El cumplimiento de los compromisos económicos por parte de la administración autonómica, y la política de exhumaciones

 

 

CECILIO GORDILLO / 29 May 2015

No es que sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la épica. Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas administrativas están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota. No total porque la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la esperanza: tras la resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el paso adelante, la ofensiva civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a centrarnos en dos: el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de las administraciones, en este caso la autonómica, y la política de exhumaciones.

RÉQUIEM POR LAS AYUDAS DE 2013 Y 2014

Cercano a que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la subvención del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace meses y adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de ‘Todos (…) los Nombres’, pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por lo menos eso parece.

Aún más problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que, cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la superioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo —siempre en voz baja y con sordina— que los problemas burocráticos se habían solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían efectivas las cantidades.

Esto fue lo que nos dijo Javier Giráldez, director general de Memoria Histórica -preferimos este nombre que deja claro a qué nos referimos, frente al más ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión que este Grupo mantuvo con él cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno de la Junta que llevó a la convocatoria de elecciones del pasado mes de marzo. Una situación provisional que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará por algunas semanas más.

YO, EL GOBIERNO; TÚ, EL PUEBLO

Entramos en un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En un mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los formales, la confusión entre administración y gobierno es completa. Tanta, que se identifica la primera con los intereses del segundo y, mientras que no lo sean, todo es ‘provisional’. Evidentemente las opciones políticas son las que deciden la orientación de la administración. Pero también lo es que, en un Estado homologable a las democracias occidentales, debe ser historia la época de las cesantías y la parálisis de la vida social, que siempre es más amplia que la gubernamental

Sin embargo la ‘provisionalidad’, en lo que respecta a la Memoria Histórica, es el instrumento que pone de manifiesto que los partidos políticos, incluso aquellos que se dicen de ‘izquierdas’, la consideran una cuestión de segundo orden. Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron fue por el empuje del movimiento asociativo, en el que participaban muchos de sus afiliados, que ponía a los partidos políticos contra la pared.

HOY NO, MAÑANA

Los años setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad, los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en treinta años.

La existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a despertar urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales partidos políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por las malas. En última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el registro e inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y autoproclamarse (a modo de sindicato) “más representativas”.

Así, en Andalucía, precisamente este año se ha cumplido (enero) la década de lo que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo que estaba haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este cumpleaños fuera un buen momento para que se iniciara la buena práctica de elaborar un balance público de la actividad realizada. Ni siquiera tiene que ser anual, podría ser cuatrienal por eso de los tiempos electorales. Bueno, si se mantienen. Sería un avance ya que hasta hoy, tras el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco políticos, ninguno ha considerado necesario hacerlo. También es verdad que nadie, ni en el Parlamento ni en la calle, ha pedido explicaciones por este hecho.

MI MAPA, MI MAPA

La consecuencia ha sido que años después de ordenar la elaboración de un mapa de fosas y, tras pasar también un largo espacio de tiempo antes de ser hecho público en la web de la consejería pertinente, no ha experimentado ninguna modificación a pesar de las decenas de intervenciones realizadas en fosas desde entonces. Vergüenza debe dar tal actuación, que pone de manifiesto que, cuando la comisión de la ONU visitó estas tierras, los responsables mintieron asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos, malamente, hay que reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es decir, aprovechando una necesidad, lo que en realidad se pretendía era mantener «distraídas» a las asociaciones en una faena que sobrepasaba su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.

Podemos poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares de memoria», un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés Cultural y, además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y monolitos. Bueno, pues si hay alguien interesado en conocer el catálogo actual completo o su localización por provincias o localidades, se llevará un gran chasco. Simplemente no existe. Ni en papel ni digital.  Otro caso, desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de los «tejedores de memoria». ¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes saben cuántos son y sus nombres?

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Hoy, quince años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando, por supuesto, contadas excepciones. La RMH es una cuestión de segundo o tercer orden en los programas electorales. Se le dedican unas cuantas líneas y se silencia en las intervenciones públicas. Renacen las viejas prácticas de las buenas palabras y ningún hecho. Una música que no es nueva. Lleva muchos años tocándose.

Así que ¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Que cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.

¿La del 2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se resolverá…

Más difícil es lo del 2015. ¿Que están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha habido que ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de los fachas del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de la maldad de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables! En esas estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento, parece que ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda

Mientras, no hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos en la siguiente entrega de este texto con un ejemplo sobre la cuestión de las exhumaciones.

YO EXHUMO, TÚ EXHUMAS, ¿ALGUIEN EXHUMA?

