«El que nos entregó a Franco llegó a ocupar un cargo en el Gobierno de Felipe González»
Los siete supervivientes de un consejo de guerra franquista se reúnen en el aniversario del juicio sumarÃsimo
Los siete supervivientes de un consejo de guerra franquista se reúnen en el aniversario del juicio sumarÃsimo con el que Franco les hizo pagar las consecuencias de un acto que no habÃan cometido: la explosión de un artefacto en el Valle de los CaÃdos.
PATRICIA CAMPELO Madrid 24/11/2014
La militancia antifranquista les unió, en los años 60, y un Consejo de Guerra sin garantÃas que concluyó con dos penas de muerte y condenas de cárcel selló definitivamente sus destinos. Los siete supervivientes del juicio sumarÃsimo celebrado en Burgos el 20 de octubre de 1962 se reúnen cada año desde hace 30 para rememorar los hechos que cambiaron sus vidas.
El último encuentro tuvo lugar este sábado en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, residencia de uno de ellos, y sirvió de homenaje a Paquita Román, la única mujer detenida y juzgada en el mismo expediente, que falleció el pasado agosto. Congregados con sus familias, compartieron recuerdos y entregaron a las hijas y nietas de Paquita poemas y otros escritos en recuerdo a la luchadora antifranquista.
En este viaje reparador a través de la memoria, el episodio de la explosión en el Valle de los CaÃdos en el verano de 1962 cobra especial importancia para este grupo de hombres. A principios de los años 60, todos eran unos jóvenes de izquierdas con actividad sindical y de propaganda contra el régimen franquista. Algunos concretaron su militancia polÃtica en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Sus acciones se limitaban a reuniones y a la edición de panfletos que copiaban por las noches y después repartÃan por Madrid. Papeles que denunciaban los abusos de la dictadura. Pero la explosión de un artefacto en la basÃlica del Valle de los CaÃdos en agosto de 1962 provocó la búsqueda de posibles sospechosos y les colocó en el punto de mira de la policÃa, que seguÃa sus pasos desde hacÃa meses.
Aquella bomba casera apenas ocasionó daños en el recinto de Cuelgamuros, pero empañaba la imagen de un régimen que pretendÃa dar apariencia de bienestar en el extranjero. Se trataba, para Franco, de «actos de terrorismo que tenÃan como objetivo frenar el creciente desarrollo de nuestra economÃa y debilitar el prestigio de nuestra paÃs en el exterior», según el comunicado del Ministerio de Gobernación publicado en ABC.
Los verdaderos autores de la explosión, Antonio MartÃn Bellido -fallecido el pasado agosto- y Paul Denais, huyeron a Francia y, sin más pruebas que la sospecha, Lucio de la Nava, Alejandro Mateo, Elio Salas, José Martin RodrÃguez, Ricardo Metola, Eugenio Cordero, Rafael Asenjo, Paquita Román Aguilera, Francisco Sánchez Ruano, Julio Moreno y Antonio Astigarraga fueron detenidos las semanas siguientes a la explosión y convertidos en cabeza de turco.
Hoy, los siete supervivientes, De la Nava, Salas, Mateo, MartÃn, Metola, Cordero y Asenjo, tienen edades comprendidas entre los 74 y los 80 años. Los episodios de detención, palizas en la Dirección General de Seguridad [DGS], Consejo de Guerra y posterior cárcel los padecieron a sus veintitantos. «Hoy justo se cumplen 52 años del dÃa que nos trasladaron de la cárcel de Carabanchel a la de Burgos», advierte Lucio de la Nava a Público. «SÃ, recuerdo que cayó una nevada e Ãbamos en mangas de camisa, ¡qué frÃo!», apostilla José MartÃn.
En Burgos cumplieron los primeros 40 dÃas de aislamiento en celdas individuales. «Nos castigaron con unos dÃas de más porque nos negamos a ir a misa en Carabanchel», puntualiza MartÃn. «Salimos de aislamiento dos o tres dÃas antes de Nochebuena; recuerdo que tenÃamos sabañones en las manos del frÃo que hizo aquel noviembre», añade. «Las celdas tendrÃan unos tres metros cuadrados; yo me pasaba el dÃa tratando de correr como podÃa», explica De la Nava.
El Consejo de Guerra dictó para ellos penas de entre 8 y 30 años y dos sentencias de muerte conmutadas por años de reclusión. Les acusaron de asociación ilÃcita, bandidaje y terrorismo. Ninguno de estos extremos pudo probarse.
Al poco, las condenas se vieron rebajadas gracias a las tres amnistÃas generales concedidas tras la muerte del papa Juan XXIII, por los llamados ‘XXV años de paz’ y por el año Jacobeo.
