de Camboya, y se mostró «terriblemente pesimista» con la actitud del Gobierno al respecto. «¿Es necesario que venga la ONU a decirnos en el siglo XXI que tenemos 150.000 personas en las cunetas?», preguntó a Gallardón. El ministró replicó: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». La realidad, no obstante, es que este Ejecutivo ha reducido a 0 la partida presupuestaria para sacar a las víctimas de fosas y cunetas.

 

Las recomendaciones de la ONU

NATALIA JUNQUERA

1. Una política de Estado para reparar con urgencia a las víctimas del franquismo. El relator de la ONU insta al Gobierno a mostrar «un compromiso decidido» para atender a los represaliados, de edad muy avanzada,  y rechaza la excusa de la crisis económica. «Las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción». De Greiff llama la atención, además, sobre la disparidad de criterios y actuaciones de las comunidades autónomas y la discriminación que eso supone para las víctimas del franquismo, que pueden recibir más o menos atención y ayuda según el lugar donde vivan.

2. Aplicar y revisar la ley de memoria histórica. El relator de la ONU considera que la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007, nunca fue suficiente, y lamenta que desde 2011, además, ni siquiera se aplique, al eliminar el Gobierno las partidas presupuestarias para ello. De Greiff insiste en repetidas ocasiones a lo largo de su informe en la necesidad de «asignar los recursos necesarios» y «restablecer, sino aumentar» los fondos destinados.

3. Fin a la «privatización» de las exhumaciones. El relator de la ONU insta al Gobierno a asumir su responsabilidad en la localización y apertura de las fosas en lugar de delegar esa tarea en los familiares de las víctimas.

4. Reinventar el Valle de los Caídos. De Greiff pide al Gobierno que asuma las recomendaciones del comité de expertos al que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un plan de actuación sobre el Valle de los Caídos, y que entre otras medidas proponía trasladar los restos de Franco a otro lugar y convertir el mausoleo en un museo de la memoria.

5. Investigación judicial de los crímenes del franquismo. El relator insta a España a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. De Greiff también pide a las autoridades españoles que cooperen con los tribunales de otros países, como Argentina, que ha abierto una causa por dichos crímenes y reclama la extradición de dos supuestos torturadores, Billy el Niño y el capitán Muñecas.

http://politica.elpais.com/politica/2014/09/10/actualidad/1410350684_616505.html