Las exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a asociaciones, familiares, partidos y administraciones

Las intervenciones en cementerios, campos y cunetas fueron una tarea asumida por familiares y, después, las asociaciones formadas por ellos ante la inacción de la administración democrática en todas sus facetas: gubernativa, legislativa y judicial.

Un tema, sensible por muchas cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los instrumentos y medidas que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y arqueológico por encontrarse en «tiempo muerto» (con perdón), fueron las propias leyes mortuorias existentes las que permitieron y deben seguir de momento permitiendo la intervención: básicamente la autorización del propietario del terreno en donde se encuentren los restos.

Por supuesto que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que recoja todas las variantes de una exhumación de este estilo. Contamos con varios de ellos, tanto locales, regionales y nacionales como internacionales. De momento, a tenor con la experiencia acumulada, en Andalucía podemos encontrar ejemplos afortunados y desafortunados, independientemente del protagonista de la iniciativa. Sean familiares, asociaciones o administraciones. Así que no se pueden cargar las culpas en unos u otros como a veces se ha querido argumentar.

TEORÍA DE LA JUSTICIA

Pero a medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las primeras, por el cada vez mayor protagonismo de la administración.

Una actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convencimiento, por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado por ellas. Ingenuos que somos.

Sin embargo, pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un instrumento más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo más de la histórica, por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de las estructuras partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad que unas dicen representar y otras administrar. Como si el partido encargado de la administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y, por supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que nunca, no es real, ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal, su concepto debe ser un poco más ancho.

LA PROPIEDAD, LA FAMILIA Y EL ESTADO

Así que paulatinamente se ha ido reduciendo por la vía de los hechos la posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones propuestas por asociaciones y familiares. Se las ha ido arrinconando a pesar de declaraciones e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que esta autonomía gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no deseamos que se tenga que repetir, donde miembros de una asociación se han tenido que poner en huelga de hambre ante el intento de desplazar a los familiares al grito de “¡los muertos son de todos!”, que parecía querer decir que son de todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si tan esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por irredentos derechistas fachas.

Entre deseos y propuestas de exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un cada vez más espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo tiene.

Por ejemplo, podría poner a disposición pública los informes de las exhumaciones realizadas, así como del cumplimiento de los plazos de las subvenciones dadas. Y, en fin, de todos los trabajos resultantes de dichas subvenciones. Lo decimos porque nosotros, por no entregar el trabajo en el plazo previsto una investigación y su publicación, sufrimos una sanción. Por tres meses, 1.500 euros.

LO TUYO ES MÍO Y LO MÍO TAMBIÉN

Retomemos el hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los órganos competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática, y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal, o no, en la financiación. Primer permiso que debe ir acompañado de la, realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las intervenciones.

Pero no si se quiere utilizar como un arma para desplazar y reducir el espacio de actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista a la administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvenciones.

Por si no fuera poco, desde hace unos meses también se intenta convertir en indispensable, en requisito previo, la judicialización de las exhumaciones. No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más allá de las ganas de actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y juezas (no vayan a pensar que no somos políticamente correctos), lo cierto es que en todos los casos han coincidido en que no hace falta ninguna resolución judicial para realizar la exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el requerido, veinticinco años. Otra cosa es su consideración como crimen de lesa humanidad y los plazos que significa.

NO SOLO DE DENUNCIAR VIVE EL HOMBRE

Judicializar las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace quince años. Nosotros estamos entre quienes creemos que intervenir en las fosas no va necesariamente acompañado de la destrucción de pruebas de los crímenes del franquismo. Que la elaboración por arqueólogos y antropólogos forenses de sus informes mantiene la prueba testimonial. Que se puede denunciar ante el juzgado pero que la resolución de este, hasta ahora siempre archivar, independientemente de que se pueda recurrir a algún considerando favorable, no puede significar la paralización de la exhumación.

Utilizar este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con los sentimientos que no tiene ninguna justificación más que el interés de quienes administran a la administración. A sus componendas, tiempos y objetivos. Es decir, utilizar la administración de lo público en interés privado. Porque se sabe que resolver estas cuestiones no es una prioridad para los jueces. Como tampoco la justicia destaca por su rapidez resolutoria.

Hemos demostrado durante años que verdad, justicia y reparación son nuestros objetivos. Pero no son unas palabras vacías que se utilizan grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay que decirle a un familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que más lo es el titular o el camino, que se le supone bienintencionado, de ligar memoria histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van despacio.

(*) Texto elaborado colectivamente por el grupo de trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» (RMHSA de CGT.A)

http://www.andalucesdiario.es/politica/sobre-exhumaciones-subvenciones-y-electoralista/