Palizas en la Dirección General de Seguridad
La cárcel fue la última parada de un itinerario que comenzó con las detenciones y con el paso por los calabozos del edificio del reloj de la Puerta del Sol, la antigua Dirección General de Seguridad. «Allà te metÃan el tiempo que la policÃa quisiera. Yo estuve encerrado siete dÃas sin que nadie me dirigiera la palabra. Cuando me sacaron a declarar y vi el ventanal con la luz que entraba pensé que estaba en el paraÃso, me quedé como tonto y desperté con un guantazo que me tiró al suelo. Ahà me di cuenta de dónde estaba y de lo que estaba pasando», relata Alejandro Mateo.
«Yo estuve unos seis dÃas. Por el dÃa te tenÃan sin decir nada, y cuando llegaba la noche te subÃan y empezaban las presiones y los palos», aclara MartÃn. «Y a las mujeres les hacÃan unas perrerÃas…, era brutal. Les descubrÃan los pechos y les daban con una regla», cuenta Elio Salas sobre el calvario de su compañera de expediente y amiga Paquita, que fue recluida en las cárceles de Ventas y de Alcalá de Henares. «Ella siempre estuvo muy dolida con aquello. El trato en la DGS hacia las mujeres era aún más vejatorio», apostilla De la Nava.
Por aquellos calabazos desfilaron cientos de presos polÃticos. Alejandro Mateo coincidió con uno que le avanzó «ellos ya saben todo lo que tú les puedas decir». Después, Mateo supo que se trataba del escritor Luis MartÃn Santos, autor de Tiempo de Silencio.
«Lo mejor fue cuando a Alejandro le hicieron las fotografÃas; cuando acabaron, él preguntó a los policÃas ‘¿cuándo tengo que venir a recogerlas?’, ¡y le soltaron una ‘hostia’!», relata De la Nava entre risas. «Eso era para que vieran que, a pesar de las palizas, no les tenÃamos miedo», explica Mateo, el mismo que mantuvo ocupada a la policÃa toda una noche picando en un descampado de Madrid buscando la propaganda que, según él, habÃa enterrado en lugar de repartirla por la ciudad. «Era mentira, claro, allà no apareció nada», concluye.
El juez instructor que les deseó la ejecución
Finalizado el rosario de palizas en la DGS, el grupo fue llevado ante el juez instructor. «Pensábamos que al fin Ãbamos a contarle lo que nos habÃan hecho, pero nos dijo que a ver si podÃa conseguir que nos fusilaran a todos», recuerda Salas. «Yo le dije que me habÃan pegado y él cogió un flexo que tenÃa en la mesa y me dio en la cabeza diciendo que tenÃan que haberme matado», lamenta De la Nava.
Todo el dolor ocasionado por aquellos episodios de represión lo soportaron bajo la premisa de saber que estaban pagando por unos hechos que no habÃan cometido. «No tuvimos nada que ver con aquello, nunca planeamos volar el Valle de los CaÃdos pero aunque lo hubiéramos hecho yo no lo habrÃa lamentado», reconoce De la Nava. Con Antonio MartÃn Bellido, el verdadero autor del artefacto que estalló en la tumba de Cuelgamuros, mantuvieron una estrecha relación. Incluso uno de ellos, Francisco Sánchez, ya fallecido, acudió con él y con Denais al Tribunal Supremo para revisar y eliminar su condena, pero su petición fue rechazada en 2006.
«Hace poco nos reunimos con él [con Antonio MartÃn] en la sede de la CNT, en Tirso de Molina», puntualiza De la Nava sobre un encuentro en el que también estaba la persona que los delató y que, con el tiempo, acabó en puestos de relevancia del gobierno socialista. «El que nos entregó llegó a ocupar un cargo en el gobierno de Felipe González, que le protegió», revela Salas. «Fue un espÃa de los servicios de información de Carrero Blanco y luego pasó a serlo de Felipe González y a las órdenes de Corcuera», remacha De la Nava.
Además de Sánchez Ruano, el resto del grupo también ha tratado de eliminar las condenas que tanto daño les causaron en su etapa laboral. «Paquita encontró trabajo en MichelÃn porque hablaba muy bien francés y era un requisito que pedÃan. Llevaba uno o dos dÃas trabajando y la llamaron de la dirección para decirle que, por causas ajenas a la empresa, tenÃan que despedirla», relata Mateo. «A mà me despidieron de Teléfonica y de la petroquÃmica de Tarragona», deplora Lucio.
Hasta la fecha, lo único que han logrado es una carta del que fuera ministro socialista de Justicia Francisco Caamaño afirmando que «lamentan» lo ocurrido y que se trató de un juicio «ilegal e ilegÃtimo».
«No tenemos ningún rencor, pero es difÃcil olvidar el daño. Sólo quiero que se haga justicia y que pasen por un tribunal todos los que intervinieron en aquello», resume De la Nava a la vez que avanza que tanto él como sus compañeros seguirán «luchando por las libertades» y porque se conozca «toda la verdad».