Limpiar Córdoba de sÃmbolos franquistas
Las asociaciones memorialistas reclaman la eliminación de todos los vestigios de la dictadura
IRINA MARZO
Las asociaciones memorialistas de Córdoba recibieron ayer con esperanza y cautela la noticia de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Un proceso que comenzó hace ya más de dos años con encuentros comarcales y provinciales, que culminaron en una asamblea regional celebrada precisamente en la Facultad de FilosofÃa y Letras de Córdoba.
No en vano, el artÃfice del texto, el entonces director general de la memoria democrática y presidente del Foro por la Memoria, Luis Naranjo (IU), es cordobés. Desde este foro reclamaron ayer al Gobierno andaluz que aplique la ley, para que «no acabe en un cajón» o derogada de facto como la de Zapatero. Además piden la retirada de toda la simbologÃa franquista en Córdoba (incluida la del nomenclátor), que la antigua cárcel de Fátima se dedique al recuerdo de las vÃctimas y que el Ayuntamiento haga suyos los senderos de la memoria.
Desde la Plataforma para la Comisión de la Verdad, Florentina RodrÃguez pide que la Junta dote la norma económicamente y que su aplicación dependa de la ConsejerÃa de Justicia y no de Cultura: «Somos vÃctimas, no restos arqueológicos», dijo ayer en la Cadena Ser .
También se pronunció al respecto el primer teniente de alcalde, Pedro GarcÃa, quien afirmó que el Consistorio debe «a iniciativa propia retirar urgentemente todos los sÃmbolos que tengan que ver con una de las dictaduras más crueles de la historia de la humanidad». Precisamente mañana, el abogado madrileño Eduardo Ranz volverá a pedir al Ayuntamiento la retirada de la simbologÃa franquista. Ya lo hizo en abril, pero no recibió respuesta por parte del PP, por lo que confÃa en que el actual Gobierno local sea más permeable a sus peticiones.
En concreto, Ranz –que ha presentado solicitudes a 40 ayuntamientos españoles– pide la retirada «por dignidad y legalidad» de la cruz de los caÃdos de Vallellano, de las placas con el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda y una placa en la Mezquita que recuerda a los caÃdos «por Cristo en la persecución religiosa».
De manera paralela a la vÃa administrativa, Ranz denunció por lo penal a 24 obispados, incluido el de Córdoba, por un delito contra la independencia del Estado, que no prosperó. En unas alegaciones canónicas, el obispo de Córdoba negó que existiese exaltación de la dictadura en la mencionada placa, por lo que Ranz ha recurrido al Papa ésta y el resto de alegaciones que los obispos no han contestado (todos salvo el obispo de Segovia, que se ha comprometido a eliminar los sÃmbolos).