La FiscalÃa argentina pide la indagación de quince franquistas
Es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal se pronuncia sobre la causa por los crÃmenes franquistas
‘Público’ accede al dictamen del fiscal Ramiro González, que incluye pedidos de información a las autoridades españolas y al Vaticano.
ANA DELICADO Buenos Aires 23/10/2014
La FiscalÃa argentina ha elevado un dictamen en el que solicita a la jueza MarÃa Servini de CubrÃa, instructora de la causa, las declaraciones indagatorias de quince franquistas: cinco ex ministros, dos miembros de la judicatura militar y ocho policÃas.
Meses han pasado sin que se tuviera novedad sobre la causa abierta en Argentina por los crÃmenes de la dictadura franquista. El silencio aparente de la Justicia argentina tenÃa un motivo: el estudio, por parte del fiscal federal Ramiro González y su equipo, de todos los expedientes del proceso que le habÃa remitido la magistrada. La querella de la causa habÃa pedido en abril la imputación de estos quince acusados. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José MarÃa Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio son los cinco ex ministros de Franco acusados de cometer delitos de lesa humanidad, a los que se unen los ex juristas Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González y ocho policÃas más.
Más de 1.200 hojas, agrupadas en unos 65 cuerpos, constituyen la causa que ya ha vuelto a pasar de las manos de la FiscalÃa al juzgado de Servini de CubrÃa. Después de examinar todas las denuncias que han llegado también desde los consulados argentinos en España, la FiscalÃa ha individualizado más de 4.500 vÃctimas.
«Aterrorizar a españoles»
Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: «Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilÃcitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas», reza el texto de su dictamen.
La FiscalÃa acepta como perÃodo de investigación el lapso de tiempo comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado, y el 15 de junio de 1977, dÃa en que se celebraron las primeras elecciones parlamentarias democráticas.
En base a ello, considera que «hubo un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de la eliminación fÃsica de sus más representativos exponentes en territorio español», de acuerdo al escrito.
Público ha tenido acceso al expediente del fiscal, que insta a pedirle a los arzobispados españoles «toda la documentación que obre en sus registros relativa a la Iglesia Católica y el Estado español, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y especÃficamente, los referentes a los religiosos católicos que fueron objeto, por parte de dicho Estado, de persecución, sanción, cárcel y tortura». González también sugiere que se solicite a la Ciudad del Vaticano «toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora, PaÃs Vasco».
En su dictamen de 309 páginas, la FiscalÃa requiere además que las autoridades españolas remitan «toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existente respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex presidente [de la Generalidad de Cataluña durante la II República] LluÃs Companys i Jover».
El fiscal exhorta a la jueza a que evalúe también «la posibilidad de concurrir in situ» a Barcelona para visitar la Cárcel Modelo en donde estuvo detenido Companys y el anarquista Salvador Puig Antich, última persona ejecutada por garrote vil durante la dictadura; a Galicia, para visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos; y a Asturias, donde se hallan las fosas de Avilés.
«Nosotros tomamos intervención en la causa poco antes de viajar a España junto con la magistrada Servini de CubrÃa», refirió a este diario el fiscal Ramiro González. «Necesitamos este tiempo para acomodar los archivos, analizar todos los hechos, y emitir nuestro requerimiento. Sabemos lo importante que es esta causa en España».
A diferencia de la querella, que adopta la representación privada de las vÃctimas del franquismo, la FiscalÃa constituye la acusación pública dentro de un proceso penal. El fiscal sostuvo que como Ministerio Público Fiscal, su trabajo es técnico y objetivo, «velando por la legalidad del proceso, el respeto a los derechos humanos, y las garantÃas de todas las partes». Al margen de las medidas que demanda, Ramiro González aconseja a Servini de CubrÃa que determine «la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores que fueran denunciados en los autos».
Como añadidura, la FiscalÃa solicita a la jueza exhumaciones de restos, apertura de fosas comunes, y la celebración de nuevas audiencias testimoniales mediante videoconferencias. El Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental de la Memoria Histórica, y el Archivo Histórico Provincial de Málaga también deberÃan entregar, a juicio de González, toda la información que posean sobre las vÃctimas mencionadas en la causa.
http://www.publico.es/551932/la-fiscalia-argentina-pide-la-indagacion-de-quince-franquistas